En un hecho inusitado, el Congreso del Estado de Sinaloa invalidó el nombramiento de un magistrado al acatar la resolución emitida por un tribunal.

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Pese a que diputados de las diversas fuerzas políticas intentaron romper el quórum para evitar la destitución del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Samuel Torres Ulloa, 19 diputados de Morena y uno del PT votaron el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación que planteaba el acato a las disposiciones emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito.

El caso prácticamente tomó por sorpresa a los legisladores que no lo tenían dentro de la agenda, pero el acuerdo emitido el pasado 28 de marzo por el tribunal en favor de Lucila Ayala de Moreschi no tenía margen de discusión, la resolución para el Poder Legislativo era de acatar la sentencia.

La notificación oficial llegó al Poder Legislativo el día lunes 22 de abril, fecha a partir de la cual se tenían tres días para que se acatara la disposición. La fecha y hora de vencimiento del plazo era el jueves a las 12:00 de la noche.

La votación se produjo con menos de media hora  para que se venciera el plazo. Sólo 19 diputados de Morena estuvieron presentes y uno del PT, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral.

La presencia más celebrada entre los diputados de Morena fue la de la diputada Victoria Sánchez, quien al entrar al salón de sesiones provocó un espontáneo aplauso de sus compañeros de bancada.

La secretaria de la Mesa Directiva, Flor Isela Miranda, inició alrededor de las 7:00 de la noche a intentar comunicarse a los teléfonos celulares de los diputados de los diversos grupos parlamentarios para avisarles que la sesión se reanudaría para que regresaran a la sala de sesiones. Sin embargo, los teléfonos estaban apagados, otros no respondían, y en otros casos como el diputado de Morena, Fernando Mascareño, excusó que tenía migraña.

La jornada de ese jueves inició con la programación a las 9:00 de la mañana de una reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Justicia para revisar la notificación que había recibido el Poder Legislativo sobre la sentencia. El plan era que esa misma mañana se emitiera el dictamen para que la Mesa Directiva lo incluyera dentro de los puntos de la orden del día.

La diputada del PRI, Gloria Himelda Félix, quien es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, argumentó que no había condiciones para la celebración de la reunión, en primer lugar porque se desconocía el contenido del documento de la sentencia, pese a que la notificación había llegado tres días antes.

El Grupo Parlamentario del PRI intentó postergar el momento en el que el Pleno pudiese votar el dictamen que llevaría a la destitución del magistrado Torres Ulloa. La posición de la bancada siempre fue que no se oponían al contenido de la sentencia y reconocían que las resoluciones de un tribunal no son para discutirse, sino para acatarse, pero enfatizaron que era importante seguir con cuidado los procedimientos.

Uno de los argumentos de la legisladora del PRI, quien es abogada, fue que el magistrado Torres Ulloa había presentado un recurso de revisión ante los tribunales, por lo que era conveniente esperar a conocer la respuesta antes de tomar una decisión sobre la sentencia que favorecía a Lucila Ayala de Moreschi, quien había promovido el amparo de la justicia al sentirse vulnerada en sus derechos como magistrada.

Con retraso de alrededor de media hora inició la sesión, pero no se incluyó el punto de la resolución que había llegado de los tribunales sobre la destitución del magistrado. El acuerdo al que se había llegado en la Junta de Coordinación Política era que durante la sesión se decretaría un receso para la revisión de abogados de los grupos parlamentarios y la elaboración del dictamen por parte de las comisiones legislativas involucradas en el tema.

Alrededor del mediodía, cuando se estaba en puntos generales, el presidente de la mesa directiva, Marco César Almaral Rodríguez, decretó el receso por tiempo indefinido. Se tenían 11 horas para votar en el pleno el dictamen que dejaría sin efectos el procedimiento de designación de Torres Ulloa, realizado en marzo de 2017 por la anterior Legislatura.

