Embrollado por la idea de que  la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán,  cobra hasta por el aire que respiran los estudiantes, el rector quiso discriminarlos, pero un juez federal le ordenó que deje de hacer cobros no establecidos y de obstruirles la educación superior.

“Tenemos un audio del mismo rector, en el qué él reconoce y les dice a los afectados, que ciertamente, pues cometieron la omisión, el error de no haber establecido esos cobros previos; pero que ahí, esa universidad, así lo dice el audio, se cobra hasta el aire que respiran”, asegura José Raúl Díaz Valles, abogado de los estudiantes.

El 24 de septiembre de 2019, Ríodoce publicó que estudiantes de la UAD, campus Mazatlán, demandaron a ésta institución, porque a dos años de egresados no tenían su cédula profesional, además de que a los de Medicina pretendían cobrarles indebidamente por Internado y Servicio Social.

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Los denunciantes argumentan que dicha universidad carece de las aprobaciones que debía tener ante la Secretaría de Educación Publica y la Secretaría de Salud, pero quiere hacerle cobros que no están establecidos.

El caso fue exhibido ante el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel; el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, la Cámara de Senadores; pero todos se aventaron la pelotita.

A pesar de que el asunto central no era analizar si la calidad del aire que consumen los estudiantes de la UAD contiene el oxígeno suficiente para que la máquina de hacer dinero funcione correctamente, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) hizo un estudio tendiente a destrabar el conflicto.

“Es de reconocerse la gran capacidad que tiene el área de demandas colectivas de la PROFECO, son unos jóvenes con una capacidad profesional enorme, nosotros coadyuvamos con ello; pero somos muy insistentes con el juez, en el pedir esta el dar y ellos (los estudiantes) tienen todo para ganar”, enfatiza Díaz Valles.

José Raúl Díaz Valles, Comisionado para defensa de los derechos sociales del Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos, informó sobre el avance que significan las medidas cautelares ordenadas por el juez que lleva el juicio de demanda de acción colectiva interpuesta por alrededor de 53 estudiantes contra la Universidad Autónoma de Durango, Campus, Mazatlán.

“Las medidas cautelares ordenan de una manera muy clara al rector de la UAD, Campus Mazatlán que no los discrimine y se abstenga de generarles cobros a estos quejosos y que se abstenga de obstruirles las actividades de su educación superior”, dijo.

Dichas medidas cautelares ordenan que a los egresados de la UAD, Campus Mazatlán, que esté realizando su Internado y Servicio Social, no se les cobre, pues el propio rector reconoce que no se estableció previamente cobrarlos.

“Desde el miércoles antepasado se desechó la apelación en la cual había presentado el recurso de revocación, la rectoría la Universidad, ante el juez, tratando de desechar las medidas cautelares que el juez le había impuesto”, asevera.

Los estudiantes habían buscado alternativas de solución del conflicto, sin éxito, ante el director de la UAD, Campus Mazatlán, Sergio Adrían Ibarra Lizárraga, y el rector Martín Gerardo Soriano Sariñana, rector de la institución.

Díaz Valles sostiene que en su momento el departamento jurídico de la universidad agotó todas las instancias para objetar esos ordenamientos del juicio legal y la semana antepasada el rector convocó a los afectados para proponerles una supuesta conciliación con el objetivo de solucionar el conflicto.

Los damnificados acudieron a la UAD a atender la convocatoria del rector a pesar de que éste hacía más de un año y medio había rechazado la petición de que los cobros que no estaban bien fundados, porque no estaban establecidos, los igualara con en otros Campus, ubicados en algunas partes de país.

“Se tuvieron que agotar los recursos de demandas, amparos y demás, y él hoy en día, ya buscaba la conciliación; pero él hizo creer a los padres de familia, a los alumnos, que él iba a objetar esas medidas cautelares, que eso iba a quedar sin efecto”, critica.

El litigante asegura que el rector buscaba enredar a los alumnos con argumentos falaces, porque desde antes el juez federal había revocado la última instancia que la UAD tenía para desvirtuar las medidas cautelares.

“El rector ha buscado un sinfín de argumentos, los ha invitado a que se desistan de la demanda, pero ellos ya le hicieron saber, que están firmes y van hasta la última instancia, apegados a derecho hasta que se dicte sentencia”, afirma.

“La demanda no nada más insiste en que no te pago internado ni el servicio social, se le está demandando al rector desde un principio, por haber generado una daño moral en la educación superior que es un proyecto de vida”, comenta.

Artículo publicado el 16 de febrero de 2020 en la edición 890 del semanario Ríodoce.