septiembre 18, 2020 7:42 AM

El rostro femenino de la pobreza

trabajadora indígena

Las mujeres mexicanas enfrentan dificultades que no enfrentamos los hombres. Esto origina problemas específicos de pobreza femenina que deben resolverse atendiendo a su condición especial de género.

La solución implica reformar el gobierno y el funcionamiento de las familias.

Lea: La desigualdad del ingreso de las mujeres sinaloenses https://bit.ly/3claWCV

La desigualdad de oportunidades y apoyos se refleja, por ejemplo, en que mientras los hombres no indígenas de las zonas urbanas presentan un porcentaje de pobreza del 35 por ciento, las mujeres indígenas de la zona rural registran un porcentaje del 84 por ciento.

Todavía más, la pobreza en el país disminuyó en 2.5 puntos porcentuales de 20008 a 2018, pero la pobreza de estas mujeres indígenas rurales aumentó 1.3 en el mismo periodo.

En México, el rol que se asigna a la mujer de ser la responsable del cuidado de los niños, adultos mayores y enfermos deriva en su exclusión económica.

Las mujeres dedicaban, en 2016, 13 horas a la semana más, que los hombres, para cuidar de algún miembro de la familia.

A ello se suma que no existe un sistema público de cuidado infantil, de adultos mayores y enfermos.

En 2020, nacionalmente solo el 17 por ciento de las personas con hijos menores de 6 años tienen la prestación laboral de acceder una estancia infantil, al tiempo que, en el estado, el porcentaje es de 28 por ciento.

Esta es una causa de pobreza para las familias, sobre todo cuando la responsable de su manutención es una mujer.

Las mujeres deben aceptar empleos y actividades informales, sin prestaciones y de medio tiempo porque les permiten hacer, también, las funciones de cuidado familiar.

Por cada 100 hombres que tienen seguridad social como prestación solo hay 49 mujeres.

Está exclusión por género se acentúa cuando las personas viven en comunidades aisladas, sin infraestructura productiva pública y de habla indígena.

En 2016, el 38 por ciento de la población femenina no había concluido los estudios que correspondían a su generación pero en las mujeres indígenas de la zona rural esa proporción fue del 80 por ciento.

Así mismo, el 6 por ciento de la población femenina habitaba una vivienda sin el servicio de agua entubada o donde se cocinaba con leña sin contar con una salida al humo para evitar que se afectara sus pulmones pero en las mujeres indígenas de la zona rural ese porcentaje fue de 75 por ciento.

Para ser eficientes en el combate a la pobreza, los programas sociales deben orientarse hacia las regiones y sectores que presentan mayor carencia.

En ese sentido, estatalmente, este año se han incluido preferencias de género en las reglas de operación de algunos programas.

Sin embargo, a nivel federal se han desaparecido las becas de mayor monto para las jovencitas que cursan la secundaria y la construcción de recamaras para familias con hijas adolescentes que procuraban abatir el hacinamiento como condición favorable a la violencia intrafamiliar.

Los apoyos universales pueden ser inequitativos cuando entregan lo mismo a quienes están en situación muy desigual.

Subrayadamente, las mujeres indígenas de la zona rural deben tener preferencia y no recibir lo mismo que los demás. Es poco efectivo y justo que una adulta mayor sin agua en su vivienda reciba mil 225 pesos igual que un adulto mayor de una colonia urbana de ingresos económico muy altos.

De la misma forma es necesario que la forma de acceder a los programas de gobierno se facilite especialmente a las mujeres en situación de pobreza. Es muy difícil para ellas ir a una oficina o hacer trámites pues tienen que quienes realizar dobles jornadas, habitan en lugares aislados o tienen un rol familiar que les impide salir a cualquier hora.

No es casual que los indicadores de pobreza femenina rural no estén disminuyendo. La razón es que las instituciones sociales no son las adecuadas y que los roles familiares son injustos.

Es el momento para que todas las visiones políticas y sociales construyamos un plan estatal para transformar definitivamente la vida de las mujeres, integrado con compromisos precisos: leyes, instituciones, presupuesto, programas concretos, estrategias y mecanismos de evaluación.

Asumamos que tenemos que cambiar. Todos.

Artículo publicado el 1 de marzo de 2020 en la edición 892 del semanario Ríodoce. 

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La denuncia de Emilio Lozoya

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