El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción marcha a su ritmo. Es lento, reconocen sus integrantes, pero, agregan, tampoco debe entenderse como un tribunal de la santa inquisición.
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“La finalidad de dicho sistema, hay que aclararlo, es establecer, articular y evaluar la política estatal en la materia (anticorrupción). No puede haber una inflación de expectativas y es falso que el sistema sea una especie de tribunal como de la santa inquisición”, dijo Francisco Javier Lizárraga Valdez, secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
“Aquí lo que es, es un conglomerado de normas, de instituciones que tienen competencias para atender la problemática desde su ámbito competencial. Los resultados serán de corto, mediano y largo plazo en los términos que se dicte la política estatal en la materia y en los programas de instrumentación con que habrá de aterrizar esta política”.
El 27 de agosto de 2018 se instaló con una sesión en el Congreso del Estado, que se presidió por Francisco Mojica, quien también es el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Junto a Mojica, en el Comité Coordinador también participan los titulares de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
El día de la instalación se planteó la necesidad de crear una base que dirigirá al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Esta debe constar en la implementación de reglamentos internos, así como mecanismos de transparencia.
Sin embargo, a la fecha, se desconoce qué ha sucedido en las sesiones de dicho Comité, salvo los documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Esa ausencia de información ha sido criticada por organizaciones civiles y empresariales, como Coparmex, que ha fijado su postura en pos de total transparencia.
¿Pero cuáles son los números del Comité Coordinador?
Desde agosto a la fecha se eligió a Francisco Javier Lizárraga Valdez como Secretario Técnico del Sistema, se redactaron y aprobaron dos reglamentos y bases internas, y se presentó información sobre un caso que se encuentra en tribunales penales.
“Nosotros tuvimos una dinámica en ese sentido cuando se presentó el asunto de los colchones. Hubo una solicitud de parte del CPC al interior del Comité para hacerse llegar de información de seguir la ruta de los contratos y del dinero que se había ejercido en ese momento porque de alguna forma el dinero ya había sido cubierto”, recordó Rosa María Lizárraga, presidenta de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
“En ese entonces el CPC puso sobre la mesa del Comité y cada una de las dependencias que formamos parte del Comité dimos a conocer lo que nos correspondía, es el único ejercicio que se ha puesto en ese sentido”.
Todo ello se sabe porque trascendió desde los integrantes del Comité y por lo publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Sus sesiones, a la fecha, no son públicas. Para poder ingresar a una de ellas se debe solicitar a la Secretaría Ejecutiva, y ésta someterla al Pleno del Comité.
Será en la siguiente reunión cuando se proponga por parte del Comité de Participación Ciudadana que las sesiones sean públicas, al menos por transmisiones en internet.
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Para Guadalupe Yan Rubio, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado, es necesario explicar a la sociedad que el combate a la corrupción es lento, pero no de forma voluntaria, sino por los lineamientos establecidos.
“Nos piden no claudicar ante la exigencia ciudadana, al contrario, hacernos más fuertes para juntos darle los frutos que exige y sobre todo entender que el malestar social no es sino que el ejercicio democrático de su mandato”.
“A la vez, hay que acercarnos a ellos y expresarles que seguimos trabajando para cambiar su percepción y en el mediano plazo la realidad existente, que no es lentitud voluntaria la que debe explicar el estado de los trabajos del sistema hasta este momento, sino el compromiso institucional de Sinaloa por trabajar de la mano con el Sistema Nacional y las políticas que en su seno se dictan”.
Cuando Yan Rubio señaló la lentitud voluntaria sobre el estado de los trabajos, es porque hay una serie de expedientes pendientes.
Por ejemplo, ante los tribunales penales hay siete casos abiertos: contratación de campañas turísticas fantasma, la contratación irregular para la construcción del Tiburonario de Mazatlán, el desvío por más de 293.5 millones de pesos en Administración y Finanzas, la contratación irregular de empresas en Servicios de Salud, los desvíos en el Ayuntamiento de Escuinapa, y la compra de colchones podridos por la Secretaría de Desarrollo Social.
Esos son casos penales, a los que deben sumarse también los casi 200 casos pendientes de resolver en la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Al menos cinco de ellos involucra a funcionarios con procesos penales.
Artículo publicado el 23 de junio de 2019 en la edición 856 del semanario Ríodoce.
