Mientras que los votos del PRI y sus aliados no fueron suficientes para impedir la reprobación histórica de los informes de las cuentas públicas del gobierno estatal y los 18 ayuntamientos, el gobernador hizo uso del recurso legal para vetar los decretos.

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Durante las  discusiones de las cuentas públicas, tanto PRI como PAN habían advertido que no procedía que la Comisión de Fiscalización emitiera dictámenes y luego se le diera tratamiento de decretos a los informes de las cuentas públicas de 2017.

Fue precisamente ese tratamiento de decreto lo que permitió al gobernador Quirino Ordaz Coppel vetarlos. La Ley Orgánica del Congreso del Estado, en la sección séptima establece que cuando el Poder Legislativo apruebe una ley o decreto se remitirá al Poder Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones, la promulgará inmediatamente.

El artículo 213 precisa que toda ley o decreto se considerará aprobado por el gobernador, cuando no sea devuelto para observaciones al Poder Legislativo dentro de los primeros ochos días hábiles desde la fecha que el Poder Ejecutivo recibe el documento. Especifica que en el caso que el Congreso del Estado cierre en este plazo su periodo de sesiones, la devolución deberá realizarse el primer día hábil del nuevo periodo. Y así ocurrió, el pasado martes, primero de octubre, llegaron al Poder Legislativo las observaciones, es decir, el veto porque el gobernador no las publicó.

La titular de la ASE, Emma Félix Rivera, recuerda que los dictámenes reprobatorios que se les dio tratamiento de decretos no tienen valor jurídico, bajo  el nuevo marco legal, como lo había señalado ya cuando se votaron a finales del anterior periodo de sesiones.

La revisión de la cuentas públicas, señala, siguen su propio curso ante la ASE, con el proceso análisis de las solventaciones de los entes que fueron auditados.

El proceso concluirá definitivamente el próximo 31 de octubre, de cuyo resultado se emitirá un informe al Poder Legislativo.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, advierte que el caso de las observaciones a los decretos reprobatorios de las cuentas públicas, pudiesen quedar “en el limbo” ya que la ley no establece plazos para su discusión, pero sí que estos deben aprobarse ahora con mayoría calificada. Situación que se advierte imposible de conseguir por cualquier grupo parlamentario.

Para Morena, la decisión del gobernador de hacer uso del veto es un error político. Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la bancada morenista, alude al respeto republicano de la división de poderes.

“Se ha negado a publicarlos. No le asiste la razón legal y política. No hacen ninguna observación de carácter técnico, se reducen a descalificar, sin sustento, las funciones del Congreso. De nueva cuenta los asesores del gobernador le ponen una trampa para que cometa errores políticos”, expresó en tribuna.

“Resulta desafortunado pretender ser juez y parte. El Ejecutivo se equivoca al optar por la opacidad tapando las irregularidades, las obvias irregularidades, de los distintos entes públicos reprobados en los informes de sus ejercicios 2017”.

De acuerdo a la versión expresada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta, en las observaciones planteadas por el gobernador no existen argumentos técnicos, sino que son solamente jurídicos, los mismos que el Grupo Parlamentario el PRI presentó en su momento, en el sentido que la Comisión de Fiscalización no estaba facultada para dictaminar y que se extralimitaron en sus funciones.

“Yo no sé realmente quien asesora al gobernador, quien le dice que es legal invadir funciones que no le corresponden, más tratándose de actos de transparencia y rendición de cuentas”, dijo el diputado de Morena.

Por lo pronto, en la bancada de Morena analizan la estrategia jurídica que pondrán en acción para contrarrestar el veto  del gobernador, a la hazaña histórica que consideraban los diputados morenistas habían hecho al reprobar por primera vez todas las cuentas públicas.

Por lo pronto, en lo QUE coinciden PAN, Morena y la ASE es en la necesidad de reformar el marco legal, para no estar metidos de nueva cuenta en controversias. Una de ellas, el señalamiento de la ley que obliga a los diputados a discutir los informes de las cuentas públicas a más tardar el último día de julio, a pesar que el periodo de solventaciones de las auditorías no han concluido, sino hasta el 31 de octubre.

Artículo publicado el 6 de octubre de 2019 en la edición 871 del semanario Ríodoce.