“El CPC no puede ser un órgano desconcentrado de gobierno”, sostiene Silver Meza, presidente de Iniciativa Sinaloa, tras el primer relevo realizado al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

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El nombramiento de Fernando Ruiz Rangel llegó en un escenario de doble cuestionamiento. Uno por los candados en la convocatoria para facilitar la participación de funcionarios públicos sobre ciudadanos. Otro por la falta de paridad de género en la conformación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cuatro hombres y una mujer.

Por mayoría de votos, el Comité de Selección eligió a Fernando Ruiz Rangel como nuevo miembro del Comité Ciudadano Anticorrupción. María Felipa Sarabia votó en contra y Edna Fong Payán se abstuvo.

El nuevo integrante del Comité Ciudadano Anticorrupción se ha caracterizado por una trayectoria laboral como servidor público.
Durante el presente año fue propuesto por el gobernador Quirino Ordaz Coppel dentro de la terna presentada al Poder Legislativo para comisionado de Atención Integral de Víctimas del Estado de Sinaloa, cuando los diputados votaron por Óscar Fidel González Mendívil.

Ruiz Rangel había participado en agosto de 2018 como aspirante para ser nombrado secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Entre sus cargos más recientes destaca el haber fungido como director de la Unidad de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hasta el presente año. Fungió como coordinador de la Subcomisión de Justicia para Adolescentes dentro del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su currículum no figura participación de organizaciones de la sociedad civil. Fue ministerio público del Fuero Común, director Jurídico y visitador de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, visitador judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, entre otros puestos del servicio público.

Silver Meza, director de Iniciativa Ciudadana, adelanta que por lo vivido en el primer año del Comité de Participación Ciudadana presentarán una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para evitar que los funcionarios públicos participen en espacios que son de ciudadanos y se garantice la paridad de género que especifique un porcentaje mínimo de hombres y de mujeres.

Entre las reformas que propondrán estará el eliminar las trabajas absurdas para integrar el Comité de Participación Ciudadana como el contar con título universitario de al menos 10 años de antigüedad o el tener más de 35 años.

“Lo que hacen es abrirles la cancha a los exfuncionarios y funcionarios, y los ciudadanos que tienen ganas de entrar en esto se vean limitados en la participación”.

El representante de Iniciativa Sinaloa afirma que perfiles de funcionarios públicos lleguen a ocupar los únicos espacios que son para la ciudadanía.

“La ley deja muchas lagunas donde el sistema de poder se protege para seguir dominando en los espacios, así sean dedicados a la ciudadanía”, expresa al mencionar que entre las reformas que se propondrán al marco legal será los exfuncionarios que participen sea de un margen amplio que pudiese ser de siete años de haber dejado el servicio público.

Entre los puntos que debiesen acreditarse y no está incluido en la ley sería que deba acreditar un trabajo ciudadano crítico e independiente, mencionó.

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Sólo dos mujeres se registraron: Tania López del Río y Beatriz Bueno Araujo. Las dos fueron eliminadas, la primera en el primer filtro, y la segunda en el tamiz de la revisión documental.

Diversas organizaciones civiles de la entidad y nacionales, encabezadas por Iniciativa Sinaloa hicieron público un desplegado para demandar un sistema anticorrupción incluyente, previo al día de las entrevistas públicas con los aspirantes.

Los argumentos fueron basados en que en el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción de Sinaloa se especifica que en la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará prevalezca la equidad de género.

Los firmantes del pronunciamiento público advertían que había entonces el registro de cinco hombres y una mujer, por lo que consideraban que la probabilidad numérica de que existiera equidad en la integración del Comité de Participación Ciudadana eran pocas, como lo había sido desde la conformación inicial el año pasado.

Precisaron además que en al menos siete estados, entre ellos Jalisco, Coahuila, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Estado de México y Veracruz, se había respetado el principio de equidad de género.

Los firmantes pidieron públicamente al Comité de Selección que se reabriera el proceso para generar que más mujeres participaran en la evaluación y la selección.

La respuesta de los integrantes fue entonces. “Sólo que nos obliguen”.

El procedimiento de selección no fue repuesto, a pesar que se señaló que el Senado de la República había aprobado recientemente reformas constitucionales para garantizar la igualdad de hombres y mujeres.

A nivel estructural la legislación da elementos para que el sistema anticorrupción avance, pero “el demonio está en los detalles”, considera Silver Meza.

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“El gobierno le tiene miedo al que el sistema anticorrupción funcione, se mantiene la captura del sistema no lo están dejando libre”, asegura.

“Parece que vamos hacia una simulación, armada, estructurada, planeada para que la lucha anticorrupción en Sinaloa sea un fracaso”, remata.

Artículo publicado el 7 de julio de 2019 en la edición 858 del semanario Ríodoce.