El gobierno español dio 72 horas para que los funcionarios de la Embajada de Bolivia en Madrid, Luis Quispe Condori, encargado de negocios; Marcelo Vargas Barral, agregado militar y Orso Fernando Oblitas Siles, agregado policial, abandonen el país, como respuesta al gesto “hostil del Gobierno interino de Bolivia”.

La determinación de España se da luego que este lunes el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró personas “non gratas” y expulsara de ese país a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, y a un grupo de policías españoles.

“España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”, señala el comunicado difundido el lunes por la tarde por el Gobierno español, de acuerdo al diario El País.

“España exige que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación”.

Previamente, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había justificado la decisión de su Gobierno alegando que “este grupo de representantes de los gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia”.

En una rueda de prensa en el palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que había decidido “declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntos diplomáticos encapuchados y armados.

“La conducta hostil (de estos funcionarios) intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y (a) los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”, subrayó.

Áñez aludía al incidente que se produjo el pasado viernes en la entrada de la Embajada de México en La Paz, a la que acudieron la encargada de negocios y el cónsul español, escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, por invitación de la embajadora mexicana. Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la embajada mexicana les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzó a increparles y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática. Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los GEO se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.

Las autoridades de La Paz señalaron que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la delegación diplomática mexicana a la decena de ex altos cargos del gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, al exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de terrorismo y sedición.

La canciller boliviana, Karen Longaric, envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles, en la que protestaba “enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo boliviano”; mientras que el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, denunció “la existencia de un plan internacional para desestabilizar” a su Gobierno.

España reaccionó inicialmente con sorpresa ante el incidente diplomático. Ni el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ni la ministra de Defensa, Margarita Robles, encargada interinamente de la cartera de Exteriores, tenían noticia de la visita de los dos diplomáticos españoles a la Embajada de México en La Paz. Se enteraron cuando llegó a Madrid la noticia que los GEOS estaban siendo acosados por policías y civiles, mientras que los dos funcionarios españoles no podían salir de la delegación mexicana. Por eso su reacción inicial fue emitir una escueta nota, ya en la madrugada del sábado, en la que se anunciaba la apertura de una “investigación” interna sobre lo sucedido.

Solo horas después, cuando fue tomando cuerpo en Bolivia la acusación de que la embajada española estaba implicada en una supuesta operación clandestina, Exteriores difundió un nuevo comunicado en el que aclaraba que la visita de los dos diplomáticos a la delegación mexicana “era exclusivamente de cortesía” y negaba “rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias”.

La aclaración no pareció convencer a las autoridades bolivianas. Fuentes gubernamentales españolas atribuyen la escalada a una “sobreactuación” interesada del gobierno de Áñez, que está utilizando el incidente para buscar el respaldo de la población envolviéndose en la bandera nacionalista frente a un supuesto “colonialismo español”.

La presidenta interina, que ostentaba la segunda vicepresidencia del Senado, se hizo con el poder el pasado 10 de noviembre, tras la dimisión del presidente Evo Morales por la falta de respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas y ante las graves sospechas de fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. La UE apoyó inicialmente la “solución institucional” que representaba Áñez ante el vacío de poder, pero con el compromiso de ir a unas elecciones que aún no se han convocado.

Los cuatro policías españoles cuya expulsión ha decretado ahora el gobierno boliviano, junto a otros dos más, llegaron a La Paz el 14 de noviembre, cuatro días después de la dimisión de Morales y en medio de unas protestas que dejaron un saldo de 29 muertos. Estaba previsto que los agentes regresaran a España el pasado sábado, pero el incidente del día anterior ante la embajada mexicana llevó a Interior a aplazar su vuelta.

La propia canciller boliviana ha reconocido que Robles le llamó para explicarle que desconocía la visita de los dos funcionarios españoles a la sede diplomática mexicana y que desautorizaba su iniciativa. “Me ha indicado que, además de la sorpresa que han tenido, están disgustados y lamenta que hubiese ocurrido”, aseguró, según el diario boliviano Los Tiempos. Ello no ha impedido, sin embargo, adoptar la medida más dura contra un diplomático extranjero: la expulsión del país. Una medida que ha sido inmediatamente respaldada por dirigentes de varios partidos contrarios a Morales y por periodistas y líderes de opinión.

Fuentes diplomáticas admiten que fue un error aceptar la invitación de la embajadora mexicana, como gesto de solidaridad ante el “asedio” al que su delegación está sometida desde que el Gobierno de López Obrador acogió al expresidente Evo Morales a su salida de Bolivia y dio asilo a algunos de sus principales excolaboradores en su Embajada en La Paz. Pocos días antes del incidente, México se había quejado de la “presencia excesiva” de personal de inteligencia y seguridad ante sus sedes diplomáticas y había amenazado con denunciar este “hostigamiento y asedio” ante la Corte Internacional de Justicia. Incluso ha acusado a las autoridades bolivianas de usar drones para espiarle.

La encargada de Negocios, a cargo de la delegación española por estar de vacaciones el embajador, fue autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para aceptar la invitación, pero ni la decisión se consultó a la ministra Robles ni tampoco se valoró que tanto Bolivia como México podían tener interés en implicar a España en un conflicto del que hasta ese momento habían sido únicas protagonistas.