Diputados van por denuncias penales por anomalías en cuentas públicas de 2017

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Al cierre de la revisión de la cuentas públicas de 2017, la Comisión de Fiscalización sostiene su postura inicial: rechaza todas las cuentas públicas de los 18 ayuntamientos, las dependencias de organismos del gobierno estatal, paramunicipales, así como las juntas de agua potable de Mazatlán, Ahome y Culiacán.

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La Comisión de Fiscalización quiere ponerle marcapasos al seguimiento de las cuentas públicas, aunque el 31 de octubre fue emitida la declaratoria de conclusión de la revisión las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

En el documento de 43 páginas firmado por todos los integrantes de la Comisión de Fiscalización, excepto la diputada del PRI, Ana Cecilia Moreno, señala que las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, seguirán su curso para resarcir los daños que se hayan causado a la hacienda pública estatal o municipal.

Por lo anterior, precisa la declaratoria, deberán emprenderse las denuncias penales ante la Vicefiscalía Anticorrupción, así como las demandas por causas graves derivadas de las omisiones a la Ley de Responsabilidades Administrativas, al no haberse realizado las solventaciones por parte de los entes públicos que fueron fiscalizados.

Al concluirse la revisión de las cuentas públicas, la ASE reportó a los diputados que de los 498 millones de pesos que observaron por presuntas anomalías o irregularidades, no se solventó el 49 por ciento.

“Quiere decir que en Sinaloa de cada dos pesos que el gobierno gasta, deja de comprobar un peso”, explicó el diputado panista, Jorge Iván Villalobos, quien es uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

El legislador precisó que los datos corresponden solamente a la muestra auditable, es decir, los entes que forman parte del programa anual de auditoría. “Vaya ustedes a saber de todo el presupuesto cuánto se comprueba y cuanto no. Esto es francamente delicado”, advirtió.

En el documento de declaratoria sobre cuentas públicas del 2007 se acordó solicitar a la ASE un paquete de siete informes.

Por no estar la Comisión de Fiscalización satisfecha con el informe presentado por la ASE sobre la cuentas públicas, y considerarlo en todo caso un reporte que incluyó estadísticas, emplazó a la Auditoría Superior del Estado a la entrega de diversos documentos el primer día hábil del inicio del segundo periodo de sesiones del segundo año de la Legislatura, es decir, el día 2 de abril.

En tribuna, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, señaló que en los informes presentados por la ASE, tenían errores y omisiones. De ahí la razón de pedir a la Auditoría Superior una ampliación detallada de la información de las cuentas públicas de 2017.

Criticó la matriz, no certificada, que fue utilizada por la ASE para hacer la evaluación de las cuentas públicas para decidir cuáles se aprobaban o rechazaban.

La ASE deberá entregar a los diputados un informe de la revisión de la información contable, presupuestaria y programática, además de los indicadores de postura fiscal, contenida en la cuenta pública de 2017.

Por el crecimiento del gasto del gobierno estatal en los Servicios de Comunicación Social y Publicidad que ascendió a 364 millones de pesos, cuando sólo tenía un presupuesto asignado de 25 millones de pesos, la Comisión de Fiscalización incluyó solicitar a la ASE un informe sobre la revisión y fiscalización en este rubro.

En la lupa de la Comisión de Fiscalización están también los órganos autónomos. Dentro de la información adicional que deberá entregar la ASE, se acordó se incluya los informes de revisión y fiscalización de la Fiscalía General, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, Comisión para el Acceso a la Información Pública, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

La ASE deberá además entregar a los diputados informes de revisión y fiscalización superior de las secretarías, coordinaciones y demás entidades coordinadas del Poder Ejecutivo, no auditadas.

A las solicitudes ante la ASE se agregó además un informe de la promoción de las acciones procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, derivada de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 2017.

Dentro del paquete de informes, se incluyó también un documento específico del resultado de la revisión de la fiscalización superior de fideicomiso denominado “Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Estado de Sinaloa”.

Adicionalmente la ASE deberá entregar un informe de seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada, entre el 23 de octubre de 2017 al 2 de mayo de 2019 derivadas de las auditorías realizadas entre julio de 2014 y diciembre de 2016, relacionadas con el informe de solventación entregado en octubre de 2019 al Poder Legislativo.

Los diputados acordaron enviar el acuerdo ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

La Comisión de Fiscalización determinó que ninguna referencia al contenido de las cuentas públicas se hizo en el Informe General que les fue entregado, y que en cambio el mismo documento reconoce estar integrado con la recopilación de los informes individuales que comprenden los resultados por la Entidad Fiscalizada.

La diputada del PRI, Ana Cecilia Romero, manifestó que las discrepancias y diferencias en temas de fiscalización tienen como principal motivación las posturas políticas interesadas. “Desde que empezó este proceso, desde el PRI señalamos que inició mal, porque algunas de las acciones y decisiones de la Comisión de Fiscalización no se apegaron estrictamente a la legalidad”.

Artículo publicado el 3 de noviembre de 2019 en la edición 875 del semanario Ríodoce.

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