Va Morena contra los servicios de protección a particulares por parte de la SSP

Va Morena contra los servicios de protección a particulares por parte de la SSP

 

Por considerarlos violatorios a la Constitución, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa que descartará la prestación de servicios de protección a particulares por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

La iniciativa evitará el “guarismo de funcionarios y particulares”, explicó la diputada de Morena, Rosa Isela Miranda Leal, quien subió a tribuna a exponer los motivos de la propuesta.

La diputada acusó que el gobierno  estatal viole las disposiciones constitucionales y legales para hacer de la inseguridad pública un negocio, al desviar las funciones del servicio público a la protección de particulares y de tener de ellos ingresos por 130 millones de pesos anuales.

Indicó que según datos del Segundo Informe de Gobierno, un total de 379 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están destinados a la protección de intereses de particulares, agrícolas y comerciales.

Criticó que mientras se destinan los elementos a la protección particular, el Plan Estatal de Desarrollo y el programa de seguridad pública reconocen un déficit de 4 mil 457 elementos de seguridad pública, en términos de los parámetros de las Naciones Unidas, que recomienda tres policía por cada mil habitantes.

“Ese negocio de la inseguridad pública que el Gobierno del estado hace con recursos públicos, debe terminar y debe hacerlo ya, por lo parcial y discriminatorio que representa el hecho que el servicio no se brinde a la gente que no pueda pagarlo”, expresó.

La legisladora abundó que los servicios de protección privada deben terminar porque se pueden estar utilizando recursos federales etiquetados mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, situación que incluso pidió sean investigados por la Auditoría Superior del Estado.

La propuesta de Morena contempla una reforma a la Ley de Hacienda para que en la Ley de Ingresos nunca más contenga el concepto de “servicios de seguridad estatal”, con el cual el gobierno estatal ha disfrazado la privatización de la seguridad pública.

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