El abogado Manuel Cristerna Peraza acusa que Beatriz Vargas González, Juez Tercero de Primera Instancia Especializado en Justicia Para Adolescentes en Mazatkán, desató un acoso judicial contra el adolescente Luis Ramón Estrada Ibarra, de 15 años, quien padece problemas neurológicos desde su nacimiento.
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El joven sufre la persecución judicial acusado por el supuesto delito de lesiones dolosas por “contusiones” a una vecina, quien lo acusa de haberla agredido.
El litigante sostiene que el método de justicia que practica la jueza Vargas González es medieval, porque en vez de investigar la veracidad o falsedad de las acusaciones contra el “imputado”, instrumenta una persecución feroz.
Cristerna Peraza asegura que la jueza de control, empecinada en molestar al adolescente, antes de investigar giró a la Policía Ministerial del Estado una orden de comparecencia para la ubicación y detención del presunto infractor.
Abogado de niños y niñas
El abogado Manuel Cristerna fue quien denunció en enero de 2014 el abuso de autoridad, tráfico de influencias y coalición de servidores públicos, perpetrados contra la joven Abigail Colio Pérez, para despojarla de su hijo y entregarlo en adopción al entonces presidente del PAN, Edgardo Burgos Marentes.
Para consumar el despojo del menor mediante argucias del DIF de Mazatlán, Abigail había sido acusada de robo calificado y encarcelada en el Cereso, cárcel de donde logró liberarla en marzo de 2015.
“Yo tengo formalmente denunciados ante el Consejo de la Judicatura y la Secretaría de la Función Pública, a jueces de todo del estado, en Mazatlán, la Cruz de Elota (el Juez Tercero Civil), y al Juez de Concordia”, asevera el abogado.
“Esa es la lucha que sostengo a nivel nacional, nomás que bajo el garlito de que no mando pruebas, el Consejo de la Judicatura no quiere entender, pero no viene a investigar al lugar donde se comete la corrupción”, enfatiza.
Adolescente perseguido
Abril Itzel Ortiz Audelo, Agente del Ministerio Público de lo Penal Especializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en la Región Sur del Estado, solicita al coordinador de Policía de Investigación en la Zona Sur, Iván Campas Álvarez, la búsqueda y localización del adolescente Luis Ramón Estrada Ibarra.
“Con la finalidad de que se le de cumplimiento a la orden de comparecencia…, por el delito de lesiones dolosas por contusiones emitida en su contra (sic) por la C. licenciada Diana Beatriz Vargas González”, indica el documento judicial.
Por su parte, Martha Leticia Ibarra Ornelas, la madre del menor, envió constancia médica firmada por el doctor Enrique Escobar Ríos, siquiatra y sicoterapeuta que durante años ha atendido a su hijo con problemas neurológicos que padece desde su nacimiento.
Ibarra Ornelas, preocupada por los daños irreversibles que la presencia de policías pueda causarle a su hijo, para protegerlo lo mantienes escondido, mientras pide prudencia y consideración a la jueza Vargas González.
“Apegándose a los mandatos constitucionales, pero sobre todo anteponiendo su criterio por encima de cualquier capricho o terquedad derivados de su calidad de Juez de Control…, y proceda conforme a lo que dicte su conciencia, pero dejando de molestar a mi hijo, por simples calumnias”, suplica la madre.
El abogado defensor de Luis Ramón opina que la “insensatez” de la Jueza Vargas González obligó a la madre a esconder a su hijo, pues es un problema sencillo que se puede resolver en la mesa de diálogo y conciliación.
“La Juez está desesperada por llamarlo a declarar, imagínate un muchacho con males neurológicos y la insensata ha mandado dos veces a la policía ministerial y se ha metido a la casa a buscarlo por órdenes de la insensata”, critica Cristerna Peraza.
Señala que irónicamente el que criminaliza y persigue al “indiciado” es un Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes que no investiga antes de molestar a un muchacho que está bajo tratamiento médico.
Hornada de corrupción
La Jueza Beatriz Vargas González, señalada por el abogado, pertenece a la hornada del magistrado Canuto Alfonso López López, quien presidió el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (STJES) cuando fue salpicado por el fraude de 209 millones 23 mil 974.51 pesos, contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El fraude fue cometido entre enero y mayo de 2019 en los tribunales de la zona sur, por una red de corrupción de jueces, actuarios, abogados internos y externos de la CFE, peritos topográficos, forestales y de energía eléctrica, mismo del que el STJES capitaneado por López López tuvo conocimiento.
El timo millonario que hasta la fecha está impune, fue cuando el STJE embargó las cuentas bancarias de la CFE para obligarla a pagarle por una servidumbre legal de paso a Belén Lavinia Murray Muñoz, supuesta dueña de un predio dizque ubicado en la Mesa de la Soledad, en la cabecera de El Palmito, Concordia.
En 2010, la Asociación Civil Contrasilencio, denunció ante la entonces Procuraduría General de la República, que el STJE sabía que en el terreno de Murria Muñoz no pasaba ningún poste de energía eléctrica y que el predio afectado por dicha “servidumbre” pertenecía a la comunidad de San Miguel del Carrizal, por lo que la indemnización correspondía a la comunidad indígena.
Artículo publicado el 11 de agosto de 2019 en la edición 863 del semanario Ríodoce.
