mayo 27, 2020 5:19 am

En el banquillo un exfuncionario de Quirino y dos malovistas; ‘Lapo’ es el primer condenado

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Para la Fiscalía General del Estado, el acusado de comprar los colchones podridos sabía que eran reciclados y pidió al Juez imponer una condena de 14 años de cárcel, el pago de 4.6 millones de pesos y la inhabilitación por 28 años.

Lea: El fraude del funcionario de Sedesol por caso de colchones https://bit.ly/2NP3aJ9

Durante la audiencia intermedia realizada la semana pasada, la Fiscalía y la defensa dieron a conocer las pruebas que presentarán en el juicio oral contra el presunto responsable de comprar los colchones entregados a los damnificados por la depresión tropical 19E en 2018.

Entre los testigos que acudirán se encuentran las cinco personas que vendieron los colchones, para que declaren que se dedican a la venta de colchones reciclados, con un precio de entre 100 y 700 pesos.

La Fiscalía asegura que Carlos sabía que los colchones no eran nuevos y los compró a sobreprecio, por medio de una intermediaria identificada como María Isabel.

En esa audiencia la Fiscalía presentó la acusación formal por el delito de peculado por el que pidió una pena de 10 años de cárcel, inhabilitación de 20 años y multa de 16 mil pesos; y por el delito de negociaciones ilícitas solicitó condena de cuatro años de prisión, inhabilitación de ocho años y multa de 19 mil 214 pesos.

Como reparación del daño, la Fiscalía exige el pago de 4 millones 554 mil 600 pesos, de los cuales 2 millones 970 mil son por el costo de los colchones podridos, 433 mil 550 pesos que se pagaron por la incineración y un millón 151 mil por los colchones que se tuvieron que comprar para reponer los insalubres.

Para el juicio la Fiscalía llevará a declarar a 17 personas y las defensa a siete.

Entre los testigos se encuentran el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños; la Subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes; y Francisco Landgrave, amigo de Carlos, quien facturó la venta.

Los tres declararán primero como testigos de la Fiscalía y en una segunda ocasión como testigos de la defensa.

La Fiscalía pretendía llevar a declarar a cinco damnificados que recibieron los colchones podridos, pero fueron excluidos por el Juez a solicitud de la defensa, debido a que era innecesario, ya que el estado de los colchones es un hecho probado.

Según la Fiscalía, Carlos fue quien buscó a los proveedores y realizó los pagos.

La compra fue facturada por Francisco Landgrave y la empresa El Mariachi, cuyo giro comercial no es la venta de colchones y no está en el padrón de proveedores de Gobierno del Estado.

Para Francisco se hicieron pagos de un millón 350 mil pesos y otro de 270 mil, y para El Marichi uno de un millón 350 mil.

 

Sentencia histórica a LAPO

Luis Ángel Pineda Ochoa permanece con la mirada fija hacia abajo. No hace ningún gesto, no se mueve.

Lea: Luis Ángel Pineda, culpable del delito de desempeño irregular de la función pública https://bit.ly/32t0rIB

Frente a él, la Jueza Sara Bruna Quiñónez dicta una sentencia histórica. Es la primera vez que se condena en juicio a un ex servidor público.

Cuando la juzgadora dice que está condenado a 13 años seis meses de cárcel, LAPO sigue inmóvil, como estuvo durante toda la audiencia celebrada el martes pasado en el Centro de Justicia Penal.

El ex funcionario escuchó su sentencia por haber cometido el delito de desempeño irregular de la función pública por realizar 41 pagos ilegales por campañas publicitarias que no se hicieron.

La Jueza lo sentenció a la pena máxima de nueve años por el delito simple, pero aumentó cuatro años seis meses más porque el delito se cometió de manera continuada, en 41 ocasiones.

LAPO además deberá pagar como reparación del daño 8 millones 651 mil 798 pesos con 52 centavos y una multa de 54 mil 780 pesos; y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 28 años.

Pineda Ochoa seguirá en libertad hasta que se agoten todos los medios de impugnación de la sentencia y ésta cause estado.

Uno de sus dos abogados, Carlos Olguín Álvarez dijo que no estaban de acuerdo con la resolución y apelarán y se demostrará la inocencia de Pineda Ochoa.

