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Impune mayoría de irregularidades encontradas por la ASE

marco antonio y ase

De las 101 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado entre 2013 y 2017, existen un total de 47 órdenes de aprehensión sin ejecutar contra servidores públicos involucrados en hechos relacionados con irregularidades de la hacienda pública.

Lea: ASE detecta desvío de 900 mdp del Issstesin y presenta denuncia por 68 mdp https://bit.ly/2AQ8cMe

En el informe de Atención y Solventación de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas 2008-2016, la ASE especifica que la autoridad competente no ha informado de la imposición de pena o sanción alguna en el caso de órdenes de aprehensión pendientes.

En el resto de denuncias presentadas por la ASE, en su mayoría, están señaladas en trámite de integración de la carpeta de investigación, algunas más como los hechos denunciados que ya prescribieron.

Son aislados los casos de funcionarios que derivan en una sanción. En el informe están registrados los casos del funcionario de la Secretaría de Turismo que se condenó a 13 años y seis meses de prisión e inhabilitación e inhabilitación al servicio público por 27 años, o del titular de la Secretaría de Salud, a quien se le condenó de 7 millones de pesos. En éste último expediente, la ASE reportó que la autoridad competente no les ha informado de la imposición de pena o sanción alguna.

Tan sólo el 25.7 de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior del Estado fueron solventadas por los gobiernos y organismos auditados entre 2008 y 2016. De 5 mil 753 millones de pesos que fueron señalados dentro de las observaciones realizados en la auditorías de la ASE, solamente fueron aclarados 678 millones 117 mil pesos.

La cantidad que fue observada por posibles irregularidades financieras en los gobiernos y organismos auditados equivale a construir y equipar a poco más de ocho hospitales pediátricos como el que actualmente se edifica en la ciudad de Culiacán, cuyo costo será aproximadamente de 691 millones en obra y equipamiento.

Durante el mismo periodo, la ASE resolvió entonces promover ante los órganos internos de control de los entes que fueron auditados un total de 15 mil 681 acciones de responsabilidad administrativa. Lo anterior ante la presunción de que los funcionarios habían incumplido las disposiciones normativas de su cargo en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.

Sin embargo, las sanciones no llegaron a los funcionarios implicados. Solamente en el 40.2 por ciento de los casos se tradujo en sanciones, otros 26.3 por ciento se resolvieron sin sanción y el 32.9 por ciento están sin avances en la resolución que debe aplicarse.

A la cabeza de las secretarías que han recibido promoción de responsabilidades sancionatorias en el gobierno estatal están la Secretaría de Administración y Finanzas (591) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (247), cuyos números sobre presuntas irregularidades se dispararon en 2016, el último año del sexenio del gobernador Mario López Valdez.

En el caso de los municipios los más recurrentes en presuntas irregularidades financieras han sido los Ayuntamientos de El Fuerte (792), Culiacán (740) y Rosario (611).

En el caso de los organismos en la lista de los más recurrentes están: Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) con 328 expedientes, el Instituto Sinaloenses de Cultura (ISIC) con 131 y el Hospital Civil de Culiacán con 165 casos.
El mayor volumen de presuntas irregularidades en los organismos paramunicipales se han encontrado por número de incidencias en las juntas de agua potable y alcantarillado de Rosario (194), Mazatlán (176) y El Fuerte (191).

En cuanto a las auditorías específicas la ASE informó que se emitido 105 pliegos de observaciones al 31 de agosto de 2019, de las cuales solamente se han solventado el 6.7 por ciento, solventado parcialmente el 7.6, no solventado el 33.3 por ciento, y se encuentran en etapa de evaluación el 42.9 por ciento.

Los resultados de las auditorías específicas que han derivado en responsabilidades administrativas sancionatorias no han registrado ninguna sanción. La ASE señala que la promociones se realizaron por la fiscalización de los recursos correspondientes de 2009 a 2015. En los entes que debiesen haberse aplicado sanciones o bien solventaciones por irregularidades detectadas están el Hospital Civil de Culiacán (2), Servicios de Salud de Sinaloa (70), ISSSTESIN (158), Ahome (2), Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (6).

De las auditorías específicas, el importe calculado para ser recuperado a la hacienda pública fue de 868 millones de pesos, pero esto no ha sido posible porque el 91.3 de los expedientes se encuentra todavía en etapa de evaluación, a pesar de que corresponden a años fiscales de más de cuatro años.

 

Había contubernio a favor de la corrupción: Zazueta 

“Hay contubernio entre los mismo ejecutores para que el proceso no se lleve a cabo”, asegura el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, quien lamenta la lentitud con las que fluyen los expedientes, entre la integración, la presentación de las denuncias y la investigación.

El diputado de Morena señala que había un régimen que incluía al mismo Congreso del Estado que era cómplice de la corrupción.
Al referirse al número de expedientes presentados ante la Fiscalía General que no se han traducido en sanciones a los inculpados sobre delitos sobre corrupción, pide que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes.

Zazueta Zazueta destaca la importancia de que los diputados de seguimiento y el avance de cada una de las denuncias.

“Los tiempos son la mejor cobija de la corrupción”, afirma al comentar que los expedientes entran en un proceso dilatorio de integración que permite que pasen los años y las acciones señaladas prescriban.

Pone como ejemplo el caso del ISSSTESIN en el que ya prescribieron algunas de las observaciones por 900 millones de pesos y la denuncia presentada ante la Fiscalía es solamente por 68 millones de pesos.

Artículo publicado el 13 de octubre de 2019 en la edición 872 del semanario Ríodoce.

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