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Los nuevos caminos contra la ‘Verdad histórica’ del caso Ayotzinapa

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A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la llamada “Verdad Histórica” de Enrique Peña Nieto se ha desmoronado y ahora el gobierno de la Cuarta Transformación busca encontrar nuevos caminos para saber lo que ocurrió entre la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 y dar con el paradero de los jóvenes.

“Para nosotros es muy importante cerrar este caso y este debate que es la parte medular de la verdad histórica, aunque como lo he dicho desde un principio, estamos convencidos de que en el caso de estos muchachos de Ayotzinapa, la única verdad es que no hay hasta ahora verdad alguna”, expresó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), el pasado 26 de septiembre, día en que se cumplieron cinco años de la desaparición de los 43 jóvenes que buscaban ser docentes.

Al igual que el Presidente López Obrador, Encinas vistió ese día una playera conmemorativa obsequiada por los padres de los estudiantes y en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional dijo que el compromiso es avanzar en un replanteamiento integral de la investigación, “subsanando las omisiones, las contradicciones, la falta de elementos, la falta de presentación de pruebas, de la averiguación que condujo a la mal llamada ‘verdad histórica'”.

La realidad es que hasta el momento la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, creada en el actual gobierno, no ha presentado nuevas pruebas y los principales implicados en el caso están siendo liberados por acusaciones de tortura.

 

Liberan a 77 inculpados

La llamada “Verdad histórica” sostiene que los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un tiradero de basura en el municipio de Cocula, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, y señala como responsable al grupo delictivo Guerreros Unidos, dedicado al tráfico de heroína en la región de Iguala.

Dicha versión oficial de los hechos de la extinta Procuraduría General de la República ha sido rechazada por los padres de los normalistas, quienes aseguran que en la desaparición de sus hijos participaron policías municipales y estatales, así como federales y militares.

En 2018 la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que señalaba que parte de las personas aprehendidas por el caso fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones”.

El informe ignorado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, poco a poco se ha ido confirmando, primero con la aparición de un video en youtube el pasado 7 de junio en el que un sujeto identificado como Carlos Canto Salgado es interrogado por la desaparición de los 43 normalistas, mientras permanece con las manos atadas y los ojos cubiertos con cinta.

Carlos Gómez Arrieta, quien luego de difundirse el video renunció al cargo de subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, encabeza el interrogatorio en el que Canto Salgado afirma que policías ministeriales se llevaron a los estudiantes a unas casas en la comunidad de Mezcala, un lugar opuesto al basurero de Cocula, donde oficialmente fueron cremados.

Otra de las personas que participan en el interrogatorio, le ordena a Canto Salgado que los lleve a ese lugar pero el detenido responde: “No sé”. En ese momento otro agente le cubre la cabeza con una bolsa de plástico.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, declaró a la BBC que el video muestra que el papel de los policías y militares en la desaparición no fue investigado por completo y “no deja duda de que la tortura se empleó en el caso Ayotzinapa y eso debilita la solidez de la ya muy cuestionada versión oficial”.

La grabación que confirmó el uso de tortura contra implicados en el caso Ayotzinapa, fue la punta del iceberg para lo que vendría después. El 31 de agosto Gildardo López Astudillo, el Gil, jefe de plaza del cártel de Guerreros Unidos y uno de los principales implicados en la desaparición, salió de prisión luego que un juez lo absolviera de haber participado en el secuestro de los normalistas.

El juez desestimó 81 pruebas que había presentado la ahora Fiscalía General de la República por considerar que se recabaron de forma ilegal, se utilizó la tortura y no había elementos para condenar al acusado.

Tras la liberación de el Gil, el gobierno de AMLO dio a conocer que del 26 de septiembre de 2014 al pasado 30 de agosto 142 personas fueron detenidas por el caso Ayotzinapa; de ellas, 70 fueron procesadas por el delito de secuestro de los normalistas.

Hasta el momento 77 de los implicados han sido liberados. El gobierno de AMLO estima que la cifra podría aumentar a 100 debido a que se han registrado violaciones al debido proceso de los detenidos y 29 casos de tortura.

