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Municipios no aplican mecanismos anticorrupción: Norma Sánchez

Norma Sanchez

“Uno de los espacios más propensos a la corrupción tiene que ver con los procedimientos de contrataciones públicas, es decir, contratos para obras pública y adquisiciones de bienes o servicios”

 

“Buena parte de las denuncias iniciadas por la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas apuntan a que no son suficientes los mecanismos para prevenir los actos de corrupción y las faltas administrativas en los procedimientos de contrataciones públicas”, señala Norma Sánchez Castillo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

Lea: El lento paso del combate a la corrupción https://bit.ly/2Y7pGO5

La única voz ciudadana dentro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción señala que en Sinaloa se siguen destinando recursos a empresas que no existen, a empresas que sí existen pero que triangulan el recurso a  otras cuentas, es decir, no llegan al fin que tenían originalmente, que se siguen desviando recursos a otros puntos que no estaban planeados, que terminan en un beneficio público, pero no a donde estaba etiquetado.

La también presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, una instancia en donde seis de los siete integrantes son funcionarios públicos, afirma también que existen recursos que se destinan a empresas, cuyos socios son los mismos funcionarios públicos, y que todas estas prácticas suceden porque no hay mecanismos de control y uno de ellos es la vigilancia mediante el monitoreo ciudadano.

Quien tomó recientemente las riendas del citado comité coordinador revela que aunque el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción tiene en su nombre la referencia a trabajar también en el nivel de los municipios, lo cierto es que no existe en el corto plazo aterrizarlos en los Ayuntamientos. De hecho explica que incluso expertos han pronunciado la complicación que se tendría si pretenden trabajar a nivel de los municipios.

Reconoce que el sistema estatal no alcanza a ver lo que un sistema municipal pudiese estar viendo por estar en lo más próximo de los procesos administrativos y financieros.

La política nacional anticorrupción, precisa, tiene un rubro específico porque se ha identificado  que un tipo de corrupción se da en las ventanillas de los servicios, además de que en la encuesta del INEGI del 2015 apuntó hacia la vulnerabilidad que existe en los municipios y facilidad con que la gente paga sobornos para poder que se les resuelva algo.

La deuda, señala, está en la opacidad que todavía tiene la información que generan los municipios, la cual se está subiéndose muy lentamente a la demanda de transparencia y rendición de cuentas.

“Uno de los espacios más propensos a la corrupción tiene que ver con los procedimientos de contrataciones públicas, es decir, contratos para obras pública y adquisiciones de bienes o servicios”.

Opina que se tiene que trabajar en el Sistema Coordinador para revisar qué está pasando con los municipios que no garantizan los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que ya establecen las legislaciones en materia de obras pública, pero que al no implementarse están alimentando y estimulando que se cometan actos de corrupción.

Pone como ejemplo revisar cómo están funcionando los comités donde hay participación de ciudadanos o donde tendría que haber participación ciudadana, como son los casos del funcionamiento de los comités de obras públicas en los municipios, como una figura que contempla la actual Ley de Obra Pública.

Plantea que la actual ley señala que por cada obra debe haber dos ciudadanos vigilando, por lo que debe revisarse si están funcionando estos comités. Cada municipio, precisa, debe tener un Comité de Obra Pública, solamente para el tema de contratación.

Por ello es necesario que se activen mecanismos municipales, en los cuales pudiesen entrar los sistemas municipales anticorrupción.

“Yo soy de la idea de que tenemos que generar las condiciones de que haya funcionarios abiertos a que existan sus propios sistemas con perfiles idóneos, es decir, comités de participación ciudadana municipales que funjan como vínculo  entre la sociedad civil y el gobierno para que se pueda entender dónde está la demanda de esa sociedad”.

El sistema anticorrupción, señala, ya involucra e incluye la sanción enfocada al sector público, pero también del privado.

Hay que buscar mecanismos que prevengan estas prácticas que tocan a los particulares, como los proveedores de servicios, empresas que le están vendiendo al gobierno, quién son, si tienen políticas de integridad.

Para evitar sobornos, peculado, coalición en ellos, conductas donde ambos están involucrados, se tienen que implementar mecanismos en ambas partes, además de que los actos de corrupción se enfocan a un solo funcionario, como si fuese un caso aislado, cuando en realidad es una red.

“La sociedad en materia de corrupción quiere combatir la impunidad porque está viendo auditorías que reportan desvíos  y mal uso de recursos públicos, y  también mal uso de los recursos. Hay funcionarios que toman decisiones erróneas, y también hay particulares en esto, no hay que olvidar esta parte”.

Norma Sánchez reconoce que existe una gran resistencia todavía, aunque indica que hay algunas entidades más abiertas y susceptibles a la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas.

“Es no entender que estamos en otros tiempos”.

Artículo publicado el 28 de julio de 2019 en la edición 861 del semanario Ríodoce.

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