Por violentas protestas en la India gobierno suspende Internet

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En la India el gobierno suspendió temporalmente el acceso a Internet en varias ciudades del norte del país, ante  las violentas protestas contra una ley de ciudadanía que excluye a musulmanes.

Las autoridades locales en un intento por contener las protestas decretaron el toque de queda, pero las movilizaciones se han extendido por todo el país y han dejado hasta el momento cinco muertos y decenas de heridos como consecuencia de los enfrentamientos entre policías y manifestantes, informó Notimex.

Las protestas estallaron la semana pasada después de que la Cámara Alta del Parlamento aprobara una enmienda a la Ley de Ciudadanía, que busca favorecer a quienes llegaron de Afganistán, Bangladesh o Pakistán y miembros de otros países de mayoría musulmana.

El primer ministro, Narendra Modi, calificó en redes sociales este día como “histórico”, ejemplo de “la compasión y fraternidad” de su país para quienes “se han enfrentado durante un año a la persecución”.

Amit Shah, ministro del interior, ha defendido que los musulmanes que residen en el país, “no tienen motivos para preocuparse” ya que se trata de una ley que otorga y no quita ciudadanías, según declaró a los medios de prensa.

La jefa interina del Congreso y líder de la oposición, Sonia Gandhi, dijo que con la aprobación se “marca la victoria de las fuerzas de mente estrecha e intolerante sobre el pluralismo de la India”, informa The Indian Express.

P Chidambaram, veterano líder del Congreso, coincidió con que la enmienda es “insidiosa” y violatoria de lo que establece la constitución para reconocer la ciudadanía por “nacimiento, descendencia, registro, naturalización y por incorporación al territorio” y bajo persecución religiosa.

El 11 de diciembre, el gobierno de la India movilizó al ejército en el noreste para contener las protestas desarrolladas en paralelo contra la ley. Las autoridades impusieron un bloqueo de internet y ordenaron un toque de queda en la ciudad de Guwahati.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que la ley “es discriminatoria” al basarse en la religión y “suena hueca porque excluye a los ahmadiya de Pakistán y a los rohinyás de Birmania», ambos grupos perseguidos en sus países.

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