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Exsecretario de Administración y Finanzas de ‘Malova’ deberá explicar el desvío de 293 mdp

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Los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que hay datos de prueba suficientes para presumir que el ex Secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra desvió 293 millones de pesos.

Lea: Villarreal, la pieza clave 

Los abogados del ex funcionario aseguran que con un peritaje contable acreditarán que no tiene ninguna responsabilidad en el presunto desvío.

El ex Secretario promovió un amparo para revocar el auto de vinculación a proceso, pero le fue negado por un Juez de Distrito y la semana pasada el Tribunal confirmó la negativa.

Villarreal Ibarra está acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por presuntamente realizar 112 trasferencias de recursos federales a cuentas estatales.

Sus abogados alegaron que no había pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del ex funcionario.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, señaló el Tribunal Colegiado, resultan suficientes, pertinentes e idóneos para considerar que es probable que cometió los delitos.

“Los datos relacionados en su conjunto son suficientes para evidenciar los hechos y al menos que en forma probable el imputado los cometió”.

“Se consideran acertadas las consideraciones expuestas por la autoridad responsable sobre la probable participación del quejoso, en la comisión de los citados delitos, ya que con los datos de prueba está demostrado que en esa época el imputado se desempeñaba como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con lo que se presume autorizó las transferencias en cuestión, ya que fueron 112 disposiciones realizadas por esa Secretaría, y se ocupaba de su firma para ser realizadas y depositadas a cuatro cuentas bancarias diferentes”, señala la sentencia del juicio de amparo.

Menciona que para dictar el auto de vinculación a proceso solo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Junto con el ex Secretario están imputados el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar administrativo de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

Villarreal Ibarra fue vinculado a proceso el 19 de abril pasado y el Juez impuso una garantía económica de 500 mil pesos.

De acuerdo con la sentencia del Tribunal, en el periodo comprendido del 1 de julio a 1 de diciembre de 2016, se realizaron 112 transferencias electrónicas sin justificación y sin sustento a cuatro cuentas bancarias destinadas para el manejo de recursos propios del estado.

Lea: Armando Villarreal llega amparado y sonriente a juzgado, recoge el expediente y se va https://bit.ly/33xjlOh

Tras la negativa de amparo, la semana pasada Villarreal se presentó en el Centro de Justicia Penal en Culiacán para solicitar una prórroga de dos meses para el cierre de la investigación.

La investigación se cierra seis meses después de que se dicta el auto de vinculación a proceso y en el  caso de Villarreal el plazo venció el 2 de octubre.

Su abogado pidió a la Jueza de Control extender el plazo de la investigación para obtener pruebas para la defensa del ex funcionario.

Dijo que solicitaron un dictamen técnico contable a un perito particular y además entrevistarán a dos ex trabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas que viven fuera del estado.

Señaló que el perito requiere dos meses debido a que analizará los movimientos de las 117 cuentas bancarias del Gobierno del Estado en las que asegura la Fiscalía que se hicieron las transferencias.

El abogado aseguró que con la pericial contable acreditarán que Villarreal Ibarra no tuvo responsabilidad en las transferencias.

La Jueza dijo que la Ley establece un plazo de seis meses, el cual ya venció, pero concedería los dos meses más debido a que está justificado.

La Fiscalía asegura que Villarreal Ibarra incumplió en sus funciones y obligaciones establecidas en diversas normas que como servidor público tenía deber de cumplir, omitiendo realizar los trámites legales correspondientes y justificar con la documentación necesaria.

Las transferencias presuntamente irregulares fueron detectadas en una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado en 2017.

“El imputado era el responsable de la representación de las operaciones de finanzas, así como de establecer las normas y los procedimientos para el ejercicio y control del presupuesto de egresos y de vigilar la exacta aplicación y el registro de los mismos, así como administrar y vigilar los fondos y los valores del Gobierno del Estado de Sinaloa.

“Ocasionó un daño patrimonial en detrimento del erario, vulnerando el bien jurídico tutelado por la norma jurídico penal, en el caso concreto es el correcto ejercicio del servicio público conforme los principios de lealtad, honestidad, transparencia, vocación, eficiencia y estricta responsabilidad”, acusó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo recursos estaban etiquetados para programas específicos y no podían destinarse a fines distintos como se hizo, ya que fueron transferidos a cuentas para la captación de recursos propios y una pagadora.

La FGE asegura que “incumplió con la obligación de realizar la correcta utilización de los recursos públicos destinados a fines específicos para los que iban etiquetados, al haber participado en las transferencias realizadas por la Secretaría de Administración y Finazas”.

Ernesto Herrera Félix también acudió al Centro de Justicia Penal la semana pasada pero para una audiencia intermedia.

En la audiencia intermedia, la Fiscalía y la defensa del ex funcionario darían a conocer las pruebas que presentarán durante el juicio y el Juez dictaría el auto de apertura de juicio oral.

El abogado del ex tesorero solicitó al Juez aplazar la audiencia debido a que no habían terminado de revisar las pruebas que presentará la Fiscalía.

El Juez concedió el plazo y programó la audiencia para el próximo 23 de octubre.

Artículo publicado el 13 de octubre de 2019 en la edición 872 del semanario Ríodoce.

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