Las deficiencias en los controles internos, la omisión de documentación comprobatoria en el gasto, las retenciones no entregadas, así como la inadecuada supervisión de la obra pública pagada por trabajos no ejecutados, o en exceso y mala calidad, están presentes en la mayoría de las cuentas públicas auditadas en 2017, como lo han estado en año anteriores. La falta de pulcritud en el manejo de los recursos públicos es una constante en los hallazgos reportados por la Auditoría Superior el Estado. Las deficiencias están registradas por igual en el gobierno estatal, los municipios, así como en los organismos estatales y municipales

En la auditorías financieras realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al Poder Ejecutivo y sus dependencias, entre ellas la secretarías de Administración y Finanzas, Obras Públicas, Turismo y Seguridad Pública, encontró deficiencias en controles internos, omisión de documentación justificativa del gasto en servicios diversos, traslados y viáticos, combustible y lubricantes, herramientas y refacciones.

Entre otras irregularidades está el reiterado pago de sueldos de personal comisionado al sindicato y la omisión de las retenciones efectuadas por conceptos como el Impuesto Sobre la Renta o Sobre la Renta por Arrendamiento.

En total los auditores sumaron 4 mil 084 recomendaciones y acciones, de las cuales 2 mil 982 derivaron en promoción de responsabilidades administrativas y 696 en observaciones.

De acuerdo con el marco legal, cuando la ASE emite la promoción de responsabilidad administrativa, la autoridad competente debe realizar las investigaciones que correspondan conforme lo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, por las acciones u omisiones de los servidores públicos que incumplieron con las disposiciones legales.

En materia de obras públicas el gobierno estatal no cuenta con mecanismos para dar seguimiento al cumplimiento de contratos, ni para evitar que se realicen pagos por conceptos de obra no ejecutadas y en exceso, así como garantizar que las obras se encuentren terminadas y operen adecuadamente.

Pese a las debilidades encontradas, la ASE aprobó la cuenta pública del gobierno estatal de 2017.

Administración opaca

Los auditores encontraron reiteradas anomalías como las deficiencias en controles internos, entre ellas:
La Secretaría de Obras Públicas no cuenta con un manual de procedimientos autorizado para adjudicar los contratos, ni con controles adecuados para otorgar contratos por adjudicación directa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ejerció 4 millones 688 mil 917 pesos, pero no los reintegró a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno, ni los registró en su contabilidad.

También registró a Rafael Cuadras Camacho como proveedor de alimentos para internos del penal de Angostura, por un importe de 582 mil 718 pesos, pero en el proceso de contratación omitió reunir al menos tres cotizaciones, como obliga el marco normativo, además de que el domicilio fiscal del proveedor es inexistente.

LAS SSP compró butacas de beisbol en el Estadio Tomateros por 60 mil pesos, pagó 35 mil 750 pesos por una cirugía de cataratas, y 65 mil pesos por concepto de honorarios médicos por tres intervenciones al cirujano plástico Rubén Arsenio Barraza Gaxiola.

Además realizó entrega de viáticos a personal administrativo sin anexar documentación comprobatoria y justificativa.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, efectuó retenciones quincenales a los trabajadores por concepto de pensiones por 378 millones 104 mil pesos durante 2017, pero no lo entregó completo al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, quedó pendiente la entrega de 95 millones 139 mil pesos.

En la rehabilitación del Faro de Mazatlán e implementación de servicios, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas pagó 2 millones 366 mil pesos, como excedente al contrato inicial que había sido de 12 millones 604 mil pesos.

Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Sinaloa no tuvo un Programa Anual de Obra Pública 2017 debidamente formalizado y autorizado por el Congreso del Estado de Sinaloa.

En la pavimentación con carpeta asfáltica de la carretera Culiacán-Parral Chihuahua, tramo Badiraguato-Parral (7.31 km.), no se realizó una adecuada planeación, presupuestación y ejecución del proyecto ejecutivo antes del inicio de la obra en revisión, ya que el proyecto original fue modificado, incidiendo en los costos de la obra. El presunto aumento de la obra corresponde a un 97.09 por ciento, con respecto al costo contratado de 237 millones 019 pesos.

La remodelación del estadio de beisbol “Teodoro Mariscal” en Mazatlán en donde se invirtieron 100 millones de pesos, no integró el expediente completo, al omitirse la bitácora de la obra, del suministro de materiales, programa de contratación de mano de obra, maquinaria, el análisis de los costos básicos unitarios del presupuesto, base, entre otros. La omisión fue subsanada en el transcurso dela auditoría.

En el mismo estadio se pagaron 273 mil pesos por trabajos que no se realizaron, consistentes en cancelería de aluminio y lockers en las instalaciones de la casas club que ocupan los equipos visitantes y locales.

Los municipios igual: en la anarquía

No fue una novedad lo encontrado en las cuentas públicas de los municipios en 2017. Las hallazgos encontrados por la auditores de la ASE se repiten cada año. El mismo escenario en el que prevale el desorden en la administración financiera está presente en las cuentas públicas aprobadas y en las rechazadas por la ASE. La Comisión de Fiscalización consideró por ello reprobar a todos los Ayuntamientos.

Los 18 municipios no salen victoriosos de una auditoría porque en todos hay deficiencias en controles internos, lo que se traduce en diversas irregularidades como la omisión de comprobantes que justifiquen el gasto.

Las partidas más frecuentes de las omisiones de documentación justificativa está en las partidas de honorarios profesionales, reparación de vehículos y maquinaria, capacitaciones, apoyos económicos, uniformes de personal, consumo de energía eléctrica, mantenimiento de edificios, entre otros.