En la primera sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Félix fue insistente en seguir los procedimientos antes de la votación. En fuentes legislativas corrió la versión de que el PRI buscaba ganar tiempo y retardar lo más posible la votación, para darle oportunidad al recurso presentado por el magistrado Torres Ulloa.

Félix expresó la necesidad de no precipitarse y propuso un receso para verificar los estrados de los juzgados para buscar la respuesta al recurso de revisión presentado por el magistrado Samuel Torres Ulloa. Ante la insistencia de la legisladora priista, se otorgó un receso de media hora.

Al agotarse el receso, y sesionar la referida comisión, la diputada Félix recalcó que su partido no pretende evadir la aplicación de la sentencia, ni que su posición es una “trampa política”, sino evitar impactos irreversibles incluso para la propia quejosa del caso.

Los diputados coincidieron que no tenía sentido continuar postergando la aplicación de una sentencia, por lo que debía votarse para proceder a elaborar el dictamen que sería llevado al Pleno.

Tres diputados votaron a favor de pasar el procedimiento ante el Pleno para acatar la sentencia de los tribunales, en tanto que la diputada del PRI votó en contra.

Ya habían transcurrido más de seis horas de receso, pero el Congreso del Estado estaba entrampado porque no se lograban reunir los diputados. Las curules lucían vacías. En el salón de plenos había más reporteros que diputados, pero poco a poco y a cuenta gotas empezaron a llegar los legisladores de Morena.

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Era un hecho que los diputados del PRI no estarían presentes. Las llamadas para sumar diputados por parte de la legisladora de Morena, Flora Isela Miranda, secretaria de la Mesa Directiva eran sin mucho éxito. Hizo una llamada a la otrora diputada del PES, Karla Montero, pero su teléfono estaba apagado. Mismo resultado tuvo con el diputado del PRD, Edgar González, quien incluso había firmado el dictamen para proceder a la destitución del magistrado. De la diputada del PAS, Angélica Díaz y de Morena, Fernando Mascareño, comentó le habían dicho estaban físicamente indispuestos.

El plan inicial había sido concluir la sesión ordinaria iniciada en la mañana para convocar a una sesión extraordinaria inmediata, pero el número de diputados, apenas 20, no permitiría iniciar una sesión para lo cual se requerían obligadamente el quórum legal.

Entró en acción ahí, un plan “b”, el mismo utilizado para sacar adelante el Presupuesto en la madrugada del Año Nuevo.

En lugar de clausurar la sesión, al filo de las 10:30 de la noche apareció el presidente de la Mesa Directiva, Marco César Almaral, decretó terminado el receso y continuó la sesión. Acto seguido pidió a los diputados presentes votaran para incluir el dictamen de la resolución de los tribunales que promovió Lucila Ayala de Moreschi. El punto quedó incluido.

La mesa directiva no estaba completa, faltaban tres diputados: Roxana Rubio (PAN), Mariana Rojo  (Morena) y Angélica Díaz (PAS), y pidió se votara para nombrar de manera provisional como integrante de la mesa directiva al diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo.

Así solos, los diputados de Morena, con menos de media hora para que venciera el plazo, acató la disposición de los tribunales de invalidar el nombramiento del magistrado, sonó la campana que equivalía a que el acuerdo entrara en vigor en el mismo momento de su aprobación.

Al día siguiente, el PRI advirtió que emprenderá una batalla legal para invalidar la sesión del jueves. Acusó a los diputados de Morena de anteponer los intereses políticos por encima de la ley.

Los ocho diputados del grupo parlamentario del PRI, junto con los dos legisladores del PAN, dos del PT, uno del PRD, uno del PAS y los de Morena Fernando Mascareño, Palestino Carrera y Mariana Rojo Sánchez, así como de los diputados sin partido Karla Montero y José Manuel Valenzuela, abandonaron el Pleno para evitar aprobar estar de acuerdo con ese dictamen.

Artículo publicado el 28 de abril de 2019 en la edición 848 del semanario Ríodoce.