Los comuneros de Santa María esperan tranquilamente, dijo su abogado. “Esperan allá en la sierra, con toda tranquilidad y paciencia que un día el gobierno tenga verdadera voluntad de solucionar el conflicto provocado por su incumplimiento”.
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Alejandro Espinoza Balderrama cuestionó los 80 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó el 24 de diciembre para los comuneros, dentro del presupuesto de egresos 2020. “Porque 80 millones no es nada”, dijo.
Son 39 millones de pesos menos que los asignados en 2019.
“No tenemos expectativas por la asignación de esos recursos, en 2019 les autorizó 119 millones de pesos, ¿y dónde están?”, cuestionó.
—¿No se distribuyeron?
—Absolutamente, para nada, esos 119 millones jamás se vieron; todavía ahora el 20 de diciembre nos trajeron en pláticas y nada más nos “manzanearon”, absolutamente nada sucedió. El Gobierno del Estado dice que ellos no están acostumbrados a pagar bienes distintos a la tierra y que nunca los han pagado, que en los últimos tres sexenios no se han pagado.
Los bienes distintos a la tierra son los maderables, agregó, pero la única obligación que reconoce el estado es pagar la tierra, y de acuerdo a sus actualizaciones, son 28 millones de pesos.
“Pero ellos se olvidan que la Ley Agraria les obliga a ellos los bienes distintos a la tierra que son los maderables, asciende a alrededor de 700 millones de pesos, por eso con los 80 millones presupuestados para 2020 no cumplen”, asentó.
Por su parte el gobierno se resiste a hacer su avalúo porque no le conviene, señaló.
La construcción de la presa Santa María estaba prevista para ser concluida en el 2018 se mantuvo detenida prácticamente todo el 2019, con un avance por encima del 20 por ciento, no ha logrado detonar.
Ni la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en enero 2019 logró destrabar la burocracia ni que el gobierno del estado solventara a satisfacción de los comuneros, las promesas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 2013, como la reubicación y sobre todo la indemnización completa.
Espinoza Balderrama criticó que el estado insista a través de los medios de comunicación que la indemnización es un tema resuelto, cuando la realidad es otra.
“Para ellos, esto ya está resuelto, ya pagaron, pero es solo de palabra, en el papel y medios de comunicación, porque no quieren reconocer la deuda de bienes distintos a la tierra, maderables”, expuso.
La obra que tiene proyectado beneficiar a 2 mil 551 familias, 429 mil 600 habitantes de Escuinapa y Rosario, prometió 12 mil 500 empleos directos e indirectos.
En la víspera de que concluya 2019, el abogado de los comuneros confirmó que la suspensión de la obra, ordenada por un juez en agosto, sigue vigente.
Ante esto, ni la constructora ICA ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni el gobierno estatal ni municipal podrán continuar con su construcción, sostuvo.
“El amparo sigue su proceso, la suspensión sigue vigente, ahorita estamos ampliando la demanda, ahorita, el gobierno del estado y Conagua apenas están contestando la ampliación de la demanda”, dijo.
Las contestaciones que ha hecho el gobierno del estado favorecen a los comuneros, consideró, porque admiten que no hicieron una consulta pública porque no es un a comunidad indígena, motivo por el cual se amplió la demanda en el sentido de que sí lo es.
“Lo que ellos están haciendo es una confesión expresa de que no cumplieron con la constitución y un convenio internacional que los obliga a hacer una consulta antes de iniciar el proyecto”, indicó.
Mientras más contesten más nos favorecen (gobierno del estado) porque en su mayoría son confesiones expresas en su contray todo eso es utilizado por la defensa a favor de los comuneros, aseguró.
El abogado criticó que algunos diputados locales diga que no se debe de judicializar el conflicto y prevalezca el diálogo, “pero solo nos están dando bola, es pura demagogia”.
Los 80 millones de pesos presupuestados para 2020 es lo mismo que los 119 de 2019; el gobierno del estado los mandó para otra parte, nadie sabe donde están, acotó.
“En la prensa los comuneros ya están liquidados, ya se les pagó, pero solo en la declaración”, dijo.
Mientras tanto, la obra sigue detenida desde agosto que un juez federal hizo efectivo el amparo. En este inter, detectaron que ICA estaba haciendo trabajo hormiga para terminar una parte de la obra, pero al ser detectados, los comuneros colocaron un cerco en noviembre y se aplicaron en la vigilancia, a pesar de que se les informó por parte de las autoridades que las pérdidas diarias por mantener detenida la obra es de 300 mil pesos.
Criticó que los abogados del estado hayan solicitado 15 días más para ofrecer respuestas, bajo el argumento de que sus oficinas están de vacaciones por temporada decembrina.
Es irrisorio que estén solicitando eso, más cuando el juez les está pidiendo que demuestren que ya finiquitaron a los comuneros, mencionó, deben documentarlo, es algo tan importante que no es posible que todavía pidan más tiempo.
“No han aportado nada, está por vencerse el plazo, pero avisaron al juez que como ellos están de vacaciones desde el 16 de diciembre y regresan en enero, piden que esos días no les cuenten, y la verdad eso no se le puede decir a un juez, porque eres una autoridad responsable y ante un juicio de amparo tenemos la misma igualdad procesal”, asentó.
Insistió en que no cederán ante el gobierno ni irán más a reuniones a Culiacán, ya que cualquier acuerdo y negociación que quiera hacerse, la sede deberá ser Santa María.
Artículo publicado el 05 de enero de 2020 en la edición 884 del semanario Ríodoce.
