El control del Ejército sobre la seguridad pública de Sinaloa es total. Los mandos operativos, directores, administrativos y subsecretarios son militares.
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Pero no queda en los asuntos administrativos. El gasto se ha centrado en compra de armas, vehículos terrestres y aéreos, videovigilancia y equipo táctico que supera los mil millones de pesos.
Esas compras son, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, para disminuir los delitos en el Estado, que padece, entre otras cosas, una problemática de violencia derivada de los grupos del crimen organizado.
Esa justificación se puede leer en cada uno de los contratos que se firmaron de forma directa por la Secretaría de Administración y Finanzas en participación con la Secretaría de Seguridad Pública.
Todo ello ha ocurrido al mismo tiempo en que la Policía Militar se ha instalado.
El 3 de enero del 2017 llegó la primera parte de la hoy Tercera Brigada de Policía Militar, con cerca de mil elementos. Pasaron dos meses y llegaron otros 300 con un espectáculo aéreo y de formación militar en el hangar de la Fuerza Aérea en Culiacán.
Hoy, después de dos años, ya suman 3 mil 200 policías militares conformados en una brigada.
En ese tiempo, el Gobierno del Estado los fortaleció con armas, patrullas y vehículos especiales.
“El señor Gobernador desde el inicio de su administración invirtió en una brigada de policía militar que va a formar parte de la Guardia Nacional, tenemos ya dos años trabajando con la Policía Militar”, dijo Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
“Mucho del procedimiento operativo que ya se ha implementado va a servir de base para replicarse en los estados para en coordinación, llevarse los operativos”, agregó.
Una de las compras realizadas es la de dos aviones no tripulados por un costo de 72 millones 199 mil 580.80 pesos, realizada por el Gobierno del Estado de Sinaloa.
Apenas se hizo la compra a la empresa Hydra Technologies de México, el gobierno estatal comprometió la operación de los drones al Ejército.
En un convenio que se firmó el 2 de marzo de 2017, el Gobierno del Estado estableció que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) debía hacerse cargo de la operación de los vehículos.
Las cláusulas indican que la tripulación es de cuatro elementos, compuesta por un piloto operador, un operador de sensores, un técnico de mantenimiento de aeronave no tripulada y un técnico en electrónica de aeronave no tripulada.
Esa tripulación fue entrenada por la empresa en cada uno de sus mecanismos.
En el punto B de esas cláusulas que le corresponden al Estado, se indica que los militares estarán a cargo hasta que se capacite a funcionarios estatales.
Mientras tanto, Gobierno del Estado tiene que proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos necesarios y estímulos económicos entre los 3 mil a los 8 mil pesos, según el grado militar.
El convenio por los drones se hizo junto a otros tres convenios que implicaron la construcción de la base militar en El Sauz, Culiacán, una base militar más en Las Cabras, Escuinapa, y un centro de operaciones meteorológicas en Mazatlán.
Las tres construcciones fueron pagadas por Gobierno del Estado, pero se entregaron a la Sedena.
El proceso ha sido solo en dos años y ahora se prevé un convenio más.
Gobierno del Estado prepara un pacto para que militares sean quienes operen de forma total el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C4i.
A partir de este convenio se establecerá que los elementos militares controlen la videovigilancia del Estado desde la Secretaría de Seguridad Pública, y también se les pague una compensación de sueldo.
“Nos presentaron un convenio, una propuesta de convenio, precisamente para el pago de personal de C4 que son militares, nosotros vamos a aportar la nómina de este personal y gasto operativo”, dijo Quirino Ordaz Coppel, gobernador del Estado.
“No sé cuánto personal es, pero nos dieron los tabuladores, también fue lo primero que pregunté, que cuánto era, nos mostraron los tabuladores, pero se va a firmar el convenio porque es un apoyo para el Estado”.
El convenio se firmará previo a la instalación de la Guardia Nacional, y al mismo tiempo en que ya 2 mil 300 elementos policías militares trabajan en labores de prevención y seguridad pública.
“Lo que sé es que es un trabajo de equipo con la Secretaría de la Marina y el Ejército Mexicano. El objetivo es uno: bajar los índices de inseguridad, tener más herramientas, más elementos, es un trabajo de equipo, así que vamos a seguir en esa línea”, expresó.
El trabajo de la policía militar en el Estado es la de proximidad, según se detalló por la Comandancia de la Tercera Brigada, dejando atrás labores de inteligencia y operatividad contra organizaciones criminales.
Artículo publicado el 31 de marzo de 2019 en la edición 844 del semanario Ríodoce.
