“Es una corrupción completa, en la complicidad y en el encubrimiento al presidente municipal de Mazatlán, el Químico Benítez”, acusan los morenistas.
El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán intentó someterla a una audiencia inconstitucional y el abogado de la doctora Emma Rodríguez Choreño, denuncian que la autoridad investigadora es cómplice del alcalde.
A raíz de la desconfianza que genera la Contraloría Municipal en algunos morenistas, Emma Rodríguez Choreño, había interpuesto una denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, por presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos municipales.
“Allá hicimos la denuncia, previendo desafortunadamente que la corrupción se genera aquí en nuestro municipio y que no hay una posibilidad de respuesta legal del órgano Interno de Control del Ayuntamiento”, dijo la denunciante.
La titular de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, habría ordenado a la autoridad investigadora de la Contraloría Municipal que atendiera la denuncia.
Rodríguez Choreño, quien es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, fue citada por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento para que acudiera el 18 de diciembre, a las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en el edificio Maza-tianguis, en calles México y Teniente Azueta, en Mazatlán.
“Por los hechos denunciados del 23 de mayo de 2019, diferentes actos de corrupción de funcionarios públicos”, decía escuetamente el citatorio.
Desde que la morenista llegó a la cita acompañada de su esposo, el doctor Juan Torres y dos abogados, había señales de que era una “encerrona” donde tanto la denunciante como sus defensores serían tratados con prepotencia.
Noé Soto Leyva, representante de la autoridad investigadora, ordenó a su agente de seguridad que abriera el candado de la puerta y permitiera la entrada de Choreño Rodríguez y sus acompañantes hacia la sala del interrogatorio.
No habían pasado ni diez minutos de haber entrado a desahogar la diligencia cuando la compareciente y su comitiva salieron indignados denunciando a Noé Soto Leyva, por el trato prepotente que éste había dado a la doctora.
“Noé Soto, en una forma prepotente con aumento de tono de volumen de la voz, abusando de su autoridad me violenta no me deja hablar, en absoluto me dejó hablar y me dice que él es la autoridad y que él es el que manda, perdiendo yo todos mis derechos”, dijo Rodríguez Choreño.
La quejosa argumenta que las denuncias no son personales sino que son para el bien de la ciudadanía, por ello no sabe que pretendía la autoridad investigadora, pero ahora entiende que el Órgano Interno de Control pertenece al Ayuntamiento, y no se puede ser juez y parte.
“Pero se ve notoriamente que aquí hay corrupción, y que él (la autoridad investigadora) está supeditado a lo que diga el señor alcalde y de esta manera pues no vamos a conseguir justicia ni absolutamente nada”, lamenta.
La denunciante asegura que la autoridad investigadora pretendía enquistar el proceso para darle carpetazo, pero desafortunadamente para la Contraloría, la denuncia se genera en Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.
“También la dirección de quejas, denuncia e investigaciones del estado, abrió una carpeta de investigación para determinar la existencia de actos u omisiones que le ley de materia señala como falta administrativa”, comenta.
El abogado David Librado Díaz cuenta que la doctora fue citada a comparecer, pero como en el citatorio no especificaba sobre la denuncia y qué tipo de pruebas tenían que ofrecer, al ser interrogado Soto Leyva, empezó a gritar.
Añade que mientras su representada pedía a Soto Leyva que no gritara, el aludido, pese a que estaba violando todos los derechos, desde el de uso de la voz, de audiencia y el de tener un abogado, no se detenía.
“El señor Soto Leyva se enojó, no nos permitía hablar, decía que él era la autoridad y que indebidamente estábamos ahí como abogados, no nos dejó prácticamente elaborar la defensa, por lo que optamos por abandonar la audiencia, ya que era totalmente inconstitucional”, agrega.
Librado Díaz sostiene que las audiencias son públicas, pero no dejaron entrar ni a los reporteros ni al público, porque desde el principio fue orquestada para proteger al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
“La verdad es increíble que el Órgano Interno de Control no sepa ni desarrollar una audiencia; lo peor, que es el Ministerio Público el que investiga las faltas administrativas y después pasa al papel del juez, que es el que determina si procede o no procede”, critica.
El litigante Librado Díaz, quien fue juez, subprocurador, agente del Ministerio Público y subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hizo la analogía del caso de la doctora Emma Rodríguez Coreño, con el de la Síndica Procuradora Elsa Bojórquez Mascareño.
“Ahora ya entiendo por qué a la Síndica Procuradora (en su combate a la corrupción) le negaron todas sus peticiones, y es que no la dejaron defenderse”, critica.
Artículo publicado el 29 de diciembre de 2019 en la edición 883 del semanario Ríodoce.
