Un millón 349 mil sinaloenses no tienen seguridad social. La tercera parte de la pobreza del estado se eliminaría si se resuelve esta carencia.

La solución es que se transforme el actual esquema federal que pretende garantizar este derecho, ya que excluye a campesinos, trabajadores por su cuenta y empleados del sector informal.

La seguridad social es el conjunto de mecanismos que garantizan los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias como la vejez y el embarazo (CEPAL, 2006).

No hay carencia social mayor en Sinaloa. El 45.4 por ciento de la población tiene ese problema. El porcentaje nacional es de 57.3 por ciento, 71 millones 659 mil mexicanos.

La entidad con la menor proporción de personas afectadas es Coahuila con 30.4 por ciento y la que tiene el registro más grande es Chiapas con 83.6 por ciento. Sinaloa ocupa el lugar 18 de una lista donde el menos carente es el número uno.

El 48 por ciento de la población que en nuestra entidad está asalariada o trabaja por su cuenta, no posee un Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) o no está inscrito a una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), y no tiene derecho a incapacidad laboral con goce de sueldo.

El 36 por ciento de las personas que son dependientes económicos de un empleado no tienen acceso a un servicio médico.
La causa de que una gran cantidad de sinaloenses, y de mexicanos en general no ejerzan efectivamente su derecho a la seguridad social, es que el esquema federal de seguridad social reclama que haya aportación del beneficiario, y si éste es asalariado, también del patrón.

Cuando el beneficiario trabaja por su cuenta, la posibilidad de aportar para un sistema de retiro y para un servicio médico para la familia siempre está en tensión y competencia con las necesidades de subsistencia inmediata.

Ya sea que falte conciencia de previsión o que falten recursos para hacerlo, el resultado es que miles de familias campesinas o de micro empresarios están fuera de los sistemas actuales de seguridad social.

Con igual resultado excluyente, los trabajadores asalariados del sector informal no reciben las prestaciones que les permiten una pensión por cesantía o vejez y el servicio médico para sus dependientes.

Una transformación muy importante para la calidad de vida de los mexicanos sería que el gobierno federal y el congreso sustituyeran el actual esquema contributivo por un sistema de derecho universal financiado por un impuesto especial.

La alternativa es que todos los mexicanos tengan una pensión base establecida por ley, igual o mayor que la línea de pobreza extrema, independientemente de lo que decidan o puedan ahorrar. El actual programa para adultos mayores no está fijado por ley y puede desaparecer si el gobierno decide hacerlo; por ello, no es suficiente para garantizar el acceso a la seguridad social.

De la misma forma, la ley debe asegurar la pensión por cesantía o pago ante una incapacidad laboral temporal y el servicio médico efectivo y reclamable para todos.

Junto con los derechos para todos los mexicanos debe diseñarse el esquema de obligaciones fiscales para financiar esa seguridad social universal.

Necesariamente tiene que ser un proceso paulatino que alcance la universalidad luego de varias etapas de consolidación.

Los actuales programas sociales pueden ser la base para hacer realidad el abatimiento de esta carencia. Pueden reorientarse los apoyos económicos que se dan a sectores con ingresos mayores, por ejemplo los apoyos a jubilados que ya tenían una pensión y que ésta es alta.

El esquema actual de seguridad social protege solo a los sectores que tienen un trabajo formal. Están desprotegidos los campesinos con menores ingresos, los trabajadores independientes sin capacidad de ahorro y quienes aceptan un trabajo precario, sin prestaciones.

Si seguimos con el actual estado de cosas, seguirán desprotegidas unas 400 mil familias sinaloenses, millones en todo México. Urge una transformación a nivel federal.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2019 en la edición 878 del semanario Ríodoce.