La Sala Anticorrupción está rebasada: María Chaidez

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Ya se había advertido que el combate a la corrupción no sería sencillo, más no que este no sería una prioridad.

María Chaidez Zepeda, quien hoy es Magistrada de la Sala Especializada en Materia Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, lo resume en que el sistema, por sí solo, es deficiente.

Lea: El Sistema Anticorrupción en Sinaloa funciona… en la oscuridad https://bit.ly/2OIGx66

Aclara que no es por las dependencias, por los actores elegidos para la tarea, sino por el alto costo y la baja propuesta económica que hay para resolver los asuntos.

El ejemplo, dice, es la sala que ella encabeza.

“La gente, o todos quisiéramos que esto fuera más rápido, pero haz de cuenta que yo recibo un expediente y al analizar la demanda te das cuenta de que le faltó algo y lo requieres para que aporte ese requisito que le faltó de acuerdo a la ley, eso te lleva un tiempo, tú le notificas, ellos te contestan y luego ya que integraron la demanda se le da vista a la autoridad demandada para que conteste en relación con la demanda que se está planteando y luego ya tiene su tiempo para contestar”, explicó.

“Luego tienes que ver si hay un tercero interesado que también se tenga que llamar a juicio, y todo eso te lleva un tiempo que la Ley establece y después de que ya se contestó todo eso, como esta sala tiene cobertura a nivel estatal es más tardado a veces las notificaciones, esto aunado a que tenemos muy poco personal y equipo de transporte para hacerlo directamente”.

Sólo en la Sala Anticorrupción se tienen acumulados 220 asuntos desde que se creó y hasta hoy.

La mayoría son casos promovidos por los ayuntamientos de Ahome y Mazatlán. Asuntos que han sido analizados por ella o por las otras cinco personas que están en esa sala. Una de esas es empleada del Tribunal para resolver las necesidades de oficina.

Ahí todos hacen de todo: analizan, resuelven, dictaminan, elaboran y envían oficios, se comunican con abogados y se defienden de los juicios de nulidad.

“Con todas estas limitaciones también se conlleva a retraso en la impartición de la justicia pronta y expedita que quisiéramos, porque la gente en la calle te ve y te dice: ‘¿cuándo vas a meter a la cárcel a fulanito?, cuándo vas a meter a la cárcel a perenganito?’, eso cuando ya te identifican, aunque es materia penal y nosotros veamos faltas administrativas”, indicó.

En la sala anticorrupción hay expedientes como los de los ex secretarios Armando Villarreal Ibarra, Ernesto Echeverría Aispuro y José Luis Sevilla Suárez, quienes han sido sancionados por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado.

También se encuentran los casos de los ex alcaldes de Mazatlán Carlos Felton González y Alejandro Higuera Osuna, ambos de extracción panista, quienes fueron inhabilitados por la administración del priista Fernando Pucheta.

Hay, en total, 26 casos abiertos que se resolvieron por la Secretaría de Transparencia o la Auditoría, o por los órganos de control interno de ayuntamientos bajo lo que se dictó previo a la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Estos siguen sin resolverse de forma total por la carga de trabajo y, en algunos casos, el retraso ha provocado que estos queden sin efecto por el tiempo de las sanciones.

Por ejemplo, el caso de Sevilla Suárez, quien fue sancionado con una inhabilitación por tres años, después de que se detectó que firmó diversos convenios que rebasan de forma indebida el plazo de ejecución y monto original de los contratos, sigue “congelado” en la sala.

El caso se mantiene desde noviembre del 2017 en la Sala Anticorrupción, es decir, la mitad de la sanción se ha pasado en los tribunales.

Pero la falta de personal no es la única torpeza que se tiene en la Sala.

A partir de los cambios legislativos que se hicieron en 2017, la Sala Anticorrupción es quien debe imponer las sanciones, pero se han topado con otro factor: los funcionarios municipales no están capacitados.

La Ley del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción establece que en los municipios deben crearse sistemas municipales y cada Ayuntamiento debe contar con Órganos Interno de Control.

Estos órganos deben encargarse de la investigación y sustanciación de los casos, para que cuando ya estén listos se puedan resolver directamente en la Sala Anticorrupción.

La realidad es que ningún municipio tiene órganos internos de control, por lo tanto tampoco hay investigación y cada uno de los casos que se han pasado a la Sala son devueltos o resueltos en contra de los propios ayuntamientos.

“Hay sancionatorios que se han tenido que desechar o regresar a la autoridad que la envió, a la que consideramos que es competente, porque no están cumpliendo con los requisitos que establece la Ley que deben de tener”, aseguró.

“Hay muchas deficiencias en estos informes de parte de las autoridades investigadoras y sustanciadores, porque con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, existen autoridades investigadoras, sustancias y resolutoras”.

Artículo publicado el 7 de abril de 2019 en la edición 845 del semanario Ríodoce.

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