Quirino Ordaz ‘ahorca’ al Tribunal de Justicia Administrativa

ivan chavez 3

La administración de Quirino Ordaz Coppel “ahorcó” al Tribunal de Justicia Administrativa, tras suspender los dispendios que fueron autorizados por el Congreso local para el funcionamiento del órgano.

De papel, el Tribunal es un ente autónomo, pero de facto sigue siendo dependiente de Gobierno del Estado.

“Al día de hoy, este tribunal no maneja su presupuesto ni su nómina. Se maneja la nómina por el Ejecutivo del Estado”, reconoció Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Tribunal.

El último horcón fue por las ministraciones de abril, mayo y la primera mitad de junio, obligando a los magistrados a comparecer ante el Congreso, donde con la excusa de presentar el informe anual denunciaron el trato de Ordaz Coppel y las violaciones a la autonomía administrativa.

“Con esas demoras dedicamos parte de nuestro esfuerzo a lidiar con proveedores, tratando de conseguir con algunos gestiones para los servicios, para las oficinas de Los Mochis y Mazatlán, las de aquí en Culiacán”, señaló.

“De alguna manera hace que se distraigan esfuerzos del Tribunal, porque deberíamos estar concentrados en analizar trámites jurídicos, en emitir sentencias, en cómo podemos lograr una mejor interacción”.

Solo en los últimos dos meses se encontró que en la cuenta bancaria del Tribunal había 56 mil 315.04 pesos, teniendo faltantes por hasta 2 millones 300 mil pesos.

Además se presenta otro inconveniente, pues hay una cuenta por pagar por parte de Servicios Generales por hasta un millón 796 mil 543.68 pesos, que no pueden ser liquidados por falta de los dispendios.

Previo a la denuncia, Chávez Rangel se reunió con los secretarios de Gobierno y Administración y Finanzas, a quienes se les solicitó finalizar el esquema de administración y que se les otorgara ese recurso aprobado por el Legislativo.

De esa reunión se logró un acuerdo para nombrar a personas que estarán a cargo de esa transición.

Ese aviso del Tribunal dio pie para que otros organismos autónomos también expresaran tener el mismo tipo de autonomía administrada por Gobierno del Estado.

“Creo también que es algo que ha venido haciéndose cada vez más difícil de sobrellevar por la institución, la cuestión de la demora en la entrega de las ministraciones es algo que se ha dado y de lo poco que he oído de otros órganos autónomos es que están en situación similar”, aseguró.

El limitar la administración de los recursos financieros ha significado el retraso de la ejecución de sentencias, debido a que previo a la toma de decisiones hay una serie de acciones que deben realizarse, como notificaciones, pero el Tribunal no cuenta con vehículos utilitarios.

“Tenemos un rezago en la ejecución de sentencias, que es un rezago para el Tribunal como para los justiciables”, reconoció.

“Sabemos que quien viene al Tribunal no viene por una sentencia, viene a resolver un problema que tiene, y la sentencia sí es una declaratoria de derechos, es un título de reconocimiento de derechos, pero la gente quiere resolver su problema”.

“Sí hay conciencia de parte de los que trabajamos en el Tribunal que no todo es cuestión de dinero, también hay cuestiones de estrategia que podemos ir solventando para llevar, para tener mejores resultados”, indicó.

—¿El retraso de los recursos afecta las decisiones del Tribunal?

—La cuestión de actuar con imparcialidad de parte de los jueces, de ser un órgano independiente sí tiene una carga personal en principio, podría decirse.

“Sí hay gente que tiende a ser más o menos proclive de actuar con independencia ante cualquier circunstancia de presión o no, lo importante del tema presupuestal en cierto tipo de órganos donde tenemos toma de decisiones, y más en estos que juzgamos la acción del Ejecutivo, es que se trate de que haya ciertas condiciones para que todos los servidores públicos estén en mejor condición de resistir una posible presión.

“Por ejemplo, en órganos como el nuestro, que no tenemos suficiente personal para sí la carga que tenemos, sí el estar distrayendo nuestra atención, nuestros recursos humanos, nuestra capacidad de gestión… pues estar viendo cómo vamos a pagar los servicios que hacen posible que funcione la oficina”.

—¿No será a propósito?

—Yo lo que creo en este preciso momento corresponde decirlo, decir lo que está sucediendo, como lo intentamos hacer ante el Congreso, para generar elementos de juicio, para que haya ciertos elementos en donde ya podamos hablar, poner en consideración de nosotros mismos, del propio Congreso que tiene la facultad de la fiscalización del gasto público, de ver en qué medida esa condición financiera pueda incidir en nuestras decisiones.

Artículo publicado el 16 de junio de 2019 en la edición 855 del semanario Ríodoce.

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