marzo 28, 2020 11:56 am

Dan revés a inhabilitación como funcionaria pública a Rosario Robles

rosario robles

La inhabilitación que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a Rosario Robles Berlanga para que no pudiera desempeñarse en ningún cargo del servicio público por una década quedó sin efectos, luego de que una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa le concediera a la exfuncionaria la suspensión definitiva de dicha sanción.

Este jueves, a través de un breve comunicado el bufete Hernández Barros, quien lleva la defensa de la exsecretaria de Estado, confirmó la resolución de la magistrada Rosa Edith de la Peña Adame,  titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del TFJA, en la que determinó que la inhabilitación temporal que la SFP aplicó a Robles Berlanga en septiembre del año pasado “queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo 24334/19-17-06-2”.

Lo anterior implica que la extitular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la administración pasada, no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados debido a que, “con la resolución de la Secretaría de la Función Pública se perjudicaría el derecho de la solicitante, en el ámbito personal y profesional, creando un perjuicio de difícil reparación”, señala el boletín del despacho de abogados, de acuerdo a Eje Central.

El pasado 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública que encabeza Irma Eréndira Sandoval informó que Rosario Robles había sido notificada sobre la resolución que la inhabilitaba por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la dependencia sostuvo que con esta sanción se impulsaba el principio de honradez que rige al servicio público.

Al día siguiente de que se diera a conocer la sanción de la SFP, Julio Hernández Barros, abogado de la exfuncionaria, declaró que dicha inhabilitación era “risible, desmedida e ilegal”, debido a que el único sustento de dicha sanción se basaba en una cuenta bancaria de 2007, que no fue abierta a nombre de Robles Berlanga, por la cantidad de 2 mil 800 y que en todo ese tiempo no registró ningún movimiento, por lo que el banco donde se abrió informó a la Función Pública que la canceló y el monto se envió a la cuenta concentradora de la exfuncionaria.

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