Aunque los diputados de Morena votaron para reprobar, en un hecho inédito,  los informes de todas las cuentas públicas de 2017, la Auditoría Superior del Estado (ASE) sostiene que ese hecho no tiene ningún efecto jurídico.

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La titular de la ASE, Emma Félix Rivera, asegura que no se trata de un asunto de ocurrencias, sino de una interpretación integral de la reformas constitucionales acordes al Sistema Nacional Anticorrupción.

Durante las últimas dos semanas de julio, en el Pleno del Congreso del Estado se establecieron dos posiciones polarizadas sobre el tema de fiscalización de las cuentas públicas. Una promovida por los diputados de Morena, que defendía que la ley señalaba que los dictámenes de los informes debían votarse a más tardar el 31 de julio, y en otro extremo, la posición encabezada por la bancada del PRI, que aseguraba era prematuro hacerlo porque había en la ley una fecha del 31 de octubre como vencimiento para la revisión de las cuentas públicas.

“Recuerda que les comento a los diputados cómo debía interpretarse el nuevo marco legal, con el cual ya no se puede aprobar, reformar o suspender como se hacía antes las cuentas públicas. Esto no quiere decir que se les quite la facultad de pronunciarse o legislar”, señala la auditora.

“Cómo lo debemos interpretar es que el 31 de julio es la fecha para que el Pleno tenga estos dictámenes, no para que se voten, sino para que los tengan, los conozcan, el Pleno los revise, y el 31 de octubre que tenga la fecha límite, y pueda darse un pronunciamiento del Poder Legislativo”.

La posición de la titular de la ASE coincide con la versión que defendió el Grupo Parlamentario del PRI en cada una de las reuniones de la Comisión de Fiscalización y en el Pleno los días en los cuales se discutieron los dictámenes que reprobaron los informes de las cuentas públicas de todos los gobiernos municipales, paramunicipales y paraestatales fiscalizados, y dependencias del Poder Ejecutivo.

La auditora, cuya actuación fue puesta reiteradamente bajo sospecha por los diputados de Morena, recordó que expuso puntualmente ante los diputados que las facultades habían cambiado.

“Definitivamente la emisión de un dictamen en los términos en que se hizo, no es lo que está previsto en la ley”, asegura.

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Durante las discusiones, los diputados del PRI acusaron a los diputados de Morena que integran la Comisión de Fiscalización, que se estaban extralimitando en sus facultades al modificar el sentido de los informes de cuentas públicas entregadas por la ASE. En tanto los diputados morenistas fueron firmes en señalar que la Ley Orgánica del Congreso del Estado los amparaba en su facultad de emitir dictámenes y someterlos a votación.

“La obligación que les marcaba la ley, era de dictaminar sobre lo que les estaba presentando, un dictamen para el conocimiento del pleno, no cambiar lo que traían los informes”, reitera la titular de la ASE.

La  auditora se desempeñó como asesora jurídica en materia de auditorías en la Subsecretaría de Egresos, cuando el actual gobernador Quirino Ordaz Coppel era el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal entre 2009  2010, en los tiempos de la gubernatura de Jesús Aguilar Padilla.

Félix Rivera descarta tener un conflicto de interés al revisar las cuentas públicas del gobierno estatal y explica que lo que debieron haber hecho los diputados de la Comisión de Fiscalización es señalar que podría haber sido mejor: “Que aquí hay algo que aclarar, aquí tenemos que auditar, y todo esto anotarlo como conclusiones”.

Y prosigue en señalar su desacuerdo sobre la emisión de dictámenes de la Comisión de Fiscalización que modificó el sentido de los informes que entregó la ASE al Poder Legislativo.

“Era revisar el trabajo, hablarnos a nosotros, preguntarnos, qué significaba, que quiere decir esto, por qué está así, y formular sus propias conclusiones para llevarlas en un dictamen, al pleno, y decir aquí están los informes de Auditoría, ellos dicen esto, nosotros observamos esto, y ya en el Pleno aprueba lo que la comisión está diciendo”.

—¿Sí se extralimitaron, no era lo que les tocaba?

—Yo les hice saber qué es lo que decía la ley, y en la ley no encontramos una disposición para ese trabajo que ellos realizaron.

—Durante el trabajo que realizaron estuvo siempre la duda, la sospecha del trabajo de la ASE. ¿Se siente tranquila del trabajo realizado?

—Absolutamente tranquila. Insisto el trabajo que se presentó es lo que se encontró. Hemos trabajado y mejorado los procesos. Me siento perfectamente tranquila y ahí está sobre la mesa el trabajo.

