Alcaldes, titulares de secretarías  y entidades desconcentradas del gobierno estatal no pudieron justificar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) la mayoría de las presuntas irregularidades detectadas en la administración de los recursos públicos de las cuentas públicas de 2017.

El anexo del informe del estado que guarda la solventación a las entidades fiscalizadas revela el bajo nivel de justificación documental que tuvieron los 18 ayuntamientos, las juntas de agua y diversas secretarías y organismos paraestatales.

De un total de 4 mil 084 acciones promovidas y recomendaciones de las auditorías practicadas al ejercicio 2017, quedaron sin solventar y/o atender 3 mil 259 expedientes, es decir, el 79.7 por ciento no fueron aclaradas.

Lo anterior implicó que de 498 millones de pesos que estaban observados por la ASE, un total de 244 millones de pesos no fueron aclarados por los funcionarios titulares de las entidades fiscalizadas.

De un total de 696 pliegos de observaciones o posibles irregularidades detectadas por la ASE, solventaron apenas el 32 por ciento, parcialmente el 12 por ciento y quedaron definitivamente no solventadas el 56 por ciento.

Jurídicamente los plazos vencieron y los funcionarios no pudieron explicar al cien por ciento las observaciones señaladas por la ASE. En cumplimiento con la Ley de la Auditoría del Estado, el pasado 20 de febrero la ASE entregó el informe general ejecutivo y 47  informes a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y en un plazo de 10 días hábiles se hizo la notificación a los entes que fueron fiscalizados.

Dentro de los plazos legales inició una etapa de 30 días hábiles para que se presentara la documentación que explicara las inconsistencias por parte de los titulares de las entidades que fueron fiscalizadas, en total eran 4 mil 084 observaciones resultado de las auditorías financieras y al desempeño.

No fueron atendidas ninguna de las dos solicitudes de aclaración presentadas por la ASE ante  Cobaes y la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa.

En la promoción para comprobación fiscal sólo fueron atendidas el 11 por ciento de las solicitudes.  La ASE informó a los entes fiscalizados que habían incumplimiento de carácter fiscal, sin embargo, no fueron atendidas en un 89 por ciento.

Con el mayor número de casos en esta situación se ubicó a la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán y los municipios de Guasave, Rosario y Sinaloa.

De las 165 recomendaciones que emitió la ASE, las cuales fueron sugerencias de carácter preventivo para fortalecer los procesos administrativos, los sistemas de control y el cumplimiento de metas y objetivos, solamente fueron atendidas el 2 por ciento.

Entre las entidades que fueron totalmente omisas está la Secretaría de Administración y Finanzas con 12 expedientes, los gobiernos municipales de Concordia, El Fuerte y Culiacán, con 10, 10 y 19 recomendaciones, respectivamente.

En recomendaciones al desempeño que propuso la ASE a los servidores públicos para fortalecer el cumplimiento de metas y objetivos, y buscar mayor eficiencia, eficacia con criterios de economía, los funcionarios de las entidades fiscalizadas sólo atendieron el 31 por ciento de los casos. Los más renuentes en seguir las recomendaciones fueron la Secretaría de Salud en sus programas de vacunación  y dengue, DIF Sinaloa en su programa asistencial, y el Ayuntamiento de Culiacán.

En el caso de promociones de responsabilidad administrativa (PRAS), en los cuales la ASE promovió ante las instancias de control se aplicaran sanciones conforme a las leyes de responsabilidad administrativa, tan sólo en el 2 por ciento de los casos fueron atendidas.

A la cabeza de la omisión total a aplicar sanciones está el Ayuntamiento de El Fuerte con  243 expedientes, seguidos por la Secretaría de Obras Públicas con 219, el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa con 195, el Ayuntamiento de Angostura con 131, y Badiraguato con 124.

En cuanto a los pliegos de observaciones, en donde existe un presunto daño ocasionado a la hacienda pública, así como al patrimonio, tan sólo se solventó el 32 por ciento de los casos.

A nivel de gobiernos municipales, el mayor número de omisiones está el Ayuntamiento de El Fuerte con 43 expedientes, Angostura con 30 y Navolato con 25.

A nivel de gobierno estatal, la lista de mayor número de no solventaciones las lidera la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa con 22 expedientes, le sigue la Secretaría de Obras Públicas con 21 y la Secretaría de Administración y Finanzas con 17 casos.

El diputado Marco Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, advierte que los plazos para justificar las irregularidades ya pasó, y ahora será tiempo de que la ASE prosiga a canalizar, dependiendo de la gravedad, a la integración de expedientes jurídicos para  presentar denuncias penales a la Fiscalía Estatal, al Tribunal de Justicia Administrativa o bien a los órganos internos de control para que proceda a la investigación y sanción a los funcionarios públicos implicados.

El desaseo en el manejo financiero fue señalado, a finales de julio, por los diputados de Morena que integran la Comisión de Fiscalización al revisar los informes de la cuentas públicas entregados por la ASE. Para los morenistas ninguna cuenta pública merecía ser dictaminada como aprobatoria por la cantidad de observaciones encontradas durante la auditoría de la ASE.

De acuerdo con el informe de la ASE, ninguna municipio logró solventar al 100 por ciento las observaciones de sus finanzas, ni tampoco la entidades del gobierno estatal. Ninguno de los entes auditados quedó libre de sospecha.

Artículo publicado el 27 de octubre de 2019 en la edición 874 del semanario Ríodoce.