El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, aseguró que “las personas que han salido no significa que no enfrentarán a la justicia, estamos reuniendo nuevas pruebas sobre otros delitos. Ninguna persona está por encima de la ley, todos los que ocuparon cargos públicos pueden ser llamados”.

 

Reconstruyendo el caso desde las llamadas

Una nueva línea de investigación en la desaparición de los 43 normalistas que sigue el nuevo gobierno es la indagatoria de alrededor de 80 millones de registros de llamadas que se hicieron en Iguala, desde la noche de la desaparición y hasta cuatro años después.

Alejandro Encinas dijo que la primera indagatoria permitió construir una red primaria de 84 mil líneas prioritarias y 116 números telefónicos específicos.

“Nos ha permitido identificar las horas críticas y el seguimiento minuto a minuto de esta operación. No puedo dar detalles, pero sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos, con varias conclusiones, una de ellas es que no hubo contacto por parte de ningún estudiante con algún grupo delictivo o con alguno de sus integrantes”.

Una segunda línea dijo ha permitido saber “que la operación fundamentalmente se dio en el municipio de Iguala y en su zona suburbana”.

 

Al banquillo Murillo Karam y ex funcionarios

Otro elemento de la nueva investigación es el llamado al banquillo a ex funcionarios implicados en el caso como el ex Procurador Jesús Murillo Karam, quien en noviembre de 2014 durante una rueda de prensa en la que relataba los avances en el caso Ayotzinapa señaló a la prensa “Ya me cansé”.

Otros que serán llamados al banquillo es el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón y el de la Unidad Especial para el Caso de Ayotzinapa José Aarón Pérez, así como a todos los funcionarios que han tenido relación con el caso.
José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala, el exgobernador Ángel Aguirre y el ex fiscal estatal Iñaki Blanco ya habían declarado antes, pero esta vez serán llamados como testigos.

 

Brotan más cuerpos en Guerrero, pero no son de los normalistas

Mientras los padres de los 43 normalistas han salido a las calles cada año para exigir el regreso con vida de sus hijos, la FGR los busca en cinco municipios de Guerrero: Cocula, Iguala, Huitzuco, Mezcala y Tepecuacuilco, donde ha realizado en 48 días ocho operativos de búsqueda en 210 puntos.

Ahí se han encontrado 184 cuerpos, 44 ya han sido identificados, pero ninguno corresponde a los de los estudiantes.

 

Caso Ayotzinapa fue desaparición forzada

El 26 de septiembre pasado cuando se cumplió el quinto aniversario de la desaparición, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el caso de Ayotzinapa como desaparición forzada a manos de agentes del estado.

Se informó también que en la reapertura de la indagación se seguirán dos líneas prioritarias: la búsqueda de los alumnos como si siguieran con vida y la hipótesis de “destino final”, en la que los normalistas habrían sido asesinados.

Para reforzar la hipótesis de que agentes participaron en la desaparición, el gobierno federal ofrece una recompensa de 10 millones de pesos a quien de información para encontrar a Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales sospechosos, y quien era parte de la policía municipal de Iguala y se presume tenía vínculos con Guerreros Unidos.

Ante la falta de elementos para dar con el paradero de los jóvenes, también se ofrece 1.5 millones de pesos a quien aporte información veraz y verificable.

Las autoridades han dicho que se reunirán cada dos meses con los familiares para dar seguimiento al caso, pero cuando se le ha preguntado a Alejandro Encinas sobre cuándo se tendrían resultados, ha evitado dar un plazo fijo. “Cuando los tengamos”, ha manifestado. “Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para conocer la verdad”, agregó.

Mientras esperan llegar a la nueva “Verdad histórica” los padres de los 43 normalistas, a diferencia de Murillo Karam, no se cansan en su exigencia de que sus hijos les sean regresados con vida.

Artículo publicado el 29 de septiembre de 2019 en la edición 870 del semanario Ríodoce.

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