mayo 25, 2020 7:57 pm

SFP investiga a 10 superdelegados, entre ellos el de Sinaloa

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La Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que 10 superdelegados estatales están siendo investigados, entre ellos Jaime Montes, de Sinaloa, luego de que fueran presentadas 12 denuncias en su contra, por presunto uso irregular de programas sociales.

Lo anterior al comparecer ante la Cámara de Diputados.

“Hasta ahora las entidades federativas cuyos delegados son denunciados son los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, y estamos abiertos a cualquier otra denuncia que llegue”, expresó Sandoval.

“Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión, que corresponde a nuestros Órganos Internos de Control (OIC); las más importantes han sido asumidas por mí y también los OIC están trabajando para procesar denuncias que se generen sobre nuestros delegados estatales”, agregó.

De acuerdo a Animal Político a los estados mencionados se suma el caso de Jalisco, donde enfrenta un proceso el ahora exdelegado Carlos Lomelí.

Reforma informó que Lomelí compareció este jueves, debido a las investigaciones que hay sobre contratos de sus empresas con el gobierno.

Sandoval, ante legisladores, también informó que están en marcha las siguientes auditorías: a programas de apoyo a hijos de madres trabajadoras, al de atención a personas con discapacidad, al de ayuda para personas adultas mayores, Sembrando Vida y la actuación de los llamados Servidores de la Nación.

Señaló que se combate la impunidad “sin filias, ni fobias”, y se investiga lo mismo a servidores públicos de la administración actual, que a aquellos que tenían abiertos procesos en gobiernos anteriores “y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

Asimismo, indicó que en la Función Pública “no hay intocables, ni perseguidos”, y aclaró que se han impuesto casi tres mil sanciones a los servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Dijo que dentro de la transformación instrumentada en la dependencia ya se tienen los primeros resultados, pues las auditorías a programas de desarrollo y operación regional han permitido observar más de 46 mil millones de pesos que los estados y municipios deberán justificar “o reintegrar a la Federación”.

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