La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de Rosario Robles Berlanga exsecretaria de Sedesol y Sedatu y de Emilio Zebadúa, exoficial mayor en ambas dependencias, al considerar que tiene relación con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos .
En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política, publicó Aristegui Noticias.
Fuentes Federales revelaron que fueron congeladas las cuentas relacionadas con Rosario Robles Berlanga exsecretaria de Sedesol y Sedatu y de Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias y operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales. Los hechos que se investigan ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, principalmente desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banobras, citó el portal.
La investigación principal que dio origen a diversas publicaciones periodísticas fue realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Juan Manuel Portal y la investigación forense corrió a cargo de Muna Dora Buchain, directora de dicha área de la ASF.
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló recientemente que la investigación que realiza contempla la actuación de seis servidores públicos involucrados en este esquema de desvíos millonarios. Expuso que por lo menos 50 empresas estarían relacionadas con la trama y que existen fuertes indicios de conductas delictivas y lavado de dinero.
La ASF documentó, por su parte, que el gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas, de las cuales por lo menos un centenar resultaron fantasmas, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.
A finales de julio, en entrevista con Aristegui Noticias, la ex directora forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, explicó que en el esquema para desviar recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra” la indagatoria debe comenzar con funcionarios de bajo nivel que están dispuestos a revelar todos los mecanismos de esta trama ilícita que se diseñó con el fin de apropiarse de recursos públicos.
Con relación al caso de Emilio Zebadúa, la ASF ha dado seguimiento a la denuncia penal presentada en octubre 2018 -ante la entonces Procuraduría General de la República- por su presunta participación en el desvío de 185 millones de pesos que fueron desviados desde la Sedatu a empresas fantasma mediante contrataciones ilegales. Esto habría ocurrido en 2016, cuando la titular era, precisamente, Rosario Robles Berlanga.
La acusación señala que tanto Zebadúa, como Oficial Mayor, y dos de sus colaboradores suministraron recursos públicos de forma indebida a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, misma que no dio cumplimiento a los compromisos y servicios contemplados en acuerdo firmado a principios de 2016. La Universidad subcontrató, por encima del porcentaje permitido legalmente, los servicios que se había comprometido a realizar. Tampoco se acreditó que las empresas subcontratadas, hubieran realizado dichos servicios. En la acusación penal formulada, se presume, entre otras conductas, el desvío de recursos públicos en cantidades millonarias.
