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Sube de tono ataque contra Síndica Procuradora de Ahome 

sindica mochis

El cabildo de Ahome en pleno se sumó a la conspiración palaciega en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites y en un manejo mediático, pero sin alcance legal y fuera de todo procedimiento, la amenazaron con llevarla ante el Congreso del Estado para que sea destituida por una omisión judicial en un caso denunciado por el director del Órgano de Control Interno (contraloría), Pavel Roberto Castro Félix.

Lea: Denuncia Síndica Procuradora por amenazas a alcalde de Ahome https://bit.ly/2jZ2cvO

El controlar denunció ante el magistrado que la síndica procuradora lo había removido del cargo, sin ser cierto. Este aún trabaja en el Ayuntamiento de Ahome.

A la conspiración de los regidores oficialistas del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se sumaron abiertamente Fernando Arce Gaxiola, del Partido Sinaloense (PAS), y Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vapuleando sin ton ni son a la también concejal, de quien se negaron a escuchar toda aclaración.

Cota Murillo dijo que ellos sólo le daban trámite a una condicionante del magistrado, situación que fue corroborada por Fernando Arce, en tanto que la oficialista Socorro Calderón Guillén sugirió a Valenzuela Benites poner más cuidado en sus labores.

No obstante, para hacerse escuchar fuerte y claro, la síndica utilizó la misma tribuna que el cuerpo edilicio usó para exhibirla: el cabildo. En el recinto, la edil en funciones de policía administrativa mostró documentos que descargaban su culpa, aceptados por el propio Magistrado presidente de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, mientras que los inquisidores sólo mostraron sus manos vacías, salivazos a modo de improvisación y un discurso inquisidor escritos por terceros para afectar a Valenzuela Benites, incluyendo las respuestas a las contestaciones de ésta.

La conspiración edilicia inició con un juicio administrativo que enderezó Pavel Roberto Castro Félix, en su carácter de director del Órgano de Control Interno, bajo el expediente 929/2019-IIB, en contra de la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites a quien acusó de intentar despedirlo con una investigación a modo.

El 8 de julio, el magistrado Víctor Hugo Pacheco Chávez requirió a la parte demandada por Castro Félix las documentales, pero ella no responde al vencimiento, el 14 de agosto; el 20 de agosto, el juez apercibe a la síndica procuradora y exige lo que el controlar dice que existe en su contra, por lo que Valenzuela Benites responde el 26 de agosto que es inexistente tal sumario físicamente porque no hay constancia de autos, decretos o resoluciones de ningún tipo sino 15 oficios con los folios DSP-282, DSP-368 al DSP-381 remitidos al hoy denunciante, Presidente Municipal (Manuel Guillermo Chapman Moreno), Secretario del Ayuntamiento (Juan Francisco Fierro Gaxiola) y al cuerpo de regidores, y de paso le recrimina el proceder porque no puede remitir algo que no existe.


En el mismo acuerdo del 20 de agosto, el magistrado Pacheco Chávez pide al cabildo conminar a la síndica procuradora porque ha sostenido una conducta contumacia y desacato a lo ordenado por la sala Regional zona norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El 26 de agosto, el mismo día en que Valenzuela Benites responde al magistrado, envía el oficio 900/2019 al Secretario del Ayuntamiento adjuntando la respuesta enviada al tribunal.

El 28 de agosto, el magistrado se da por contestado porque la demandada Valenzuela Benites actuó en tiempo y forma, cerrando el acto.

Sin embargo, ignorantes deliberados del acuerdo del magistrado, los regidores Adriana Sulaee Castro Bojórquez, Héctor Vicente López Fuentes, Raymundo Simons Cazárez, María del Socorro Calderón Guillén, Rosa María Ramos Solórzano, Gerardo Amado Álvarez, Alfonso Pinto Galicia, Génesis Paola Pineda Álvarez, Raúl Cota Murillo, Rosa María López Ramírez, Fernando Arce Gaxiola y Ramón López Félix asumieron de mutuo propio que la síndica procuradora por su conducta rebelde y de desacato a ordenamientos judiciales asume una conducta suficiente para proceder a su separación o suspensión del cargo por parte del Congreso del Estado.

Castro Bojórquez leyó la amenaza del cabildo, que de acuerdo con los regidores consultados, todos estuvieron de acuerdo

Valenzuela Bentes explicó a los regidores que en el caso del contralor sólo se le llamó a cuentas respecto de un incumplimiento a la Ley de Gobierno Municipal en torno a que para obtener el cargo no debe prestar servicios a la comuna cinco años antes de ser designado, y este fue protestado en el cargo en la sesión cabildo número 35 del 24 de noviembre del 2017, cuando aún era funcionario.

“En la investigación se encontró el contrato, pagos, y no hay documento de renuncia, por lo que al ser designado era aún funcionario, lo que le impide ser ratificado, pero aun así fue reelegido. A raíz de la cita, el acude al magistrado y este le concede la suspensión de un acto que no está consumado, sino en investigación2.

Artículo publicado el 1 de septiembre de 2019 en la edición 866 del semanario Ríodoce.

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