Tres hombres fueron declarados culpables de privación de la vida y del homicidio calificado con ventaja del periodista Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur,

Murúa Manríquez, quien era director de la radio comunitaria Kashana, en Santa Rosalía, fue asesinado el 19 de enero de 2019 y su cuerpo fue hallado un día después.

De acuerdo con las indagatorias, los tres imputados, identificados como Pedro “N”, Martín “N” y Héctor “N”, privaron de la libertad a José Rafael Murúa para posteriormente asesinarlo, informó Sin Embargo.

Mediante un comunicado, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur detalló que los señalados fueron declarados culpables por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Centro de Justicia en Santa Rosalía.

La dependencia reveló que la audiencia de Individualización de Sanciones y reparación del daño se realizará los próximos días.

La organización internacional de derechos humanos Artículo 19 había informado, a través de sus redes sociales, la desaparición de Murúa Manríquez y había exigido la activación del Mecanismo federal de protección a periodistas. Sin embargo, horas después de este llamado, el periodista, de 34 años, fue encontrado muerto y con signos de violencia.

El cuerpo del periodista se localizó en el kilómetro 40 del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio, Mulegé, y “presentaba diversas perforaciones en el tórax”.

Desde el 14 de noviembre pasado, el comunicador denunció hostigamiento y amenazas en su contra, por parte del Alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista.

El joven periodista denunció, desde su cuenta de Facebook, que el 29 de octubre fue amedrentado “advirtiendo que pronto iban a asesinarme. Casualmente la información venía de la casa de uno de los funcionarios de la actual administración municipal, con puesto de coordinador”, escribió.

En la radio comunitaria Murúa Manríquez abordaba temas relacionados con Derechos Humanos, culturas alternativas, equidad de género, medio ambiente, salud sexual y reproductiva.

De acuerdo con medios locales el reportero había recibido amenazas ligadas a su labor periodística y a finales del 2016 fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México.