A más tardar el 31 de diciembre el Congreso del Estado deberá decidir si presenta una revisión al amparo resuelto por el Juzgado Segundo de Circuito contra el Poder Legislativo al negarse a aprobar el matrimonio igualitario en Sinaloa.
En conferencia de prensa, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, informó que se valora en este momento si se presenta una revisión, situación que está analizando el Poder Legislativo a través de la Mesa Directiva, la cual tiene la representación jurídica.
El juicio de amparo resuelto por el Juzgado Segundo de Circuito en contra del Congreso del Estado por rechazar la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa, debe ser un primer paso para el reconocimiento de este derecho en el estado, sostuvo
“Hay una resolución favorable para quienes se ampararon ante la votación que tuvo el Congreso, el Juzgado de Distrito ha dicho que hubo una omisión legislativa y se debe legislar en la materia”, manifestó.
Domínguez Nava consideró que el resolutivo de este Juzgado de Distrito, viene a ratificar cual es el ordenamiento que nosotros como legisladores deberíamos de considerar, yo espero que los diputados de Sinaloa tomemos en cuenta esto que acaba de resolver el juzgado, y que podamos de manera muy precisa retomar este tema y avanzar para reconocer este derecho en Sinaloa”, concluyó.
La también coordinadora de Morena consideró que el resolutivo de este Juzgado de Distrito ratifica cual es el ordenamiento que los legisladores deberían considerar.
“Yo espero que los diputados de Sinaloa tomemos en cuenta esto que acaba de resolver el juzgado, y que podamos de manera muy precisa retomar este tema y avanzar para reconocer este derecho en Sinaloa”, externó.
“Ustedes conocen mi opinión sobre este tema, a mí la verdad me da mucho gusto que este haya sido el resultado, porque ratifica lo que en su momento hemos dicho. La Suprema Corte de Justicia ya resolvió que en Sinaloa se requiere legislar para que se reconozca el derecho al matrimonio igualitario, aunque no era un mandato explícito de la corte, se ha pronunciado de una manera clara en el caso de Sinaloa, donde explica que los artículos correspondientes son violatorios a este derecho”, concluyó.
