El vicepresidente de la mesa directiva de la Sexagésima Tercera legislatura Local, Juan Ramón Torres Navarro afirmó que la investigación al manejo administrativo y contable de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Citlali Ramos Carbajal, solicitada por resientes, líderes sociales y exregidores, va con todo; en tanto que Gildardo Leyva Ortega se sumó al pronunciamiento, pero los inconformes mantuvieron el litigio federal para obligar al Congreso de Sinaloa a pronunciarse en el caso tras 13 meses de “congelar” el expediente.

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El expediente que presentaron los inconformes con el gobierno de la priista se turnó a comisiones y de ahí pasará a la Auditoría Superior del Estado y a fiscalización para que se realice la revisión que los gobernados demandan, como un derecho de petición que les asiste, porque consideren que se está haciendo mal uso de los fondos públicos, dijo.

Torres Navarro consideró que por ser éste un trámite regular, el procedimiento en ocasiones no es fluido, lo que causa desespero entre los demandantes. “Comprendo y entiendo las quejas hacia nosotros, pero estamos en tiempo de ofrecer resultados a las gestiones que los ciudadanos nos exigen. Tengo contacto personal con las personas que demandaron la investigación, les pedí armas para acompañarlos en su lucha contra la corrupción, desvíos de recursos y simulación en la aplicación de los presupuestos, y ya estamos en ella”.

El diputado por el tercer distrito electoral comentó que el caso no concluirá hasta que la comunidad tenga una explicación.
Aseguró que los nuevos tiempos son de transparencia, eficiencia, cordura en el gasto público y tolerancia cero a la mentira, el engaño, la simulación, el desvío de recurso y al saqueo del tesoro municipal.

“Quien traicione al pueblo, deberá de asumir las consecuencias y pagar por lo hecho”, afirmó.

El diputado local Gildardo Leyva aseguró que el caso contra la alcaldesa Nubia Ramos va avanzando. “Le dimos el trámite que corresponde. Ya lo explicamos a los demandantes, y reitero, que éste llegará hasta las últimas consecuencias”.

El legislador aclaró que no será “tapadera” de la mala administración y que promoverá la acción en el congreso.

Norberto Soto Castillo, miembro de la comunidad, reveló que en el juicio de amparo 506/2019 en contra del Congreso del Sinaloa, el Juez Séptimo de Distrito aplazó para el 19 de enero del 2020 la audiencia constitucional porque el órgano colegiado no emitió uno de los informes solicitados con el que justifiquen las acciones emprendidas a la petición de investigación en 18 acciones concretas formuladas como quejas por un grupo de ciudadanos.

“El Congreso de Sinaloa distribuye y aprueba los presupuestos, pero tiene obligación de vigilar las asignaturas realizadas para cada administración municipal, y por tanto, debe tramitar las investigaciones cuando las premisas no se observan, y los gobernantes en turno se sirven del poder para saquear, malversar fondos y desviarlos”, dijo.

Consideró que la situación en El Fuerte es desesperante por servicios deficientes y un presupuesto mal empleado.

El presidente del Patronato Pro-Construcción Carretera a Chinobampo, Miguel Ceceña Ruelas, quien ha persistido en la demanda en contra de la alcaldesa Ramos Salazar, recordó que la denuncia de hechos fue presentada en la ahora Fiscalía General de la República y en el Congreso de Sinaloa por los regidores Carla Tatiana Torres soto, Jesús Teresa Mendivil Valdez, Jesús Alfredo Ayala, Eligio Zavala Román, Alma Rosa Hernández González, Antonio Cota González y José María Torres.

Ellos afirmaron que se han desviado más de 118 millones de pesos del presupuesto municipal en obras inconclusas y de mala calidad como la carretera a Chinobampo, Ocolome-La Chalata, la construcción del segundo arco de bienvenida, el cárcamo de agua potable en Higuera de Los Natoches, entre otras. Hasta ahora, las denuncias no han avanzado lo suficiente.

Artículo publicado el 29 de diciembre de 2019 en la edición 883 del semanario Ríodoce.