Ante los visibles actos de corrupción que hay en la obra pública, el Congreso del Estado trabaja una reforma integral que contempla la vigilancia ciudadana, favorecer a micros, pequeñas y medianas empresas y que limita el actuar de PRECASIN a tareas de mantenimiento menor, anunció la diputada Graciela Domínguez Nava.
Ello, al participar en el panel sobre “Transparencia en la Obra Pública” que realizó este fin de semana en el puerto de Mazatlán la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, que preside Ricardo García de León.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, puntualizó que el objetivo mayor es combatir la corrupción que en promedio genera sobreprecios de una tercera parte del valor real de la obra pública, y también genera tiempos de ejecución mayores a los comprometidos.
“Buscamos además garantizar que los órganos Internos de Control de cada institución tengan un padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas del procedimiento de la obra pública”.
Explicó que se quiere asegurar la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas y adjudicaciones directas de obras públicas, con independencia de la inversión que se realice en ella”.
Explicó que ello es en respuesta a una de las últimas reformas a la ley que sólo permite la presencia de testigos en obras cuya inversión rebasan los 102 millones de pesos.
Dicha reforma, dijo, “evidenció la intención de dejar fuera de la vista toda presencia incómoda, y obviamente la falta de compromisos con la transparencia”.
En lo que se refiere al caso de PRECASIN puntualizó que la idea es limitar su actuar a tareas de mantenimiento y conservación; tal como funcionaba en su origen, pero también sujetarle a mecanismos de transparencia.
En la reforma que impulsa la 63 Legislatura, dijo, se busca “garantizar que el programa anual de obra pública se contenga en la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que se presente al Congreso del Estado”.
Ahí, dijo, se debe precisar monto de inversión, lugar, origen de los recursos de la misma, así como el plazo previsto para su ejecución.
“Procuramos que las dependencias y entidades destinen por lo menos un 50 por ciento de la obra pública que se ejecute, a las micros, pequeñas y medianas empresas”.
La diputada Graciela Domínguez reconoció que en la reforma integral que se busca se ha contado con la participación activa de la AMIC Sinaloa y otros organismos de la construcción; así como de grupos promotores de la transparencia.
