Denuncian ejidatarios de Isla del Bosque, Escuinapa, que opositores fueron asesinados

“De las 578 hectáreas de terreno de uso común, 265 nos fueron despojadas fraudulentamente por el empresario atunero José Eleovigildo Carranza Beltrán, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa”, acusan ejidatarios que se manifestaron el viernes 17 de mayo, en el crucero del acceso a las Fiestas de las Cabras.

“Es algo indignante vivir a estas alturas estos actos de corrupción que dan vergüenza y coraje, lo más triste y grave es que los dos primeros compañeros que se opusieron a esta asignación (ilegal de las tierras), los mataron”, denuncian los integrantes del Grupo Inconforme Pérez y Aguayo.

Los campesinos se lo explicaron en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al no tener respuesta a la denuncia, decidieron realizar una manifestación pacífica, en el terreno que el empresario presta al Ayuntamiento (presidido por el alcalde morenista Emmet Soto Grave)  para que realice sus fiestas por conveniencia”, enfatizan.

Pérez y Aguayo

De acuerdo a la versión de los habitantes de la comunidad de la Isla del Bosque, Ernesto Pérez y Abel Aguayo fueron dos expresidentes del Ejido Isla del Bosque que se opusieron en las asambleas a modo del abogado Munir Aun Navarrete, lugarteniente del empresario José Eleovigildo Carranza Beltrán.

“Estos dos compañeros fueron los que se opusieron en las asambleas donde se estaban tomando los acuerdos para vender, así es que ellos proponían que tomaran las cosas con calma para que se llegara a una justa negociación”, recuerdan.

Con impotencia e indignación añaden: “Y como otra empresa estaba interesada, Munir Aun Navarrete empezó a amenazar a la gente que se oponía, así que esto fue de ‘a güevo'”.

En la memoria de los campesinos quedó grabado aquel 25 de octubre de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se celebraron aquellas tres asambleas el mismo día, sin importarles a las instancias encargadas de impartir justicia que todo el proceso para arrebatarles sus tierras era ilegal.

“Ernesto Pérez fue acribillado a balazos afuera de su casa, y a Abel Aguayo lo ahorcaron en la parcela escolar del rancho”, recuerdan con tristeza.

Para perpetuar la memoria de Ernesto Pérez y Abel Aguayo, los ejidatarios formaron el Grupo Pérez Aguayo, denunciando desde 2010 los abusos sufridos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y consolidados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes emularon a Carlos Salinas de Gortari, con el “ni los veo ni los oigo”.

Los campesinos inconformes de la Isla del Bosque sostienen que tienen nueve años denunciando los hechos, pero sin justicia, por el miedo que le tienen al empresario tanto la prensa, como el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Poder Judicial del Estado.

Los manifestantes argumentan que para despojarlos de sus tierras las autoridades correspondientes violaron los artículos 20, 24, 25, 26, 27 57, 73 74, 75, 80, porque no se cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley Agraria.

Asimismo los denunciantes afirman que se violentaron los artículos 1, 14, 16, 17 y 27, fracción VII, de la Constitución General de la República, porque la forma en que perpetraron el fraude refleja que no se respetan las leyes.

La carta a AMLO

“Ocupamos urgentemente se respeten nuestros derechos constitucionales. Esto que pasa en nuestra comunidad es anticonstitucional, señor presidente AMLO, sería muy triste para nosotros que también usted nos abandone”, escribieron los ejidatarios en una carta entregada al presidente durante su visita al Club de Leones del municipio de El Rosario.

“Da coraje e impotencia ver cómo el Poder Judicial del Estado está a disposición de los poderosos, estamos lejos los pobres de ser tomados en cuenta”, lamentaron.

La misiva indica: “Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, sepa usted que seguiremos insistiendo se respeten nuestros derechos constitucionales, la ley es muy clara, considerándola con todo respeto”.

“Nosotros, continúan, como grupo de ejidatarios, hijos de ejidatarios, esposas de ejidatarios y avecindados del Ejido Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, reconocidos como tales y con personalidad jurídica según prevé el artículo 27 Constitucional, fracción VII, tienen la obligación de que se proteja nuestra integridad”.

Los grupos indígenas explicaron a AMLO lo ocurrido durante el proceso ilegal.

“Para que tenga más conocimiento de lo que han sido capaces de hacer el señor Rubén Alejandro Vázquez López y el señor Miguel Rafael Ledón Vizcarra, oficialmente por auto dictado se dispuso llamarlos a juicios por edictos”, explican.

“¿Y qué cree?”, preguntan a AMLO, para luego responder ellos mismos: “jamás se les pudo localizar por ningún lado con apoyo del Código Federal por los numerales 185, fracción V de la Ley Agraria y 288 de la misma”.

“Se les tendrá por perdidos los derechos, argumentan, ya que surtirán efectos por estrados, una vez agotado el plazo de la última publicación se deberá tomar en cuenta la celebración de la audiencia prevista para su comparecencia; y como no se presentaron se tendría que cumplir con el emplazamiento de los dos demandados, así está establecido en el artículo 173 de dicha Ley”.

Los denunciantes dicen tener muy claro que de acuerdo con la Ley, una vez agotado el término deberían haberles restituido las tierras inmediatamente.

“Ah, pero como el apoderado legal es el señor empresario atunero José Eleovigildo Carranza Beltrán, el Poder Judicial en el estado no pudo hacer nada porque le tienen miedo; y tienen razón porque no hay garantías”, lamentan.

Artículo publicado el 19 de mayo de 2019 en la edición 851 del semanario Ríodoce.