abril 10, 2020 4:18 am

El dilema de Lozoya: quebrar el silencio o ser un mártir del viejo régimen

Emilio Lozoya

El reloj en la vida de Emilio Lozoya Austin se ha detenido. Su estancia en una prisión española, en espera del juicio de extradición a México —acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal—, determinará si la gruesa capa de impunidad que ha cubierto al país terminará por rasgarse, o si el poder del sistema de corrupción obligará al exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a asumir las culpas en lo individual, a sacrificarse y convertirse en un mártir del viejo régimen.

La imagen que ha corrido en los últimos días —esposado mientras es llevado a prisión— no era un escenario diseñado para un hombre como él. Cómo iba a saber Emilio Lozoya, ese joven y sofisticado economista, formado en las aulas de las prestigiadas universidades ITAM y Harvard, que la denuncia del propietario de un servicio de lavado de autos en Brasil lo llevaría a una espiral descendente que parece incontenible.

Era marzo de 2014. En la capital de Brasil, Brasilia, se ponía en marcha la Operación Lava Jato —la mayor investigación de corrupción en la historia de ese país— y el entonces director general de Pemex tenía motivos para sonreír y ver con optimismo su futuro: era miembro distinguido del grupo que dos años antes había alcanzado la cúspide del poder en México con la llegada del presidente priista Enrique Peña Nieto (EPN).

Tenía al menos dos razones para su euforia. La primera: apenas un par de meses antes, en enero de ese 2014, Lozoya anunció que, por instrucciones de EPN, Pemex había concretado la compra de Agro Nitrogenados, una planta productora de fertilizantes, lo que marcaba el arranque para recuperar la soberanía alimentaria del país.

A la compra y rehabilitación de esa planta, que resultó ser chatarra pura, se destinaron 475 millones de dólares, un valor mucho más alto del que indicaban las auditorías.

La segunda razón: un mes antes, Pemex también firmó un contrato de 115 millones de dólares con Odebrecht, la constructora brasileña que había perfeccionado un modelo de corrupción corporativa mediante el cual ganó el favor de los dirigentes de casi toda Latinoamérica, para hacer trabajos de renovación en la refinería de Tula, Hidalgo.

Los reportajes de Quinto Elemento Lab muestran que, de acuerdo con los testimonios jurados de tres de los más altos ejecutivos de Odebrecht que existen en las instancias judiciales de Brasil, Lozoya recibió de Odebrecht al menos 10 millones de dólares como “propinas”.

La operación para comprar la planta chatarra habría producido un beneficio similar: Altos Hornos, la empresa que vendió la planta a la petrolera del Estado, realizó tres transferencias por un total de 3.7 millones de dólares a una empresa offshore de Odebrecht —la misma que hizo el pago de las “propinas” a Lozoya—, cuya única actividad era distribuir los sobornos en América Latina.

La situación de Lozoya podría complicarse más porque en la fila de pendientes se encuentra el tema de la constructora española OHL, una de las favoritas del gobierno de EPN. Podría ser clave para ayudar a exponer las entrañas del sistema de corrupción que se apropió de la riqueza de la nación en ese sexenio.

Desde el gobierno del Estado de México, Peña Nieto intervino para entregarle contratos de construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario. Cuando llegó a la presidencia, las asignaciones se multiplicaron, principalmente a través de Pemex y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Solo de 2013 a mediados de 2015, la petrolera firmó siete contratos con OHL por un valor aproximado de 41 mil 600 millones de pesos. Antes de la llegada de EPN al poder, OHL jamás había logrado un contrato con Pemex. Hasta septiembre de 2012, antes de formar parte del gabinete de EPN, Lozoya era integrante del consejo de administración de la firma española. Quizá por ello no mostró mayor conflicto al entregar tantos contratos a su antiguo patrón.

Aunque tampoco en la presidencia de la República mostraban mucha preocupación por las practicas éticas, a alguien de esa oficina le produjo cierta “inquietud” esa situación, como revela un correo interno del cual recibió copia Emilio Lozoya.

En el texto del mail —hasta ahora inédito— se comenta que, dado que se lanzará un cambio de imagen de Pemex, desde la oficina presidencial han pedido que se respondan tres preguntas. Una de ellas era clave. “Dado que Emilio Lozoya fue empleado de OHL, ¿qué medidas se toman para evitar que exista un conflicto de interés en la contratación de esta empresa o en la asignación de proyectos?”.

El correo iba dirigido al titular de la Unidad de Control Interno. El chiste se cuenta solo: qué medidas podían tomar si el vínculo con OHL era mostrado con orgullo y el propio director de Pemex era el encargado de inclinar los dados en favor de ella.

Es muy temprano para saber si el abogado de Lozoya, Javier Coello, sólo fanfarronea cuando en entrevistas dice una y otra vez que su cliente “no se mandaba solo”. Parece amenazar a Peña Nieto y a Luis Videgaray, el ex secretario de Hacienda —superior jerárquico de Lozoya en la campaña presidencial de EPN y en el gabinete—, con revelar su implicación directa en los hechos de corrupción. Pero hasta ahora sólo han sido bravatas sin contenido.

Lozoya, hijo de un secretario de Estado y nieto de un gobernador, tiene al “sistema” dentro de él. En sus genes lleva la impronta del silencio, del juramento no hablado que obliga a sus hijos a inmolarse sin hablar. ¿Será capaz de quebrar el pacto y delatar a sus hermanos de manada, o preferirá ver su nombre en la historia como un mártir del viejo régimen?

La salida a este dilema de Lozoya pasa necesariamente por la Fiscalía General de la República, obligada a mostrar en los hechos su autonomía y desenredar la madeja de la corrupción. O se suma a los esfuerzos de la sociedad para conocer la verdad y procurar que haya justicia, o repite sin decirlo el lema del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien a cada rato nos recuerda que lo suyo “no es la venganza” y que la palabra y los pactos, incluso los de impunidad a cambio de estabilidad, deben de cumplirse.

  • El autor es periodista y Asociado fundador de Quinto Elemento Lab.
  • Artículo publicada en el The Washington Post.
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RÍODOCE EDICIÓN 897
05 de abril del 2020
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