El abogado Julio Hernández Barros calificó la prisión preventiva a Rosario Robles como “una resolución inaudita” y dijo “estar de luto” por la actuación de la justicia mexicana.

En entrevista para Aristegui Noticias, comentó que “ahora entiendo por qué muchos se dan a la fuga, porque no creen en el sistema mexicano, estoy empezando a perder la fe”.

Señaló que “nosotros venimos con toda la disposición de enfrentar el juicio, probar la inocencia de Rosario Robles, dando la cara”.

Acusó que el juez los insultó, amenazó e incluso “nos llamó cínicos” por lo que consideró que fue un trato humillante.

Incluso, “en un momento cuando exhibimos un documento que era el acta de entrega de Rosario Robles (el juez) dijo: ay, miren ese papel, es una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos. Con esos términos un juez federal dirigiéndose a la defensa me pareció realmente humillante”.

En dicho documento se le comunica a José Antonio Meade que había algunas auditorías de la ASF pendientes de integrar; solamente dice que están en periodo de integración y “que ahí se las deja”.

Robles refirió al juez que a Meade sólo lo entera que hay auditorías de la ASF en proceso de integrarse y con lo que respecta a Peña la única referencia que hace ella es que hay un canal permanente de comunicación a través del teléfono rojo, pero no refiere nada más, afirma el defensor.

“El juez puso en boca de Rosario Robles cosas que ella nunca dijo, manifestó situaciones que no habían pasado y cuando vino el tiempo de dirimir decidió vincularla a proceso prácticamente sin pruebas y haciendo comentarios sarcásticos”, aseveró.

“A pesar de tener un arraigo de 30-40 años en la Ciudad de México, de tener una casa que ha habitado en los últimos 25 años en Coyoacán… el juez determinó que estábamos mintiendo sobre el domicilio, que ella no vivía ahí, porque había un documento de una solicitud de licencia en otro domicilio… decidió que ella tenía un grandísimo riesgo de darse a la fuga, a pesar de que sus cuentas están congeladas, no tiene dinero para irse, no tiene intención de irse”, expuso.

Con su prisión preventiva por dos mes, acusó que “se violan garantías de procedimiento, no se respeta la presunción de inocencia”.

“Ni tuvo conocimiento de hechos ilícitos ni dejó de comunicar lo que sucedía”, dijo Barros.

Además, preguntó “cómo impedía que se pagara un dinero del que ella se enteraba que se había pagado hace dos años, a través de la auditoría”.

“No se enteró de ellos, muchos de estos desvíos son inexistentes porque las auditorías que dan cuenta de ellos están en marcha”, explicó.

“Ella informó a quien tenía que informarle, a la PGR, a la Auditoría… cuando ella se entera (de los desvíos) emite un documento que prohíbe que se abstengan de realizar contratos”, sostuvo.