Si en las impugnaciones la defensa no logra revocar la sentencia, un Juez de Ejecución de Penas determinará el penal en el que deberá purgar la condena y a partir de cuándo será ingresado.

La Jueza dijo que su carácter de Secretario Técnico tenía bajo su resguardo la administración de los recursos de la Secretaría de Turismo y se aprovechó de que la chequera estaba a su alcance para realizar los pagos.

Indicó que para los pagos ilegales seleccionó los medios, lo hizo sin esfuerzo o exponer su integridad e inventó que se debía dinero a dos empresas extranjeras.

La Jueza señaló que la motivación de Pineda Ochoa para cometer el delito fue la ambición económica para obtener ganancias sin esfuerzos con esta conducta deleznable.

Se observa un desdén absoluto a los principios morales, civiles y éticos. Estos hechos dañan gravemente el estado de derecho, señaló.

Al inicio de la audiencia la Fiscalía pidió la pena máxima y la defensa la pena mínima argumentando que no era conducta grave, el grado de responsabilidad era mínimo y es primo delincuente.

Para acreditar que Luis Ángel es una persona honesta y trabajadora y atenuar la pena, previo a la sentencia llevaron a declarar a dos personas.

Ambos coincidieron en que es un hombre de familia y una persona trabajadora que labora con su hermano en una agrícola.

Los fiscales contrainterrogaron a los dos testigos y no supieron decir el modo de vida de Pineda Ochoa pues nunca los habían invitado a su casa, solo sabían que vivía en La Herradura, que es en un fraccionamiento “bien” en Los Mochis; y tampoco supieron qué profesión tenía.

Uno de ellos dijo que los seis años que Pineda fue funcionario nunca tuvo contacto con él y el otro que solo veía a Pineda cuando visitaba Higueras de Zaragoza.

“Entonces no lo conocen bien”, dijo una de las fiscales, quien aseguró que los testigos estaban aleccionados, muy nerviosos y cuando no sabían qué contestar volteaban a ver al abogado defensor.

Tras escuchar las declaraciones y los alegatos de la Fiscalía y los defensores la Jueza consideró que el delito se cometió con el grado máximo de responsabilidad y aplicó la pena máxima.

 

Ex funcionario quiere evitar juicio

El ex jefe de Departamento de Seguimiento Documental de Contratos de la Secretaría de Obras Públicas, José Luis Ulloa Miranda, busca llegar a un acuerdo con Gobierno del Estado para evitar el juicio oral.

Lea: Involucrado en licitaciones a modo en el Tiburonario busca acuerdo para evitar juicio https://bit.ly/2JsDRIC

La semana pasada se realizaría la audiencia intermedia en la que la Fiscalía y la defensa darían a conocer las pruebas con las que cuentan y el Juez dictaría el auto de apertura de juicio oral pero el abogado del ex funcionario solicitó aplazar la sesión.

El abogado dijo que están en negociaciones con Gobierno del Estado y la Fiscalía para acordar alguna forma de terminación anticipada o solución alterna al proceso penal para evitar el juicio.

Ulloa Miranda está acusado de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública por adjudicar contratos para la construcción del Tiburonario a empresas cuyas propuestas debieron ser desechadas debido a que incumplían con las bases del concurso de licitación.

En la misma causa penal está involucrado el ex director de Contratos, Armando Trujillo Sicairos.

También estuvo acusado el ex Director de Control Administrativo Dionisio Sánchez Félix, quien obtuvo la suspensión condicional del proceso sin pagar reparación del daño, pero la decisión del Juez fue impugnada por la Fiscalía.

En mayo Ulloa Miranda también solicitó una suspensión igual que Dionisio, pero el Juez la negó debido a que no proponía un plan para pagar la reparación del daño.

La Fiscalía asegura que las licitaciones para la asignación de contratos para la construcción del Tiburonario fueron a modo, ya que se adjudicaron a empresas cuyas propuestas incumplían con las bases del concurso y las leyes, por lo que debían ser desechadas.

Los contratos fueron adjudicados en 2016 por 34 millones de pesos; y un mes después de inaugurado el Tiburonario el acrílico colapsó.

Artículo publicado el 14 de julio de 2019 en la edición 859 del semanario Ríodoce.

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