La estrategia inicial era la pacificación del país, con un proyecto de amnistía, regulación de drogas y fortalecimiento de la base económica en los sectores de mayor pobreza y marginación, pero eso va lento. Por ahora se mantiene la militarización.

Se mantienen también en el discurso las palabras cárteles, líderes de plaza, sicarios, narcotraficantes, halcones, punteros, puchadores, células delictivas, operadores financieros, entre otras frases y palabras que se comunicaron por vías oficiales como nuevos significantes.

Oswaldo Zavala, profesor asociado de literatura latinoamericana en el College of Staten Island y en el Graduate Center de la City University of New York, así como autor del libro Los cárteles no existen (Malpaso 2018), sostiene que el camino de la pacificación se detuvo o ha marchado lento, apostándose a estrategias ya conocidas en otras administraciones.

“Yo creo que aquí el debate, en realidad el valor del lenguaje, que hay que discutirlo, es porque el lenguaje que moviliza, legitima las acciones de gobierno más brutales, como por supuesto la militarización, la acción de congelar cuentas bancarias, de someter, digamos, a examen a un país como México, ahora que estamos en la era de las certificaciones”, señaló.

“También, por supuesto, la oportunidad de la militarización como negocio, el Plan Mérida y el Plan Colombia han sido jugosísimos negocios para el gobierno estadounidense, ni hablar de la circulación de armas, etcétera. Este lenguaje catapulta, legitima que haya partidas presupuestales extraordinarias para agencias como la DEA, la CIA o el Ejército”.

El efecto de ese discurso es el de sometimiento, bajo la lógica de seguridad del gobierno de Estados Unidos, aseguró Zavala.

“Nos obliga, nos dobla a las lógicas de seguridad de México y nos obliga a estar sometidos a esta racionalidad militar”, dijo.

“Entonces, un presidente que apostó por la pacificación, tiene también la necesidad imperiosa de distanciarse del lenguaje, de transformar ese lenguaje y hablar correctamente del fenómeno, para que después no se permita hacer los actos que se están haciendo ahora”.

Por ejemplo, el caso Sinaloa en los últimos tres años: con la llegada de Quirino Ordaz Coppel a la gubernatura se estableció un proyecto de militarización de la seguridad, instalando como mandos a miembros del Ejército y al mismo tiempo se firmaron convenios para tener a 3 mil 200 elementos de Policía Militar.

De acuerdo con la Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el costo mensual por militar fue de 20 mil pesos en promedio, es decir, por la estancia de un año se hizo el gasto de 768 millones de pesos.

Eso conllevó a la construcción de bases militares, como El Sauz, que costó 745 millones de pesos y ahora se prevé la edificación de otro espacio en Escuinapa.

Ahora, con la llegada de la Guardia Nacional, esos 3 mil 200 militares se instalaron en otros estados y aquí quedaron mil 800 elementos de la Guardia divididos en seis regiones que no han sido, según estableció Gobierno del Estado, suficientes para el resguardo, por lo que se solicitó otro grupo de Policía Militar.

El problema, para Zavala, consiste en que el discurso que se ha usado por los gobiernos solo ha fortalecido una estrategia de gasto, mientras que la violencia se mantiene.

Además, agrega, ese discurso es poco verificable, los datos que se han usado por dependencias del gobierno estadounidense no son consistentes y atrae consigo desinformación al respecto de qué son y cómo funcionan esas organizaciones.

“Yo creo que eso que llamamos cártel es la metáfora que utilizan las autoridades estadounidenses para designar una dispersión de grupos”, señaló.

“Tienes momentos en que la DEA dice que el Cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel más potente de México, luego dice que no, que es el Cártel de Sinaloa, de repente las cifras son totalmente fantasiosas”.

Como ejemplo, recordó el proceso penal de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien fue llevado a tribunales en el llamado “Juicio del Siglo” por ser considerado el líder de una organización criminal considerada por el gobierno estadounidense como la tercera de mayor poder en el mundo.

Sin embargo, ahí, frente a los fiscales estadounidenses, la defensa alegó algo que no pudo ser combatido: el líder no era Guzmán Loera, sino Ismael Zambada García. La Fiscalía quedó sin opciones, porque resultó, también para ellos, un discurso poco verificable.

Lo mismo, prosiguió Zavala, ocurrió cuando se intentó revelar la fuerza económica de la organización y las formas de trabajo de todos los grupos que son considerados como el Cártel de Sinaloa.

El discurso se ha mantenido con un propósito, sostiene Zavala, el de mantener la ocupación militar en las ciudades y regiones del país, donde es tratado el tema como de seguridad nacional y no de salud pública.

El académico dijo que en la administración de Andrés Manuel López Obrador no se ha podido superar ese lenguaje, pese a la política de pacificación que se estableció desde campaña.

Ese fallo, agregó, se está a tiempo de superar, pero eso implicará que todos los integrantes de su gabinete opten por cambiar el lenguaje y estrategia para la disminución de la violencia y la pacificación nacional.

Artículo publicado el 24 de noviembre de 2019 en la edición 878 del semanario Ríodoce.