Insisten en suspender proceso penal y Jueza reitera que no

Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Mario López Valdez insistieron en suspender el proceso penal en su contra y la Jueza de Control reiteró la negativa.

Los involucrados son el ex Secretario Armando Villarreal Ibarra, el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

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Los tres están acusados de desviar 260 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a cuentas estatales.

El 29 de enero ya habían solicitado la suspensión y fue negada por la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada; y el viernes pasado (8 de febrero) de nueva cuenta la solicitaron y otra vez se las negó la misma Jueza.

Los abogados insistieron en la misma propuesta pagar 2 millones de pesos como reparación del daño y ofrecer una disculpa pública.

Por primera vez desde que inició el proceso, Villarreal Ibarra pidió la palabra durante la audiencia y dijo a la Jueza: “se lo digo con toda honestidad y viéndola a los ojos, que ese dinero ninguno de los imputados se lo llevó a casa”.

“Esta cantidad (2 millones de pesos) es menos del 1 por ciento del dinero que se aplicó, no sabemos en qué, no se estableció la ruta del destino del dinero”, señaló la Jueza durante la audiencia.

Los abogados, de Armando Villarreal, Jesús Ernesto López Benítez; y de Ernesto Herrera Félix, Rafael Trejo, insistieron que se cumplían los requisitos para aprobar la suspensión y que además Gobierno del Estado como ofendido estaba de acuerdo con el plan de reparación del daño.

En la audiencia de enero, la Jueza dijo que la suspensión no procedía porque uno de los requisitos es que la media aritmética de la pena del delito no supere los cinco años y en este caso el delito de ejercicio indebido del servicio público por el que están acusados está agravado y la supera.

El defensor, Rafael Trejo, señaló que de acuerdo con el Código Penal, establecer las penas es facultad de un Juez de Enjuiciamiento al dictar sentencia en un juicio y este caso está en etapa intermedia y ella era Jueza de Control.

La Jueza preguntó al Ministerio Público, Librado Romero, si había solicitado auto de vinculación y presentado acusación por delito agravado y respondió con otra cosa por lo que la Jueza insistió en varias ocasiones hasta que el Fiscal dijo que sí eran por delito agravado.

“Usted pide 16 años (de cárcel en la acusación) y ahora me resulta con que no es agravado”, expresó la Jueza.

En la audiencia anterior la Jueza pidió al Fiscal y al apoderado legal de Gobierno, Ismael Carreón Ruelas, que presentaran por escrito las autorizaciones de quienes habían acordado aceptar los 2 millones de pesos como reparación del daño y preguntó si las llevaban y ambos dijeron que no.

Al Fiscal pidió llevara la autorización de la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo; y al apoderado legal, la del Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; y de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, porque fue quienes hicieron el trato con los imputados.

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El Fiscal mencionó que llevar por escrito la autorización de la Fiscal no es un requisito que establezcan las leyes y que desde que se implementó el nuevo sistema de justicia nunca se había pedido el escrito.

“En pocas palabras la Fiscal Anticorrupción no quiso dar consentimiento por escrito. Lamento que no haya sido atendido, que, admito, es solo formal no legal”, contestó.

Al apoderado legal de gobierno le dijo: “tampoco le dieron por escrito, nada más les dijeron que viniera a la audiencia”.

La Jueza consideró que este es un caso atípico porque la Auditoría Superior del Estado detectó el desvío en una auditoría pero la dejó trunca y no concluyó hasta saber dónde quedó el dinero, solo se quedó en que el dinero fue transferido a otras cuentas.

La Fiscalía, indicó, pudo investigar el destino final de los recursos pero tampoco lo hizo, incluso la Unidad de Transparencia del Gobierno estatal, hoy Secretaría, tampoco hizo nada.

“Si ese dinero se hubiera quedado en las cuentas, ¿en qué se gastó?. Si se lo apropiaron, sería peculado, pero se evitó llegar a eso y nos quedamos en el proceso. Estos casos me dan de qué pensar, ¿cuál es la verdad histórica?”, señaló.

El Ministerio Público dijo que el dinero fue usado para pagar sueldos y aguinaldos de trabajadores del estado y la Jueza cuestionó: “Lo dice porque así se lo dijeron o tiene soporte documental”.

El Fiscal respondió que hay un dictamen de una pericial contable que establece el destino del dinero.

“Nada más me están mostrando la punta del iceberg. No han demostrado que pasó con el dinero, a quiénes se destinó el dinero. En seis meses se iban a gastar 300 millones en sueldo y aguinaldos ¿de quiénes?”, cuestionó.

Para finalizar la audiencia, la Jueza explicó que están acusados de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública, y el primero de ellos es el que tiene la pena más alta que puede ser de hasta nueve años de prisión y la media aritmética es de cuatro años y medio.

Como el delito está agravado, la pena aumenta cuatro años seis meses más, por lo tanto la media supera los cinco años que marca la ley como requisito para obtener una suspensión condicional del proceso.

“Ese motivo es suficiente para que no se cumplan los requisitos. Niego la suspensión condicional del proceso en la causa que nos ocupa”, determinó.

Y abundó: no estoy tomando en cuenta que son dos delitos, solo el de la pena más alta, si aplicamos el concurso de delitos y los sumamos, la media es más alta.

Cuando la Jueza iba a cerrar la audiencia, Villarreal Ibarra pidió la palabra y dijo que ese dinero se usó en beneficio de la gente del Gobierno del Estado y no para beneficio de los imputados.

Por el momento financiero que atravesaba la administración, expresó, se tomó la decisión de usar ese dinero para pagar sueldos y aguinaldos.

Manifestó que el dinero no fue usado con fines distintos a los que estaban destinados, porque eran recursos excedentes de las cuentas productivas.

Esos recursos, aseguró, no estaban etiquetados pues eran rendimientos financieros de varios años, que estaban sin aplicarse.

Al salir del Centro de Justicia Penal, dijo a los medios de comunicación que promoverán un amparo contra la negativa de la Jueza.

“Esta situación nomás se está enrareciendo cada vez más, y esto preocupa porque la sociedad percibe que es un acto muy grave de corrupción y esto no tiene nada que ver con corrupción porque el dinero se gastó en el propio gobierno y no se benefició a ninguno de nosotros. Porqué insistir en darle más largas y confundir más a la sociedad de hechos relacionados con corrupción que no tiene nada que ver con corrupción”, dijo.

Artículo publicado el 09 de febrero de 2020 en la edición 889 del semanario Ríodoce.