Sin excepción, en todos los municipios se presentan deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y contables.

En el desorden administrativo y financiero, en el cual hay una evidente desviación, los auditores encontraron, como en años anteriores, que recursos de fondos federales fueron utilizados para fines distintos a los autorizados por ley o reglas de operación, para emplearlo en el mantenimiento de alumbrado público y adquisiciones diversas como pago de diesel.

Aunque no está permitido legalmente, y ha sido señalado reiteradamente por la ASE como una práctica no permitida, los Ayuntamientos insisten en pagar el sueldo del personal comisionado al sindicato.

El principal problema en las finanzas de los municipios, en 16 de 18, son los pasivos de corto plazo sin fuente de pago.

En 11 de los 18 Ayuntamientos existe incumplimiento de carácter fiscal por omisión de pagar a tiempo el total de retenciones y contribuciones.

Ejemplos del desorden

Algunos ejemplos del desorden son la falta de controles internos, gastos sin comprobar, omisión de comprobantes del gasto, pago de obra no ejecutada, obra no planeada, deuda sin fuente de pago, retenciones no pagadas y desviación de recursos.

Concordia y Mocorito son los Ayuntamientos peor evaluados, ya que de 100 puntos sólo tienen cumplimiento de 9 y 6, respectivamente, en materia de control interno. Mientras que Ahome tiene 26 puntos.

El presidente del Patronato del Carnaval de Angostura no comprobó gastos por 113 mil pesos.

Al director de la Casa de la Cultura de San Ignacio, Manuel Antonio Delgado Valverde, se le otorgaron 14 mil 850 pesos de los cuales únicamente comprobó 4 mil 712 pesos.

En El Fuerte, los extesoreros Marco Vinicio Vega Herrera, Carlos Sarmiento Carabeo y el exgerente de la Junta de Agua no comprobaron ni reintegraron 4 millones 723 mil 804 pesos.

El Ayuntamiento de Mocorito pagó 116 mil pesos, sin contrato, para amenizar bailes de fin de año.

En Culiacán se pagaron 20 millones 566 mil pesos a favor de los proveedores Cars Doctor, S.A. de C.V., y Kawacenter de Sinaloa, S.A. de C.V por concepto de servicio de mantenimiento integral, garantía extendida y servicios de mantenimiento para autopatrullas y motocicletas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero carece de documentación comprobatoria de la evidencia justificativa del estado de los vehículos al inicio del contrato, pólizas de garantía, orden de reparación y libreta o bitácoras de registro de las reparaciones y/o mantenimientos realizados.

En Choix, el contrato de arrendamiento de maquinaria por 177 mil pesos carece de firmas y no se muestran evidencias de localidades o puntos donde se utilizó, en la reparación de caminos.

En el Ayuntamiento de Sinaloa no se aportan evidencias del avance de los trabajos realizados y se carece de contrato de prestación de servicios, en el pago de 113 mil pesos, por concepto de elaboración de manifiesto de impacto ambiental para la obra de ampliación del malecón.

El Ayuntamiento de Ahome pagó 136 mil 132 pesos por conceptos de obra no ejecutada en la Construcción del edificio de “Cruz Roja” y 4 millones 308 mil 661 pesos por conceptos de obra no ejecutada en la construcción de puente peatonal escultórico, ubicado en bulevar Río Fuerte y bulevar Rosales.

En Rosario se pagaron 155 mil 691 pesos por conceptos de trabajos no ejecutados en la Rehabilitación de Unidad Deportiva Municipal.

El 87.43 por ciento de los contratos se adjudicaron directamente en Ahome, mientras que en Culiacán el 93.98 por ciento.

La remodelación del malecón de Mazatlán Etapa 2 no estaba incluida en el programa anual de inversión de obra del Municipio, ni tampoco la pavimentación de concreto hidráulico de la vialidad Isla de Lobos del Parque Central.
Culiacán está a la cabeza de endeudamiento sin fuente de pago. Tiene 523 millones 385 mil pesos como pasivo para pagar a corto plazo.

El Ayuntamiento de Culiacán no pagó INFONAVIT (200 mil 937 pesos), no cubrió a tiempo IMSS (2 millones 478 mil), y tuvo que pagar recargos por 9 millones 477 mil pesos.

En Escuinapa no pagó el Ayuntamiento un millón 220 mil 916 pesos de Impuesto Sobre Nómina.

En Guasave se hicieron retenciones a los trabajadores para el pago de primas de seguro individuales pero no se enteraron 956 mil 92 pesos, situación similar fue en el caso de retenciones por concepto de créditos comerciales en la cuenta ISSSTEESIN, por un millón 542 mil 539 pesos, de los cuales no se enteraron 324 mil 309 pesos.

El Ayuntamiento de Angostura pagó 2 millones 305 mil pesos por el pago de refacciones de vehículos de Obras Públicas, y un millón 341 mil pesos para el pago de diesel y listas de raya, con la cuenta del Impuesto Predial Rústico, recursos que debieron haber invertido en la zona rural.

El presidente municipal, regidores y síndico procurador de Navolato tuvieron sobresueldos disfrazados por concepto de indemnizaciones por enfermedades y riesgos laborales por un millón 586 mil 335 pesos.

En Angostura, el director de Construcción, Conservación y Servicios Públicos pagó a tres empleados municipales 475 mil 511 pesos.

Artículo publicado el 21 de julio de 2019 en la edición 860 del semanario Ríodoce.