Los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) llegaron al Centro de Justicia Penal con el caso resuelto. Los malovistas y el Gobierno de Quirino Ordaz ya habían pactado suspender el proceso penal pero la Jueza consideró que no había condiciones legales para aprobar el acuerdo ni era moral hacerlo.
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Los imputados, son el ex Secretario, Armando Villarreal; el director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.
Por parte del Gobierno del Estado acudió como apoderado legal Ismael Carreón Ruelas.
Entre ambas partes ya había un acuerdo previo, que consistía en que los imputados pagarían 2 millones de pesos como reparación del daño para suspender el proceso que se sigue en su contra por el presunto desvío de 260 millones de pesos.
El trato se hizo entre los abogados de los acusados Ernesto López Benítez, Jesús Javier Espinoza y Rafael Trejo; y el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; también con el de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte. Estuvo la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo, como testigo.
Como parte del plan de reparación también acordaron ofrecer una disculpa pública a los ciudadanos a través del medio de comunicación de mayor circulación; y como condiciones, durante seis meses residir en un lugar determinado, acudir a firmar cada dos meses y abstenerse de viajar al extranjero.
Desde que inició la audiencia la Jueza de Control Sara Bruna Quiñónez Estrada cuestionó a las partes.
Los abogados de los imputados dijeron que se cumplían los requisitos para aprobar la suspensión condicional del proceso.
La pena por los delitos por los que están acusados, detallaron, no superan la media aritmética de 5 años de prisión como exige la ley, los imputados no han tenido una suspensión anterior y la parte afectada está de acuerdo.
El apoderado legal de Gobierno, Ismael Carreón Ruelas, señaló que no había ninguna oposición y aceptaban la propuesta.
“Analizando la propuesta para la suspensión nos encontramos de acuerdo. Por parte del Gobierno del Estado no existe oposición alguna”, expresó.
El Fiscal, Librado Romero, señaló que al no haber oposición del Gobierno Estatal, que es el ofendido, por parte de ellos tampoco había.
La Jueza preguntó al Fiscal y al apoderado legal quiénes les habían autorizado aceptar la propuesta de la defensa y respondieron que el Secretario General de Gobierno, el de Finanzas y la Fiscal Anticorrupción (los tres funcionarios quirinistas).
Entre ellos se hizo el acuerdo de pagar 2 millones de pesos para suspender el proceso penal.
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La Jueza también preguntó cómo la Fiscal y los Secretarios los habían autorizado a aceptar el acuerdo y ambos respondieron que de manera verbal y consideró que, ya que este caso se trata de un asunto de interés público, requiere de bases legales bien asentadas y debieron presentar las autorizaciones por escrito para que el público sepa quiénes hicieron y autorizaron el acuerdo.
La Juzgadora mencionó que no se cumplía con uno de los requisitos para aprobar el acuerdo, que es que la media aritmética de la pena del delito no supere los cinco años de prisión.
Explicó que uno de los delitos por los que están acusados está agravado por lo que supera la media que establece la ley.
Además, dijo, no está acreditado que el apoderado legal del Gobierno del Estado esté facultado para aceptar un acuerdo de esa naturaleza en un proceso penal.
Los abogados, dijeron que no compartían el criterio de la Jueza, ya que se cumplía con todos los requisitos.
Aseguraron que el auto de vinculación no se dictó por delito agravado, pero después de que la Juez pidió al Fiscal verificar, éste dijo que la acusación sí es por delito agravado.
Los defensores señalaron que el monto por reparación del daño que exige la Fiscalía no se ha acreditado y además no se está acusando que hicieron uso del dinero para beneficio propio, sino que fue usado con fines distintos a los que estaba destinado, como el pago de nómina.
La Jueza insistió en que no se cumplía con el requisito de la pena de cinco años.
“Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué pasó con los otros millones?. Dos millones pagados entre los tres, ¿qué pasó con el resto?. ¿Porqué 2 millones?, ¿porqué se acepta que no paguen el resto?”, cuestionó la Jueza.
El apoderado legal respondió que no se trata de un robo sino que el dinero se usó para cubrir obligaciones que tenía el estado como el pago de nómina y no tenía recursos.
“¿Porqué esta disparidad? Presentan denuncia por 300 millones de pesos y vienen con que va quedar en 2 millones”, volvió a cuestionar la Jueza.
El Fiscal reiteró lo que había dicho el apoderado legal, que la acusación no es porque hayan tomado el dinero para beneficio propio, sino que se usó con fines distintos a los que estaba destinado.
Los abogados insistieron que había un error de apreciación en la Jueza y dijeron que en la disculpa pública se explicará a la ciudadanía porqué ese pago y en que se usó el dinero.
Además, señalaron, ya se han aceptado suspensiones en otros procesos por estos delitos, en el mismo Centro de Justicia.
“No me parece moral autorizarlo (el acuerdo). Para mí estos delitos son inéditos, tengo 25 años en la labor judicial y no me había tocado uno así. Sí ya habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. Se habla de millones como si fueran pesos o feria”, expresó.
Debido a que no se reunían las condiciones, indicó, no aprobaría la suspensión condicional del proceso.
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La nueva audiencia será el 7 de febrero, en la que podrían solicitar otra vez la suspensión condicional pero con otras condiciones.
Al terminar la audiencia, el ex Secretario, Armando Villarreal, mencionó que la cifra de 2 millones de pesos la propusieron los imputados al Gobierno del Estado como el pago de una multa.
Los 260 millones de pesos, indicó, no fueron usados para beneficios de ellos sino para las necesidades del Gobierno.
“Se detecta con claridad que los recursos reasignados a otro tipo de gastos del gobierno fue para pagar precisamente obligaciones propias del gobierno y no obligaciones propias de los funcionarios o para uso personal, entonces eso es lo que nos orilla a nosotros a pedir la suspensión y aceptar una multa por haber hecho esas transferencias”, indicó.
Mencionó que “cuando nosotros hablamos de un desvío la sociedad percibe que es algo que se usó en personal para los funcionarios, aquí particularmente es una transferencia, es una reasignación de recursos a gastos que en el momento urgían más y eso fue lo que hicimos”.
Villarreal Ibarra dijo que está tranquilo y con la cara en alto porque solo se trata de una reasignación de recursos, que el titular de la SAyF está facultado para hacer.
“Uno como Secretario de Finanzas como parte responsable de las finanzas tiene las facultades, no recuerdo si la ley ha cambiado, pero en aquel entonces facultaba resignar hasta un 20 por ciento del presupuesto autorizado en el Congreso sin necesidad de tener que ir al Congreso”, aseguró.
Dijo que respeta la postura de la Jueza y espera que analice la situación para la próxima audiencia.
Artículo publicado el 02 de febrero de 2020 en la edición 888 del semanario Ríodoce.
