En 2019 hubo un subejercicio de 120 millones de pesos que el Congreso del Estado había etiquetado para atender las demandas de los comuneros de Santa María, pero al día de hoy nadie sabe dónde quedó ese recurso, señaló Graciela Domínguez.

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La diputada por Morena, y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo) expuso que ese recurso pudo haberse utilizado para hacer un nuevo pueblo o pagar indemnizaciones a los comuneros, pero no ocurrió una cosa ni la otra.

“Lamentablemente ese recurso no se utilizó y en este año, lo más que pudimos, en acuerdos que llegamos con el gobierno del estado, fue etiquetar al menos 80 millones de pesos”, indicó.

Con ese recurso se buscará que se atiendan las peticiones como debe de ser, agregó, “sabemos que se va a ocupar muchísimo más dinero que esto, pero lo que buscamos es que finalmente la obligación legal que hay de la autoridad estatal se cumpla”.

Y si los 80 millones de pesos son insuficientes, pues la ley misma obligará al gobierno del estado a orientar más recursos para que se puedan cumplir, agregó.

La federación ha estado etiquetando recursos para la obra porque es su obligación de acuerdo a los convenios, dijo, pero en el caso de todas las demandas que implica mover a la comunidad, tiene que ser el gobierno del estado quien las atienda.

—¿Qué pasó con esos 120 millones de pesos que cayeron en subejercicio?

—Pues no se ejercieron

—¿En qué se gastaron?

—Seguramente lo ejercieron en otras cosas en el gobierno del estado, estuvimos haciendo el último intento los últimos días de diciembre para que se pudiera utilizar para anticipos en las indemnizaciones que todavía les deben

Pero tampoco se logró avanzar en esa parte, dijo, porque todavía no existe un avalúo hecho por el Indabin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales), que es lo que la ley establece.

Graciela Domínguez, originaria de la sindicatura de Chametla, Rosario, ha sido enlace en las mesas de negociación en las que le da la razón a los comuneros de tener el derecho de ampararse para proteger sus derechos, al mismo tiempo que asegura que los afectados no se oponen a la realización de la obra.

“El gobierno del estado reconoce que no se ha cumplido, y lo que buscamos es que  esa voluntad política que ha manifestado tener, se traduzca en hechos”, indicó.

Se espera que Joel Bouciéguez, sub secretario de gobierno, convoque a reunión para reanudar las mesas de trabajo con los comuneros, indicó.

Con relación a la postura de los comuneros de no viajar más a la capital de estado por el desgaste económico que eso representa para quienes  tienen  que bajar de la sierra, por lo que piden que dichas reuniones se hagan en su comunidad, la diputada les dio la razón.

“Aquí quien tiene qué definir si es su prioridad o no, es el gobierno del estado; si el estado  tiene un  interés en que esa obra avance, tendrá que buscar la forma de resolverle a los comuneros, tienen razón los comuneros, ellos ya se ha trasladado muchas veces a Culiacán y no se ha cristalizado en resultados esas reuniones”, asentó.

El gobierno estatal tiene que subir a Santa María o a Rosario o donde se les facilite a los comuneros, pero lo importante es avanzar, dijo.

Con relación a la viabilidad de que se negocie con base a 700 millones de pesos, dijo que los comuneros saben que debe de haber un avalúo del Indabi como lo establece la ley y será con lo que éste arroje que se negociará.

El problema es que el gobierno estatal ni siquiera había solicitado esos avalúos.

La advertencia de Quirino

Hay mucha gente que busca sacar ‘raja’, como ocurrió con la presa Picachos, “y eso no lo vamos a permitir, al menos yo, como gobernador, no estaría dispuesto a pagar dinero de la gente en volver a pagar, repagar y volver a pagar lo mismo, tiene que haber un buen acuerdo”, advirtió Quirino Ordaz Coppel.

Acotó que como gobernador tiene disposición de que esta obra se haga por lo que implica para el desarrollo, pero no a costa del dinero de la gente.

Durante su primera gira por el municipio de Rosario, Ordaz Coppel recapituló el problema que generó el pago por las tierras a los comuneros de la presa Picachos, pues se pagó una y otra vez, por lo que se evitará que suceda lo mismo con la Santa María.

“Tiene ya más de un año frenada la obra y no podemos permitir eso, tenemos qué reactivar, tenemos qué liberar los compromisos y también el amparo que existe, que limita la obra”, dijo.

Dijo que buscan que el acuerdo sea justo y equilibrado “Que no caigamos en lo que sucedió con la presa Picachos, fue un verdadero abuso, fue un robo en despoblado, lo digo abiertamente, porque a mí me tocó estando como Secretario de Finanzas, nada más veía salir el dinero, se tuvo que pedir hasta un crédito porque se pagaron, se volvieron a pagar y se volvieron a pagar; hay mucho usurero, hay mucha gente que ha buscado sacar raja de esas circunstancias y eso no lo vamos a permitir”.

—¿Han identificado ustedes gente que quiera sacar tajada? Están pidiendo 700 millones de pesos

—Pues han empezado, han surgido muchas propuestas, planteamientos que no tienen sustento muchos de ellos, donde todo es dinero, por eso necesitamos ir documentando y soportando todo lo que se tenga que pagar

En recientes declaraciones, Alejandro Espinoza Barbosa, abogado de los afectados, dijo que según los avalúos de los comuneros, el monto a pagar por concepto de Bienes Distintos a la Tierra, asciende a 700 millones de pesos, monto que están dispuestos a negociar, pero ya no más en Culiacán, sino en Santa María.

Artículo publicado el 12 de enero de 2020 en la edición 885 del semanario Ríodoce.