La organización Artículo 19 denunció que dos sujetos allanaron el día de ayer el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Durante el hecho ocurrido a las 18:30 horas del domingo, añadió que robaron equipo de trabajo y material periodístico y mataron a una perra que protegía la casa y otra fue envenenada.

“Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión”, dijo en un comunicado..

⚠️#ALERTA
Ayer por la tarde, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y defensora de derechos humanos, @lydiacachosi; robaron material de trabajo, mataron y envenenaron a sus perras.

Aquí toda la información: https://t.co/bqfPK0n2xZ pic.twitter.com/RnFsnULBdi

— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) July 22, 2019

Los responsables del allanamiento rompieron los cables de las cámaras de seguridad y desactivaron la alarma para posteriormente sustraer equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información relacionada con casos de pederastia, y de los cuales Cacho tiene respaldos de seguridad en el extranjero.

Además del robo de información, desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.

“Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo. El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación. Todo esto como consecuencia de la publicación del libro “Los demonios del edén” en el cual se exhibe una red de pederastas que opera en los Estados mencionados. La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística”, añade.

“Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que ‘iban por ella’ y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar”.

Como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, la Fiscalía Especia para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.

Para ARTICLE 19, las agresiones del día de ayer constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia, que ha llevado más de 14 años. En su momento el CDH señaló que “las agresiones que sufrió la periodista habían sido focalizadas y con contenido discriminatorio en razón de género y connotación sexual”. El mismo patrón sucedido en el 2005 se repite en las agresiones de ayer; la ruptura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista.

“El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez”, señala el organismo.

“Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública del Estado mexicano en que se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión, ARTICLE 19 exige a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la FEADLE, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos”.