FEADLE excluye a políticos involucrados

El pasado 17 de febrero, un mes antes de que se cumplan tres años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, dio inicio el juicio oral en contra de Juan Carlos M. O., el Larry, sin que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) pretenda llamar a declarar a los tres políticos panistas que grabaron a la periodista y entregaron el audio a narcos, y a quienes familiares de la periodista señalan de haberla presionado para que desistiera de investigar vínculos entre políticos y narcotraficantes.

“Se probará a través de evidencias que Miroslava Breach era una periodista chihuahuense comprometida con dar a conocer la infiltración de los gobiernos municipales de Chihuahua; reveló información que afectó intereses del grupo criminal Los Salazar y como consecuencia decidieron silenciarla, primero a través de presiones políticas, luego a través de amenazas, al final a través de su asesinato”, expresó ese día Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

El Ministerio Público de la FEADLE señaló a Crispín Salazar, líder de Los Salazar, como autor intelectual del crimen de Miroslava, mientras que en la audiencia inicial del juicio contra el Larry, se le señala a este último como coautor material del crimen.

Pero el Colectivo 23 de Marzo ha cuestionado desde el inicio de la investigación, primero a cargo de la Fiscalía de Chihuahua y de la FEADLE, a partir de que retomó el caso en 2018, que se haya dejado fuera como principal móvil del crimen a la “narcopolítica”, debido a que Miroslava denunció (entre 2015 y 2017) la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado que operan en la región, principalmente el conocido como Los Salazar, Los Salazares o Gente Nueva Salazar que opera para el Cártel de Sinaloa en el municipio de Chínipas, de donde era originaria.

Durante la audiencia, una de las testigos, afirmó que en reiteradas ocasiones, buscándola en conferencias de prensa y por teléfono, los tres políticos panistas (José Luévano Rodríguez, Alfredo Piñera Guevara y Hugo Amed Shultz) le advertían a la periodista que tuviera cuidado con lo que escribía, porque podría sucederle algo a sus hijos. Sostuvo que “Miroslava llamaba a estos personajes ‘los mensajeros del narco'”, según publicó La Jornada.

Pero durante la audiencia, al menos hasta el pasado viernes (21 de febrero), la FEADLE sólo llamó a declarar a uno de los panistas señalados.

“En la estrategia de la Fiscalía no está contemplado convocar a los testigos con identidad reservada ‘Casio’ y ‘Bobi’. El primero, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Chihuahua, grabó a escondidas, en mayo de 2016, una llamada en la que Miroslava decía que ella era la fuente de información del reportaje en el que reveló que el candidato priista a presidente municipal de Chínipas en las elecciones de 2016 fue impuesto por el grupo criminal Los Salazar”, señaló el Colectivo 23 de Marzo.

“El segundo, ‘Bobi’, expresidente de esa municipalidad serrana, a quien la periodista señaló en una columna (25 de noviembre de 2016) como ‘emisario del narco’, aceptó en su primera declaración (2017) haber entregado el audio a ‘la gente’ del hoy detenido, apodado el Larry, quien controla el municipio para Los Salazar, la familia ligada al Cártel de Sinaloa”.

Dicho audio fue encontrado en 2017 en una laptop Vaio negra, asegurada en la vivienda de Wilberth Jaciel Vega Villa, actualmente prófugo, y quien presuntamente trasladó a Andrés Zavala, el sicario que le disparó a Miroslava y quien fue asesinado en diciembre de ese año.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, “Sol” un testigo con identidad reservada, quien era presidente del PAN y jefe de “Casio” cuando Miroslava fue grabada, rindió su declaración el pasado jueves 20.

Dijo que “Boby” lo buscó entonces para decirle que un “un grupo” lo estaba presionando y haciendo cuestionamientos de unas notas publicadas por Miroslava Breach, por lo que “Sol” le sugirió “que tenía que aclarar ese asunto, que tenía que ver a las autoridades”. Eso llevó a que el PAN emitiera a nombre del alcalde un comunicado.

“Sol” también se desempeñó como secretario particular del entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuando la periodista fue asesinada.

“Cuando el testigo fue cuestionado por el diálogo con el presidente municipal ‘Boby’, no aclaró quién podría haber presionado al alcalde o por qué. Dijo desconocer el contenido de la llamada y la identidad de los hostigadores”, menciona el Colectivo.

“La Fiscalía y la defensa no le preguntaron por el historial de Hugo Schultz, ex presidente municipal de Chínipas; por los señalamientos que Miroslava hizo en sus columnas; de las afirmaciones de los testigos “Mila”, “Uno” y “Silver” (familiares de Miroslava), de que el presidente municipal de su partido amenazaba a Miroslava, y tampoco sobre los señalamientos que se vertieron en su contra de amedrentar a la periodista, o por el comunicado con el que el PAN auxilió a ‘Bobi'”, señaló el Colectivo.

Actualmente “Casio” es asesor del coordinador de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua y, según notas informativas locales, “Bobi” iba a postularse como presidente del comité municipal del PAN en Chínipas.

Miroslava, corresponsal de La Jornada, fue asesinada en la ciudad de Chihuahua a las 6:50 horas el 23 de marzo de 2017, afuera de su casa, mientras esperaba a su hijo dentro de su camioneta para llevarlo a la escuela.

Dos días después del asesinato, el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, amigo de Miroslava, dijo que la principal línea de investigación sería la “narcopolítica” y que la indagatoria sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes de periodistas, pero el 25 de diciembre de ese mismo año señaló como el autor intelectual del crimen a Juan Carlos Moreno Ochoa, el Larry, presentado como lugarteniente de Los Salazar en Chínipas, y el único detenido en el caso.

“(La investigación) no puede ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública”, señaló el colectivo al cumplirse dos años del crimen de Miroslava.

“Los expedientes del caso también dejan ver que la relación entre las publicaciones de la periodista y las amenazas que recibió como respuesta no abrieron nuevas líneas de investigación. Los señalamientos que Miroslava hizo en sus notas no se han traducido en preguntas en los interrogatorios a los personajes aludidos”.