marzo 28, 2020 4:34 pm

Ex funcionarios de SAyF vuelven a solicitar suspensión del proceso; Jueza la niega

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Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Mario López Valdez volvieron a solicitar la suspensión condicional del proceso penal que se sigue en su contra y de nueva cuenta fue negada por la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Los involucrados son el ex Secretario Armando Villarreal Ibarra, el ex director de la Tesorería Ernesto Herrera Félix y el ex auxiliar de la Tesorería José Carlos López Ramírez.

Los tres están acusados de desviar 260 millones de pesos, supuestamente utilizados con fines distintos a los que estaban destinados.

La semana pasada ya habían solicitado la suspensión y fue negada por la misma Jueza.

En una audiencia celebrada hoy, insistieron con la misma propuesta de pagar 2 millones de pesos como reparación del daño.

“Se lo digo con toda honestidad y viéndola a los ojos, que ese dinero ninguno de los imputados se lo llevó a casa”, expresó Armando Villarreal durante la audiencia.

El abogado, Jesús Ernesto López Benítez, reiteró que se cumplían los requisitos para aprobar la suspensión.

En la audiencia anterior, la Jueza dijo que uno de los delitos superaba la media aritmética de 5 años de prisión porque estaba agravado por lo que no procedía la suspensión.

En la audiencia de hoy, el abogado Rafael Trejo, señaló que de acuerdo con el Código Penal, establecer las penas es facultad de un Juez de Enjuiciamiento y ella era Jueza de Control.

La Jueza insistió en que el auto de formal prisión y la acusación fue por delito agravado por eso la media aritmética supera los cinco años.

La Jueza manifestó que es un caso atípico porque la Auditoria Superior del Estado detectó un desvío pero dejó la auditoria a medias y no la concluyó hasta establecer en dónde quedó ese dinero.

Además, dijo, la Fiscalía pudo investigar cuál fue el destino del dinero y tampoco lo hizo.

De seguir la ruta del dinero se sabría si quedó en las cuentas del Gobierno y en qué se gastó o si se lo apropiaron y entonces sería peculado pero se evitó llegar a eso.

El Ministerio Público dijo que el dinero fue para pagar sueldos y aguinaldo de trabajadores del estado.

Lo dice porque así se lo dijeron o tiene soporte documental, cuestionó la Jueza.

El Fiscal respondió que había un peritaje contable que establecía el destino del dinero.

“Estos casos me dan de qué pensar, cuál es la verdad histórica”, expresó.

“Esta cantidad (2 millones de pesos) es menos del 1 por ciento que se aplicó, no sabemos en dónde, no se estableció la ruta del dinero”, indicó.

En la audiencia anterior, la Jueza pidió al Fiscal y al apoderado legal del Gobierno del Estado que llevarán por escrito las autorizaciones de quienes habían hecho el acuerdo de aceptar dos millones de pesos y preguntó si las llevaban y contestaron que no.

El Ministerio Público respondió que el Código no establece que sea necesaria la autorización por escrito para una suspensión.

La Jueza dijo al Ministerio Público que lo pedía por una formalidad más que por una legalidad ya que por ser un caso de interés público en el que el agraviado indirecto es la sociedad, se debe saber quienes habían hecho el acuerdo.

Tras más de una hora de debate, la Jueza resolvió negar la suspensión.

Al salir de la audencia Villarreal Ibarra dijo que promoverán un amparo contra la negativa.

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