El gobernador Quirino Ordaz Coppel justificó que su gobierno haya aceptado el pago de 2 millones de pesos como reparación del daño de exfuncionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados del presunto desvío de 260 millones de pesos, y que ayer rechazó una jueza de control.

“Eso está ahí, lo refleja la auditoría, lo vio la auditoría. Entonces, si la ley autoriza esos esquemas, a mi juicio, el que el Estado recupere dinero es lo más importante porque históricamente no se ha recuperado dinero”, dijo.

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Durante una entrevista realizada al término de una jornada de apoyo en la sindicatura de Ocoroni, municipio de Sinaloa, el mandatario consideró que los implicados, entre los que se encuentra el extesorero, Armando Villarreal, no realizaron un daño patrimonial al desviar recursos etiquetados para un fin distinto.

“No hay daño patrimonial, hay una reorientación o reubicación de recursos que se iban a destinar para una cosa como eran fondos federales y los metieron para pagar otra, eso es lo que aparece en la sanción. Sin duda eso no se debe de hacer, es claro, pero se debe de tener una sanción en ese sentido, pero no es un daño patrimonial, no hay un daño, no es peculado, no es dinero que se hayan llevado al bolsillo”, dijo.

“Lo que es claro es que son recursos que no se los llevaron al bolsillo, es un recurso que se aplicó en el pago de aguinaldos y de fin de año”.

Reiteró que además el nuevo sistema de justicia penal permite dichos convenios.

“Es una propuesta que hicieron, yo siempre he pedido y siempre el actuar conforme a derecho, conforme a la ley. Si la ley permite eso, el nuevo sistema de justicia porque no hay un daño patrimonial como tal”, indicó.

“Lo tiene que acreditar la Fiscalía y el criterio será del juez, van a tener que acreditar y demostrar eso. Yo lo único que digo, siempre es actuar conforme a derecho y mi gobierno siempre ha actuado así y nosotros no solapamos a nadie y a nada”.

La Jueza de Control, Sara Bruna Quiñónez, negó ayer suspender el proceso penal contra exfuncionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados del presunto desvío de 260 millones de pesos y quienes ofrecieron pagar 2 millones de pesos como reparación del daño para suspender el proceso y evitar un juicio oral, acuerdo que ya había aceptado el gobierno estatal.

“¿Porqué esta disparidad? Presentan denuncia por 300 millones de pesos y aquí vienen con que va quedar en dos millones. Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué paso con los otros millones?”, expresó la jueza.

La juzgadora dijo que no le parecía moral autorizar ese acuerdo.

“Se habla de millones como si fueran pesos o feria”, manifestó.