La Comisión Estatal de los Derechos Humanos señaló una serie de irregularidades en la investigación contra agentes de la Policía Estatal por la ejecución arbitraria de un joven.

La víctima se llamaba José Daniel, de 23 años, asesinado la madrugada del 10 de octubre de 2015, en la colonia Centro Sinaloa.

En una recomendación la CEDH señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado vulneraron los derechos humanos a legalidad y seguridad jurídica, a la vida y acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia con motivo del uso excesivo de la fuerza pública, ejecución arbitraria, dilación en la procuración de justicia y prestación indebida del servicio público.

Por el asesinato, el agente Ezequiel “P” se entregó a las autoridades de manera voluntaria y le dictaron auto de formal prisión, otro identificado como Abraham “A” se encuentra prófugo y de un tercero la Fiscalía no ha resuelto sobre su posible responsabilidad.

De acuerdo con la CEDH, a las 4:49 horas del 10 de octubre de 2015, se recibió un reporte sobre un robo con violencia cometido por tres personas y señalaron las características del vehículo.

Elementos de la  PEP implementaron un operativo de búsqueda y observaron un vehículo con las características similares a las que proporcionaron y el tercer agente involucrado disparó en cinco ocasiones y se inició una persecución por el bulevar Zapata a la altura de la Policía Ministerial.

Abraham declaró que la patrulla en la que circulaba se emparejó al vehículo por el lado del copiloto y Ezequiel empezó a dispararle y él también disparó en tres ocasiones.

El conductor del vehículo, Joel Daniel, disminuyó la velocidad hasta detenerse y la patrulla también detuvo la marcha; entonces Ezequiel bajó de la unidad y le disparó por el lado del copiloto y luego a la llanta del lado del conductor.

Los agentes trasladaron a Joel Daniel al hospital General donde minutos después falleció.

Los agentes policiales intentaron justificarse y ventilaron a los medios de comunicación que Joel había cometido un asalto junto con otras dos personas, y a las víctimas les habían quitado dinero y celulares pero al joven no le hallaron ni el dinero ni los celulares y tampoco hay evidencia de que andaba acompañado por otras personas.

En octubre de 2015, derivado del ejercicio de la acción penal en contra de dos policías, el Juez libró órdenes de aprehensión, siendo cumplimentada la primera de ellas no por el hecho de que las autoridades la hayan ejecutado, sino que el servidor público, Ezequiel, decidió entregarse de manera voluntaria, señala la CEDH.

En lo que corresponde al otro agente, Abraham, a poco más de tres años aún no se ha cumplimentado dicha orden de captura; y en el caso del tercer involucrado la Fiscalía no ha determinado la posible responsabilidad.

La CEDH recomendó a la Fiscalía ejecutar la orden de aprehensión pendiente; resolver la situación jurídica del tercer policía involucrado, iniciar procedimientos contra los agentes del ministerio publico encargados de la investigación por la dilación en la integración de la carpeta y contra el entonces director de la Policía Ministerial por ser omiso en responder oficios de investigación.

A la SSPE pide analizar la posible responsabilidad administrativa de cuatro agentes por la posible omisión al no detener en flagrancia a los policías responsables y ofrecer una disculpa pública a la familia de la víctima y repare el daño.