Zaid Gerardo murió de un balazo en la cabeza a sus 17 años. El disparo salió de la pistola de uno de sus amigos de manera accidental.

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El joven de 17 años, vecino de El Fuerte, estaba reunido con un grupo de amigos, cuando uno de ellos sacó una pistola para mostrarla y le quitó el cargador.

Uno de los muchachos, de 16 años, tomó el arma, apuntó hacia la cabeza de Zaid jugando y apretó el gatillo.

De la pistola salió un balazo que mató a Zaid. Le habían quitado el cargador pero no un tiro que tenía en la recámara.

Para evitar este tipo de accidentes y el armamentismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública ha implementado la Campaña de Donación y Registro de Armas de Fuego desde 2001 para que los ciudadanos sacaran las armas de sus casas, pero de recibir cientos de armas, en los últimos años la captación cayó.

De acuerdo con datos del SESNSP y la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2014 los ciudadanos entregaron 2 mil 306 armas, en 2015 fueron 2 mil 038, para 2016 la cifra cayó a 960 al siguiente año a 552 y en 2018 apenas fueron 293.

El año pasado los ciudadanos registraron 113 armas para tenerlas legalmente en casa.

La captación de municiones se había mantenido pero el año pasado bajó.

En 2014 entregaron 375 granadas, el año siguiente aumentó a 736, en 2016 fueron 413, en 2017 donaron 421 y el año pasado 59.

El año pasado también entregaron siete lanzagranadas.

Entre las que los ciudadanos han donado se encuentra un torpedo submarino y un mortero.

Según la Memoria Documental de la Sedena, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, en todo el país donaron 9 mil 630 granadas.

Sinaloa es el estado con el mayor número de esos artefactos explosivos con 2 mil 311, seguido de la Ciudad de México con 2 mil 238 y el Estado de México con 1 mil 645.

El Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, en diversas ocasiones ha pedido que se elimine esa campaña debido a que no da resultado.

Para este programa, señala, se destinan recursos y los resultados no tienen ningún impacto.

El problema del armamentismo, dijo, se debe atacar de fondo con un plan estratégico de seguridad.

También señala que las armas que donan son viejas o que no sirven, pero no con las que se cometen los delitos.

Mencionó que las campañas de donación han tenido resultados mínimos comparado con el daño que han causado las armas de fuego.

Durante el año pasado, indicó, se cometieron más de cuatro mil delitos cometidos con arma de fuego.

Las donaciones de armas en las campañas y los aseguramientos se han reducido, manifestó.

En el caso de los aseguramientos de armas que hacen las autoridades, dijo, éstos han sido esporádicos o fortuitos.

En sus informes, el SESP asegura que las campañas que se han realizado desde 2001 han permitido contribuir con el objetivo de prevenir accidentes fatales en los hogares sinaloenses con la posesión, portación y uso de armas de fuego, así como disuadir conductas antisociales y la comisión de hechos delictivos.

En el informe de las campañas realizadas en todo el país durante el sexenio pasado, la Sedena asegura que son una alternativa para la inmediata atención y solución al problema de la seguridad pública en el país.

“La entrega de las armas de fuego por parte de los ciudadanos, permitió retirar un importante número de armas en las entidades federativas durante el establecimiento de módulos de canje de armas de fuego, lo cual disminuyó la violencia y accidentes por armas de fuego entre las familias mexicanas”.

“Fue posible apreciar los beneficios siguientes: generación de condiciones adecuadas para el desarrollo de la nación, coadyuvando a la paz pública y la preservación del orden. Se inhibió el uso de armas, municiones y granadas en el territorio nacional”, establece.

La campaña dio certidumbre a la sociedad sobre el destino final de las armas donadas debido a que fueron testigos de la destrucción de las que entregaban.

Menciona que es un medio para proyectar ante la sociedad que el empleo de estos artefactos bélicos no es la solución a los problemas de inseguridad, por el contrario, con su empleo se incrementa la violencia y por consecuencia los índices delictivos.

“Con motivo del ambiente de inseguridad que se percibe en diversas localidades del país, la población civil se ha visto en la necesidad de adquirir armas de fuego de forma legal e ilegal para su propia seguridad, la de sus familias y patrimonio; esta medida lejos de contribuir a disminuir los índices de violencia los incrementa, ya que el desconocimiento en el manejo de armas de fuego y medidas de seguridad en su empleo, generan más incidentes que soluciones al problema de inseguridad”, indica.

En el estado, inicialmente la campaña se realizaba durante un periodo del año en todos los municipios pero en 2013 se decidió hacerla permanente.

Desde entonces, la campaña es todo el año e itinerante por todos los municipios.

El año pasado, por ejemplo en Culiacán hubo un periodo en febrero y enero y otro en noviembre y diciembre.

Las armas recibidas fueron destruidas y las que son consideradas con valor histórico, cultural, científico o artístico son remitidas a la Sedena para su valoración y en caso procedente exhibirlas en museos históricos.

Por las armas permitidas por la Ley los ciudadanos reciben mil pesos y por las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea obtiene 2 mil 500 pesos o una laptop.

La campaña de 2019 todavía no se ha puesto en marcha.

Artículo publicado el 21 de abril de 2019 en la edición 847 del semanario Ríodoce.