Sobre la aprobación y desaprobación de las cuentas públicas de gobiernos municipales, señala que no existieron fórmulas especiales para cada uno, y que a todos se les aplicó la misma fórmula y matriz en función del tamaño de sus presupuestos.

La auditora abogada de profesión, pero que empezó a incursionar en temas de fiscalización en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla, comenta que la mayoría de las observaciones son motivadas por la ausencia de un control interno adecuado.

—Tradicionalmente, se dijo, aquí vienen los funcionarios, los alcaldes, todos los que están señalados, en busca de que les den la ayudadita, el apoyo de la ASE para salir aprobado. ¿Se dio esto?

—Aquí recibimos a todos los funcionarios, los ex funcionarios. Esta es una oficina pública, en la que podemos atenderlos, es una de nuestras atribuciones si realiza una consulta el interesado, como en un juzgado.

—¿Pero más allá de eso…. la ayudadita?

—Más allá de eso no.

—Se especuló en el caso de Jesús Valdez, que vino a  comprobar fuera de los tiempos, que les dieron los tiempos más allá….

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—Tenemos una Oficialía de Partes, un reloj checador que marca el momento en que se recibe, firmado el documento, somos estrictos en tiempos.  Se analiza por el área correspondiente, en este caso el área de dictaminación, y si el documento tiene fecha posterior, ya pasará a otro estado.

—En la última comparecencia ante el Pleno, una  de las oradoras fue muy áspera. Aseguró que no habría un segundo informe si no mandaba a la cárcel a los funcionarios. ¿Está temerosa de eso, se siente realmente amenazada?

—En primer lugar, yo no puedo meter a la cárcel a nadie. No puedo. No tengo la facultad de hacerlo. No soy Fiscalía, no soy Ministerio Público, no soy juez. Lo que puedo hacer es presentar denuncias cuando se advierte una materia penal. No tengo temor absolutamente. Tengo la seguridad de mi trabajo, de mi conocimiento, de mi capacidad.

Félix Rivera se convirtió en titular de la ASE cuando, de manera sorpresiva, su antecesor Antonio Vega Gaxiola renunció al puesto, pese a que faltaban años para concluir el periodo para el cual fue nombrado. La dimisión del puesto por “decisión propia” se produjo en diciembre de 2016, una semana antes que el actual gobernador Quirino Ordaz Coppel asumiera su cargo.

—Comentaban también que su antecesor tenía su tiempo, pero salió de manera sorpresiva, antes del periodo para el cual fue electo, ponían bajo sospecha, qué puede ser la misión para la cual usted venía…

– Yo no podría decirte cuál era la aspiración de él, el objetivo de él. Lo que te puedo decir es que asumí el cargo consiente de la responsabilidad, de cumplir la ley, mi experiencia y mis conocimientos.

—En el caso de Echeverría (ex secretario de Salud) comentaron también que daba la impresión que se había desatendido por parte de la ASE, y no se había dado el seguimiento.

—Yo no tenía como Auditoría más en el caso, sino hacerlo del conocimiento. La Fiscalía realiza sus investigaciones. Tenemos una coordinación con ellos, respeto al trabajo que realizamos, y lo que sí hemos hecho en otros asuntos es en su momento acudir como testigos los propios auditores que levantaron las observaciones, y explicar al juez qué significa, por qué, cuál es el resultado, es lo que corresponde a nuestra parte, no tenemos la obligación de impulsar ese procedimiento.

—En el caso de las auditorías de 2017, y de otras como el ISSSTEESIN ¿podría llegarse a la presentación de este tipo de denuncias?

—Sí efectivamente, pero no se han presentado. Este tema no se les informa de manera inmediata, el Congreso ya lo sabe, hemos avanzado. Pero entorpece el tema de investigación. Lo que podemos decirles que hemos avanzado tanto el tema que ha llegado al Jurídico lo que no se solventó. Habrá que esperar noticias. Ya no de nosotros.

—¿Se ve injustamente a la ASE?

—Se aspira y todos aspiramos a un mejor gobierno y una mejor sociedad. Para ellos debemos todos de cooperar. No es la ASE la que va a arreglar Sinaloa. No es nada más el Legislativo el que va a componer Sinaloa o el Judicial, o el Ejecutivo. Para eso se creó en el sistema, hay que unirnos para eso, hay que prevenir, detección, porque la detecto y la paro inmediatamente.

E insiste, el 31 de octubre, al contrario de lo que señala el presidente de la Comisión de Fiscalización, el diputado Marco Antonio Zazueta,  será fecha de la votación del Pleno, para que formule sus conclusiones.

Artículo publicado el 18 de agosto de 2019 en la edición 864 del semanario Ríodoce.