Aprovechando el panel para la Formulación de Iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, el Colectivo de Periodistas por la Paz y Libertad de Expresión emitió un pronunciamiento.
En éste, señala las actuaciones del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el Secretario José de Jesús Flores Segura y del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, David González Torrentera.
En la lectura, Raquel Zapien Osuna, integrante del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión, hizo un llamado para que desde el ámbito de sus facultades, las autoridades de todos los niveles de gobierno garanticen el libre ejercicio periodístico y eviten acciones que acotan, directa o indirectamente, los derechos ciudadanos.
“Nos pronunciamos por una relación de respeto mutuo que contribuya al ejercicio pleno de las libertades por el bien de la sociedad a la que servimos desde diferentes instancias”, conminó.
“Desde que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, en el caso de Mazatlán, Sinaloa, las agresiones y obstrucciones a la labor periodística por parte de autoridades municipales tienden a reproducirse y normalizarse”, .
En el pronunciamiento se asentó que en los últimos cuatro meses, se han reportado y documentado expresiones que descalifican el ejercicio informativo de quienes cubren la fuente oficial y germinan el discurso de odio contra el gremio.
“Entre las diversas modalidades de agresión se incluye el bloqueo informativo y el contacto físico.
El miércoles 3 de abril de 2019, al finalizar el programa semanal “De cara al pueblo”, una periodista del diario Noroeste se acercó al Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, para cuestionarlo sobre la situación del Instituto de Cultura, tras la renuncia del director. Cuando el munícipe daba respuesta al cuestionamiento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, David González Torrentera se interpuso entre Benítez Torres y los reporteros que intentaban hacer más preguntas mientras su interlocutor se alejaba. La reportera trató de esquivar al funcionario cuando éste la jaló del brazo izquierdo para detenerla. Al ser interpelado por tal acción, de la cual hubo testigos, negó el hecho”.
Reporteros de la fuente refieren que esta no es la primera ocasión en que miembros del gabinete se interponen para evitar que la prensa se acerque al munícipe, agregó.
Otro de los casos se registró el pasado 24 de febrero del presente año, cuando el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, corrió de la sala de cabildo a periodistas de Noroeste y de otro diario local que acudieron a preguntar los resultados de los comicios de síndicos y comisarios, ya que ahí se concentraba el escrutinio final. El funcionario los intimidó al pedir sus nombres y los del medio para el cual laboran y al advertir que podrían incurrir en responsabilidad, no obstante a que solo entraron a pedir información sin tocar ni alterar nada.
“Apunten sus nombres por si mañana sale una nota que nos pueda perjudicar”, instruyó ante la presencia de varios testigos. A gritos, también llamó la atención de los policías que permitieron el acceso, citó Zapien Osuna.
El pronunciamiento incluye que a estas acciones se suman expresiones frecuentes por parte del presidente municipal, Benítez Torres, tales como “prensa fifí”, “prensa golpeadora” y “grupos que tergiversan la información”; adjetivos que utiliza de forma general para referirse a los reporteros y medios de comunicación, sin más prueba que su palabra.
“Estas acciones trasgreden los derechos de libertad de expresión e información de los periodistas y de los ciudadanos en general. Al mismo tiempo, se vulnera la integridad y seguridad de los comunicadores en un contexto violento que coloca a México como el país de América más peligroso para el ejercicio periodístico y el tercero a nivel mundial, según indicadores dados a conocer por organismos internacionales como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.
La denostación, el uso de calificativos y las amenazas veladas inhiben libertades, discriminan, estigmatizan, fortalecen el discurso de odio e incitan a la violencia. Todas ellas, se contraponen a las funciones y responsabilidades de quienes gobiernan”.
La violencia, en cualquiera de sus formas, no debe normalizarse ni alentarse por mínima que sea o parezca.
La labor periodística contribuye al ejercicio de los derechos ciudadanos, como el de acceder a información sobre asuntos de interés público; es un servicio a las audiencias que no debe abordarse ni entenderse como un asunto personal por parte de la autoridad.
El Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión hace un llamado para que desde el ámbito de sus facultades, las autoridades de todos los niveles de gobierno garanticen el libre ejercicio periodístico y eviten acciones que acotan, directa o indirectamente, el ejercicio ciudadano de los derechos fundamentales.
“Nos pronunciamos por una relación de respeto mutuo que contribuya al ejercicio pleno de las libertades por el bien de la sociedad a la que servimos desde diferentes instancias”, expuso.