La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) no pudo justificar el gasto de 212 millones 689 mil pesos durante 2017.

Según las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la SEPyC envió la documentación para justificar los pagos, pero en septiembre el organismo resolvió que no solventaba el monto señalado, por lo que pretende que la dependencia devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación.

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El dinero fue usado en pagos a trabajadores que realizaban funciones no destinadas a la educación básica y normal, a trabajadores que ya habían sido dados de baja, con licencia sin goce de sueldo, que no fueron localizados o tenían plazas no compatibles geográficamente.

Las irregularidades fueron durante el primer año de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, cuando el titular de la SEPyC era Enrique Villa Rivera.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado notificó al actual secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, que la ASF resolvió la no solventación de las observaciones.

Los pagos se hicieron con recursos del Fondo para el Pago Educativo y Gasto Operativo, FONE.

De acuerdo con la ASF, con la revisión de la base de datos de las nóminas ordinarias 2017 y la aplicación del “Pase de Lista FONE”, durante el periodo del 12 al 16 de noviembre de 2018, se realizaron las visitas a 191 centros de trabajo de preescolar, primaria, secundaria y administrativos, en los municipios de Culiacán, Mazatlán, Sinaloa y Rosario.

En esos centros seccionaron una muestra de 2 mil 204 trabajadores que ostentaron plazas financiadas con los recursos del FONE.

Los auditores localizaron a 814 trabajadores en su lugar de adscripción y de 89 no localizados se proporcionó la documentación con la que se justificó su ausencia; sin embargo, de mil 301 trabajadores no localizados, no se contó con la documentación que justificara su ausencia.

A los trabajadores que no fueron localizados y no se justificó su ausencia les hicieron pagos por 410 millones 515 mil 300 pesos.

En el transcurso de la auditoria, la dependencia remitió documentos a la ASF con los que comprobó los pagos por 207 millones 104 mil 500 pesos, pero no pudo justificar 203 millones 410 mil pesos.

Después de la auditoría enviaron documentación para comprobar los pagos pero tampoco pudieron comprobarlos y la ASF quiere que lo regresen a la Tesofe.

Según la auditoría, también efectuaron 942 pagos irregulares a 44 trabajadores que realizaron funciones no destinadas a la educación básica y normal que contaron con 81 plazas por un importe bruto anual de 3 millones 936 mil pesos, adscritos a dos centros de trabajo.

Los pagos observados fueron autorizados por la SEP por cuenta y orden  de los SEPDES como “Unidad  Coordinadora  Estatal de Programas Compensatorios  PAREIB y Escuela Preparatoria Abierta”.

Además realizaron 151 pagos indebidos por 972 mil 200 pesos a 51 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, los cuales contaron con 62 plazas adscritos a 50 centros de trabajo.

También hicieron mil 198 pagos indebidos posteriores a la baja del trabajador por cuenta y orden de Sepdes por un monto de 3 millones 258 mil pesos a 345 trabajadores, los cuales contaron con 609 plazas adscritos en 301 centros de trabajo.

Otros pagos detectados por la ASF fueron a maestros con plazas en diferentes estados.

En total fueron 123 pagos por 951 mil 700 pesos a siete trabajadores que contaban con seis plazas, las cuales se encontraban adscritas a ocho centros de trabajo en Sinaloa y Baja California, los cuales no son compatibles geográficamente.

La ASF estableció que el Gobierno del Estado de Sinaloa no informó, ni documentó totalmente la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos en la revisión de la cuenta pública 2016 en materia de control interno, lo que no le permitió identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de los recursos del fondo, la observancia de la normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo  que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

Además se registraron igualmente incumplimientos  en  las  obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no dispuso de un Programa Anual de Evaluaciones para los recursos, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora.

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En 2018, el Gobierno del estado ya había devuelto dinero a la Tesofe de recursos del FONE 2017.

De acuerdo con la ASF fueron 11 millones 543 mil 600 pesos que no se gastaron del fondo y 79 mil 800 pesos de los rendimientos financieros, pero no se efectuaron dentro de los plazos establecidos.

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas inició expedientes administrativos para determinar posibles responsabilidades administrativas.

Artículo publicado el 17 de noviembre de 2019 en la edición 877 del semanario Ríodoce.