El Congreso del Estado se le sumaron la correspondencia por controversias constitucionales por dos actuaciones de la actual Legislatura.
En ambos casos, el Congreso del Estado tiene un plazo de 30 días para aportar la información requerida por parte de los juzgados que tienen a su cargo las controversias.
En la sesión ordinaria de este martes, el Pleno fue enterado de la notificación recibida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la controversia constitucional promovida por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro en contra el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, al impugnar la discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación del decreto que contiene las tablas de valores de suelo de las construcciones de Culiacán para el año 2019.
En la misma sesión, se leyó también el oficio que recibió el Congreso del Estado por la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al reclamar al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, la invalidez de los artículos 6 y 23 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.
Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, explicó que las notificaciones recibidas forman parte de un proceso, en el cual el Poder Legislativo aportará la información que se requiere para que se realice la revisión de la controversia.
En el caso de la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no implica que queda sin efectos la aplicación de la ley, solamente están cuestionados dos artículos y en ese sentido la Corte va a entrar a un análisis si hay una contradicción con la Constitución.
En entrevista por separado, Sergio Jacobo Gutiérrez, recordó que en el caso del decreto de las tablas de valores del suelo, cuando se dio la discusión su Grupo Parlamentario argumentó que se trataba no de un incremento, sino solamente de un actualización, por ello los diputados del PRI votaron en contra.
En el caso de la Ley de Remuneraciones argumentó que en su momento los diputados del PRI advirtieron que no era conveniente legislar en Sinaloa sobre una iniciativa que estaba todavía en controversia a nivel federal.
