La diputada federal Merary Villegas presentó hoy un punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), para que investiguen a Rigoberto Ocampo Alcántar, subsecretario de Educación Pública de Sinaloa, por presunta discriminación al culpar a una madre por el fallecimiento de su hijo víctima de un homicidio.

“El exhorto es a consecuencia de las expresiones tan desafortunadas de este funcionario, que resulta más alarmante por ser subsecretario de la SEPyC; preocupa qué personajes que estén al frente de la educación de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa, tenga este tipo de expresiones hacia las mujeres”, dijo.

El punto de acuerdo se origina luego de la publicación de una columna del funcionario del gabinete de Quirino Ordaz Coppel, en donde cita “¿por qué una mujer que ha parido tres hijos, quizá con más de un hombre, y se separa de él o ellos, decide juntarse con otro que no tiene nada que ver con esos infantes que ella parió?”.

Esto, derivado del hecho delictivo donde un menor de 5 años falleció el 16 de noviembre a consecuencia de golpes propiciados presuntamente por la pareja de su madre. El hecho sucedió el 2 de noviembre, según la Fiscalía General del Estado, órgano que a partir de entonces abrió una carpeta de investigación.

El funcionario publicó su columna de opinión en el periódico El Debate el 20 de noviembre, y posteriormente, ayer 25 en el mismo espacio ofreció una disculpa, en donde cita “desafortunadamente, un grupo de mujeres y periodistas leyeron mi escrito como una agresión a las mujeres”.

Esto, luego de que en redes sociales se viralizara la columna del subsecretario de Educación Pública en Sinaloa donde se le tildó de misógino y de atentar contra la equidad de género, en un estado que tiene 35 feminicidios entre enero a octubre de este año, y un registro de 3 mil 411 denuncias por violencia familiar, según datos de la FGE.

La diputada Merary Villegas presentó también una iniciativa que tiene como fin establecer la responsabilidad y sancionar a las y los funcionarios públicos que con su ineficacia, obstaculizan el alcance de las medidas de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, mecanismo activado en 18 estados de la República.